La reforma al sistema de salud de Estados Unidos “será el Waterloo
del presidente Obama”, advirtió la semana pasada el senador
republicano, Jim De Mint. Y aunque al comienzo sus declaraciones
parecieron una exageración extravangante, el tono que está tomando el
debate en el congreso sugiere que la reforma será -cuando menos- una
costosa batalla para su administración.
El líder demócrata del
Senado, Harry Reid, dio un duro golpe al gobierno de su propio partido
al señalar que la iniciativa no será votada antes del receso de verano,
el 7 de agosto. La decisión dejará el proyecto instalado en el centro
de la polémica por más tiempo de lo que quería Obama. Y su tramitación
se hará más compleja a medida que se acercan las elecciones
legislativas de 2010, donde se renueva toda la Casa de Representantes y
un tercio del Senado, además de algunos parlamentos estaduales.
Los
legisladores estarán más sensibles a los reclamos de que el proyecto
elevará los impuestos para empresas y ciudadanos, ampliará el déficit
fiscal y frenará una incipiente recuperación de la economía.
Más
allá de las complejidades propias del proyecto, calificado como la
reforma más ambiciosa en cuatro décadas, lo que más sorprende es el
nivel de división dentro del congreso, entre republicanos y demócratas
por igual. El presidente ha sido incapaz de alinear al parlamento, pese
a su elevada popularidad y a que su partido controla ambas cámaras.
¿Por qué es tan polémica?
La
mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que se requiere
reformar el sistema de salud, ya que bajo su forma actual no es
sostenible. En los años ’80, los americanos destinaban 8% de sus
remuneraciones al pago de su seguro médico. Hoy, esa cifra ha aumentado
a 12%. Y a eso hay que sumar el aporte que hace cada empleador. Como
porcentaje del gasto nacional, los cuidados médicos representan
actualmente 16% del PIB, y si se consideran otros egresos relacionados,
la cifra aumenta a 20%. Los analistas concuerdan en que incluso
estabilizar el gasto en ese nivel requiere medidas drásticas, y que si
no se actúa pronto la proporción podría llegar a 30% en un par de
décadas.
Estos elevados costos son en parte responsables de la
crisis económica y el colapso de gigantes de la industria
estadounidense como General Motors. Su continua pérdida de
competitividad ante rivales como las automotrices japonesas, no tiene
tanto que ver con la forma en que se fabrican los automóviles sino con
los onerosos planes de salud de sus trabajadores, que le impedían
generar ganancias por cada auto vendido.
Aunque existe consenso en que se requiere una reforma, no hay acuerdo sobre cómo llevarla adelante.
La
propuesta de Obama contempla extender su cobertura a todos los
estadounidenses. El año pasado, el número de ciudadanos que no contaba
con un plan de salud aumentó a 48,7 millones, lo que equivale a uno de
cada siete habitantes. Los más afectados son los grupos de hispanos y
afroamericanos.
El presidente ha planteado que extender la
cobertura permitirá actuar en forma preventiva y disminuir el gasto en
el largo plazo porque reducirá la proporción de las intervenciones
catastróficas, que son las más costosas. De todos modos, el gobierno
reconoce que en un primer momento los costos tendrán que aumentar,
porque los trabajadores desempleados deberán ser subsidiados, lo que se
traducirá en un aumento de los impuestos.
El proyecto incluye
además que cada trabajador pueda escoger su proveedor de seguro de
salud y mantenerlo incluso si se cambia de trabajo. Actualmente es el
empleador el que negocia con un operador para proporcionar seguros de
salud a todos sus trabajadores y el empleado está obligado a cambiarse
de proveedor cada vez que se cambia de empresa.
Finalmente, uno
de los puntos más polémicos es la idea de crear un operador público de
seguros de salud, una propuesta que pretende fomentar la competencia
dentro del sector.
Hemorragia de la cuenta fiscal
Los
detractores del proyecto dicen que no logrará estabilizar el gasto en
salud. Y en cambio, tendrá el negativo efecto de disparar aún más el
enorme déficit fiscal. La brecha en el presupuesto llegará a un récord
de US$ 1,84 billón (millón de millones) en este año fiscal a
septiembre, cuatro veces más que el anterior. La reforma, que tendrá un
costo cercano a
US$ 1 billón, agregará otros US$ 239 mil millones
al déficit entre 2009 y 2019, según cálculos de la Oficina de
Presupuesto del Congreso.
Mientras el Fondo Monetario
Internacional considera que el máximo nivel de déficit admisible para
una economía está en 4% del PIB, en el caso de Estados Unidos esa
relación se ubica ahora en 8%. Y aunque los analistas proyectan que la
proporción caerá a 6% a medida que la economía se recupere de la actual
recesión, el simple efecto cíclico no bastaría para devolverla a
niveles aceptables y obligará a aplicar mayores alzas de impuestos para
cerrar la brecha.
Bajo el proyecto de Obama, los estadounidenses
en el segmento más elevado de ingresos pagarán más impuestos que la
mayoría de sus similares en Europa. En el caso de Nueva York y
California, esto implica que los contribuyentes de mayores recursos
estarán destinando 55% de sus ingresos a distintas entidades estatales.
La
Cámara de Comercio de EE.UU., la mayor federación empresarial del
mundo, es uno de los principales opositores, alegando que el aumento en
la carga tributaria golpeará a las pequeñas y medianas empresas. Según
el organismo, que representa a más de tres millones de organizaciones
en todo el país, 75% de todas las pequeñas empresas tributan a través
de la declaración individual de su dueño, lo que incrementará la
posibilidad de que se vean negativamente afectadas por el aumento del
gravamen.
“Debemos reformar el sistema de salud para reducir los
costos y asegurar que más americanos tengan acceso a cuidados de
calidad, pero el plan del gobierno va a provocar que las empresas
despidan trabajadores y afectará seriamente la recuperación de la
economía”, vaticinó el vicepresidente ejecutivo de la cámara, Bruce
Josten.
Los enemigos de la reforma también apuntan sus dardos
contra la figura del proveedor estatal de salud. Denuncian que el
operador público representa una competencia desleal para los actores
privados, porque tendrá a su favor todo el peso del aparato estatal y
no estará obligado a rentabilizar su inversión, ni responder a los
accionistas. Y muchos sospechan que al abrir el mercado a un competidor
estatal, el sistema a la larga terminará derivando en un servicio
nacional de salud único, como el que existe en Canadá. Esta es una idea
que indigna al estadounidense medio, que tiene profundamente arraigada
la idea de que un sistema privado garantiza una mayor competencia, algo
que en realidad tampoco es necesariamente cierto.
Un desenlace abierto
Los
observadores en general creen que el proyecto finalmente será aprobado.
Aunque el gobierno de Bill Clinton fracasó estrepitosamente en 1994 en
su intento por concretar una reforma similar, todas las partes parecen
entender que la situación es ahora mucho más urgente de lo que era
entonces.
Gran parte de los disputas en el congreso son más
aparentes que de fondo, y al final dependerá del liderazgo de Obama el
llevar la reforma a término.
La gran pregunta es qué clase de
reforma será cuando llegue a manos del presidente para firmarla. Lo más
probable es que las iniciativas más polémicas, como el operador de
salud estatal, serán removidas o al menos suavizadas.
“Seguramente
terminaremos con un nivel de cobertura básico que estará disponible
para todos, y habrán otros niveles más altos, en la medida que el
trabajador esté dispuesto a pagar más”, piensa un analista de un centro
de estudios en Washington.
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