Petrobras y su nueva fórmula

Petrobras, la petrolera estatal brasileña, ha estado presionando al gobierno, su principal accionista, para que relaje los controles de precios para las ventas de diesel y gasolina nacional, y adopte una nueva estructura de tarifas más flexible. Se ha presentado una propuesta al directorio de la compañía, que debería reunirse el 22 de noviembre, y es probable que haya un nuevo acuerdo. Asumiendo que se acuerde una nueva fórmula de tarifa, esto fortalecerá la posición financiera de Petrobras y su solvencia.

Petrobras ha vendido combustible localmente por debajo de los niveles del mercado internacional desde 2010, con el margen de pérdidas fluctuando con movimientos en los precios del petróleo y la moneda brasileña. La depreciación del real este año amplió temporalmente el diferencial de precios a 27% en el peak de ventas de los mercados emergentes en agosto, según el Centro Brasileño de Infraestructuras (CBIE). La recuperación parcial del real desde entonces ha aliviado el margen a 12% actualmente, según el CBIE.

Además, Petrobras ha tenido que incrementar sus importaciones de petróleo y gasolina, debido a un período de producción de crudo local plano y un aumento en el consumo. Sin embargo, no a sido capaz de traspasar las diferencias de precios a los consumidores nacionales por la resistencia del gobierno, a pesar de los incrementos esporádicos, el último de éstos fue un alza de 6,6% (para la gasolina) a comienzo de este año, antes del fuerte debilitamiento de la moneda. 
Durante los primeros nueve meses del año, el déficit fue equivalente a 4.300 millones de reales (US$ 1.882 millones), según Petrobras. Esto ha tenido un impacto en los resultados financieros de la compañía, pesando sobre su cotización y solvencia. En el tercer trimestre de 2013, las utilidades de Petrobras registraron una caída de 45% en comparación con el segundo trimestre (descendió 39% año sobre año) a 3.400 millones de reales. Mientras tanto, su deuda neta llegó a 193.000 millones de reales, más del triple de sus ganancias antes de Ebitda, poniendo su estado de grado de inversión potencialmente en riesgo. Moody’s recortó la calificación de deuda en moneda local y extranjera de la empresa a Baa1 hace un mes. La presidenta de Petrobras, Maria das Graças Foster, declaró que esta jugada fue una advertencia del mercado, y oficialmente pidió al directorio revisar la controversial política de precios.




Criterios para una nueva tarifa


La propuesta para una fórmula de nueva tarifa incluye varios criterios, como los precios del combustible a nivel internacional, las variaciones del tipo de cambio y el precio local del combustible en las estaciones de bencina (que también fluctúa, dado que el 25% de la gasolina contiene etanol, al que se le asigna un precio por las fuerzas del mercado). La fórmula será discutida en el directorio de la compañía, presidido por el ministro de Finanzas Guido Mantega. 
Mantega ha usado controles de precios del combustible para evitar presionar la tasa de inflación, la cual excedió la meta (2,5%-6,5%) en el segundo trimestre, en parte debido a un resurgimiento de la inflación del precio de los alimentos. No obstante, el hecho de que Foster haya hecho comentarios públicos sobre la estructura de la nueva tarifa antes de que se reúna el directorio sugiere que tiene el respaldo de la presidenta, Dilma Rousseff, a pesar de la reticencia de Mantega para levantar los controles de precios. 
Es probable que haya un único aumento de alrededor un 6% en los precios de la gasolina en las refinerías de Petrobras en una o dos semanas después de la reunión, antes de la vigencia de la nueva fórmula. Esto se traducirá en un menor aumento en las bencineras (de poco más de 4%) debido al etanol. La inflación ha disminuido a 5,75% en la última lectura (mediados de octubre), dando al gobierno un poco más de espacio para elevar los precios.

Dado que es probable que el real esté bajo presión de venta nuevamente en 2014, los precios del petróleo subirían con una nueva fórmula de fijación de precios, más flexible, lo que resultaría políticamente perjudicial para la gobierno antes de las elecciones presidenciales, del congreso y estatales en octubre del próximo año.