El paro de 24 horas que protagonizaron ayer los trabajadores del
sector público, no sólo amenaza con convertirse en indefinido, sino que
también podría sumar el apoyo del sector privado. Fuentes confirman que
ya han tenido contacto con dirigentes del casino Monticello y minera
Collahuasi -ambas compañías que mantienen huelgas- para sumarse a las
movilizaciones y así mostrar mayor unidad ante el gobierno.
De
todos modos, la marcha central que convocó la ANEF, logró un masivo
apoyo de los diferentes gremios que componen la mesa de negociación del
reajuste salarial. En las cifras oficiales se contabilizaron alrededor
de 25 mil personas que llegaron a Plaza Baquedano y, a nivel nacional,
los dirigentes hablan de una adhesión del 90%. Sin embargo, desde el
gobierno aseguran que sólo sería en torno al 12%.
Desde el
Ejecutivo, en tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,
aseguró que los principales servicios mantuvieron la atención a público,
pero lamentó la realización del paro. "Desafortunadamente algunas
personas del sector público, trabajadores y funcionarios públicos, han
declarado un paro que, como todos sabemos, no está dentro del marco de
la ley", señaló el vicepresidente.
Siguen las negociaciones
Tras
la paralización, hoy se retomarán las negociaciones con los ministerios
de Hacienda y de Trabajo, no obstante, existe poco optimismo respecto a
los resultados que se puedan obtener en esta instancia.
Esto,
porque la petición de 8,9% de incremento salarial que piden los
dirigentes del sector público, se aleja del 3,7% que ofreció el gobierno
y, hasta el momento, los trabajadores no visualizan un espacio para que
haya acuerdo.
Ante esto, existe la posibilidad cierta de que el
gobierno envíe el protecto de ley el martes de la próxima semana, lo
que dejaría limitado el debate en el Congreso, donde los gremios han
logrado el apoyo de los parlamentarios de la Concertación, el Partido
Comunista y el PRI.
En este sentido, el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda,
dijo
que el gobierno está apostando a que las negociaciones puedan concluir
en un acuerdo con los trabajadores. Sin embargo, reconoce que hay plazo
hasta el 30 de noviembre y que en el evento que no haya acuerdo,
"obviamente, el Ejecutivo va a tener que proponer directamente un
reajuste al Congreso".
Debilidad del movimiento
Respecto
a la posibilidad de que trabajadores de empresas privadas que están en
huelga se sumen a las movilizaciones del sector público, el
subsecretario hizo un duro cuestionamiento de estos acercamientos. "Eso
refleja la debilidad del movimiento al que convocaron del momento que
han tenido que invitar a participar a un grupo numeroso de estudiantes
hoy (ayer). Si, además, están conversando con el sector privado, pues
bien eso reflejaría nuevamente que es injustificado", sostuvo.
Pero
las palabras de Baranda no quedaron ahí, ya que recalcó que "si ellos
(el sector público) incorporan otros actores a las movilizaciones,
refleja la debilidad o la insuficiencia que tendrían para atender su
propio sector".
"No habrá despidos masivos"
Pero
los desencuentros entre el gobierno y los dirigentes no se limitan sólo
al incremento de las remuneraciones. También está presente el debate por
los despidos que aplicaría el Ejecutivo durante la última parte de este
año. Sobre este aspecto, el subsecretario descartó que se vaya a
producir un despido masivo de personas.
"No hay un ánimo
persecutorio", destacó y agregó que "no hay una política definida del
gobierno, tampoco hay una actitud fundamentada en consideraciones
políticas. Cada servicio, cada ministro, entidad y organización,
legitimamente puede definir dentro del marco legal y sus competencias
sus equipos de trabajo".
Por eso, le pidió a los dirigentes que
no difundan que habrá una "caza de brujas ni tampoco que va a haber un
gran número de trabajadores que se va a desvincular". Explicó que de los
cerca de 120 mil trabajadores a contrata, "una pequeña minoría,
seguramente va a ser desvinculado".
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