Presidente Piñera enfrenta, en ausencia, primera paralización masiva del sector público

Fuentes del sector revelan que han tenido contacto con dirigentes del casino Monticello y la minera Collahuasi, los que podrían sumarse a las movilizaciones.

Por: | Publicado: Jueves 25 de noviembre de 2010 a las 05:00 hrs.
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El paro de 24 horas que protagonizaron ayer los trabajadores del sector público, no sólo amenaza con convertirse en indefinido, sino que también podría sumar el apoyo del sector privado. Fuentes confirman que ya han tenido contacto con dirigentes del casino Monticello y minera Collahuasi -ambas compañías que mantienen huelgas- para sumarse a las movilizaciones y así mostrar mayor unidad ante el gobierno.

De todos modos, la marcha central que convocó la ANEF, logró un masivo apoyo de los diferentes gremios que componen la mesa de negociación del reajuste salarial. En las cifras oficiales se contabilizaron alrededor de 25 mil personas que llegaron a Plaza Baquedano y, a nivel nacional, los dirigentes hablan de una adhesión del 90%. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que sólo sería en torno al 12%.

Desde el Ejecutivo, en tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que los principales servicios mantuvieron la atención a público, pero lamentó la realización del paro. "Desafortunadamente algunas personas del sector público, trabajadores y funcionarios públicos, han declarado un paro que, como todos sabemos, no está dentro del marco de la ley", señaló el vicepresidente.



Siguen las negociaciones

Tras la paralización, hoy se retomarán las negociaciones con los ministerios de Hacienda y de Trabajo, no obstante, existe poco optimismo respecto a los resultados que se puedan obtener en esta instancia.

Esto, porque la petición de 8,9% de incremento salarial que piden los dirigentes del sector público, se aleja del 3,7% que ofreció el gobierno y, hasta el momento, los trabajadores no visualizan un espacio para que haya acuerdo.

Ante esto, existe la posibilidad cierta de que el gobierno envíe el protecto de ley el martes de la próxima semana, lo que dejaría limitado el debate en el Congreso, donde los gremios han logrado el apoyo de los parlamentarios de la Concertación, el Partido Comunista y el PRI.

En este sentido, el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda,
dijo que el gobierno está apostando a que las negociaciones puedan concluir en un acuerdo con los trabajadores. Sin embargo, reconoce que hay plazo hasta el 30 de noviembre y que en el evento que no haya acuerdo, "obviamente, el Ejecutivo va a tener que proponer directamente un reajuste al Congreso".



Debilidad del movimiento

Respecto a la posibilidad de que trabajadores de empresas privadas que están en huelga se sumen a las movilizaciones del sector público, el subsecretario hizo un duro cuestionamiento de estos acercamientos. "Eso refleja la debilidad del movimiento al que convocaron del momento que han tenido que invitar a participar a un grupo numeroso de estudiantes hoy (ayer). Si, además, están conversando con el sector privado, pues bien eso reflejaría nuevamente que es injustificado", sostuvo.

Pero las palabras de Baranda no quedaron ahí, ya que recalcó que "si ellos (el sector público) incorporan otros actores a las movilizaciones, refleja la debilidad o la insuficiencia que tendrían para atender su propio sector".



"No habrá despidos masivos"

Pero los desencuentros entre el gobierno y los dirigentes no se limitan sólo al incremento de las remuneraciones. También está presente el debate por los despidos que aplicaría el Ejecutivo durante la última parte de este año. Sobre este aspecto, el subsecretario descartó que se vaya a producir un despido masivo de personas.

"No hay un ánimo persecutorio", destacó y agregó que "no hay una política definida del gobierno, tampoco hay una actitud fundamentada en consideraciones políticas. Cada servicio, cada ministro, entidad y organización, legitimamente puede definir dentro del marco legal y sus competencias sus equipos de trabajo".

Por eso, le pidió a los dirigentes que no difundan que habrá una "caza de brujas ni tampoco que va a haber un gran número de trabajadores que se va a desvincular". Explicó que de los cerca de 120 mil trabajadores a contrata, "una pequeña minoría, seguramente va a ser desvinculado".

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