Dos caras de una misma moneda. Las palabras de hace unos días del
subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, dieron cierta
tranquilidad a los pesqueros industriales de la zona centro sur.
El
secretario de Estado confirmó que se está evaluando -entre varias
alternativas- extender la vigencia de las actuales cuotas de capturas,
para dar un horizonte a más largo plazo y motivar millonarias
inversiones, en especial aquellas relacionadas con la reconstrucción de
las factorías dañadas por el maremoto.
Al otro lado, en el mismo
gobierno, los dichos del funcionario despertaron preocupación, debido a
los tiempos y urgencias que le impone este anuncio a las carteras de
Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, para dar con la
fórmula que ayude a salvar a las pesqueras, especialmente, de la bahía
de Talcahuano.
Fuentes gubernamentales explicaron que aún no se
ha optado por ningún mecanismo para que las inversiones de
reconstrucción, estimadas en US$ 300 millones por los mismos
industriales, sean aseguradas y, por ende, no se produzcan pérdidas de
empleo.
Y, tal como relataron, si bien la alternativa de extender
la vigencia de las actuales cuotas de captura está en sobre la mesa, no
se ha decidido si será mediante un decreto o a través de un nuevo
proyecto de Ley, por lo que calificaron de "generadoras de expectativas"
las declaraciones de Galilea.
A la espera de las señales
correctas
Independiente de la ocasión o quién debió dar el
anuncio, en el sector reconocen que el tiempo corre y millones de
dólares, y cientos de empleos, están en juego.
Con una ley de
límites máximos de captación por armador en operatividad hasta 2012,
muchas de las inversiones proyectadas para levantar la pesca industrial
podrían no realizarse.
Según el gerente general de El Golfo,
Alberto Romero, hay al menos dos empresas, Alimar y Landes que
resultaron con importantes daños, que, de no asegurarles un mayor
horizonte en las cuotas de captura, "podrían no realizar inversiones, lo
cual es bastante natural, porque nadie hará un millonario gasto, que
demorará uno o dos años, para no tener tiempo para rentabilizar esa
inversión", dijo Romero.
Según el ejecutivo, ambas empresas -que
concentran casi el 20% de las cuotas de captura de la zona-, son parte
de un complejo escenario en la industria, donde todos requieren tener
certeza sobre qué sucederá con el marco legal.
Es por ello que el
gerente general de los pesqueros agrupados en Asipes, Luis Felipe
Moncada, expresó que había "concordancia en el sector en el diagnóstico
del subsecretario", y se está a la espera de una respuesta por parte del
Ministerio de Economía en este punto.
Venta de cuotas
A
la espera del pronunciamiento de la autoridad, en el sector ya comienzan
a rondar alternativas que podrían tomar algunas de las compañías
afectadas.
Además de la desinversión y no volver a operar
aquellas plantas, algunos ejecutivos de pesqueras de la zona sur
comentaron que una salida posible sería la venta de parte de las cuotas
de captura de aquellas firmas que decidan no reinvertir.
Esta
alternativa beneficiaría a aquellas empresas menos dañadas por el
terremoto, ya que podrían pagar menos del precio "pre terremoto",
considerando que quedan pocos años para el término del actual período,
sería también negativo para el empleo. Según explicaron en la industria,
los compradores de las cuotas tratarían de explotarlas con sus recursos
-técnicos y humanos-, no beneficiando ello a la contratación de mano de
obra.
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