Reforma a la salud: la madre de todas las batallas para Obama

La reforma al sistema de salud de Estados Unidos “será el Waterloo del presidente Obama”, advirtió la semana pasada el senador republicano, Jim De Mint. Y aunque al comienzo sus declaraciones parecieron una exageración extravangante, el tono que está tomando el debate en el congreso sugiere que la reforma será -cuando menos- una costosa batalla para su administración.

El líder demócrata del Senado, Harry Reid, dio un duro golpe al gobierno de su propio partido al señalar que la iniciativa no será votada antes del receso de verano, el 7 de agosto. La decisión dejará el proyecto instalado en el centro de la polémica por más tiempo de lo que quería Obama. Y su tramitación se hará más compleja a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2010, donde se renueva toda la Casa de Representantes y un tercio del Senado, además de algunos parlamentos estaduales.

Los legisladores estarán más sensibles a los reclamos de que el proyecto elevará los impuestos para empresas y ciudadanos, ampliará el déficit fiscal y frenará una incipiente recuperación de la economía.

Más allá de las complejidades propias del proyecto, calificado como la reforma más ambiciosa en cuatro décadas, lo que más sorprende es el nivel de división dentro del congreso, entre republicanos y demócratas por igual. El presidente ha sido incapaz de alinear al parlamento, pese a su elevada popularidad y a que su partido controla ambas cámaras.



¿Por qué es tan polémica?

La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que se requiere reformar el sistema de salud, ya que bajo su forma actual no es sostenible. En los años ’80, los americanos destinaban 8% de sus remuneraciones al pago de su seguro médico. Hoy, esa cifra ha aumentado a 12%. Y a eso hay que sumar el aporte que hace cada empleador. Como porcentaje del gasto nacional, los cuidados médicos representan actualmente 16% del PIB, y si se consideran otros egresos relacionados, la cifra aumenta a 20%. Los analistas concuerdan en que incluso estabilizar el gasto en ese nivel requiere medidas drásticas, y que si no se actúa pronto la proporción podría llegar a 30% en un par de décadas.

Estos elevados costos son en parte responsables de la crisis económica y el colapso de gigantes de la industria estadounidense como General Motors. Su continua pérdida de competitividad ante rivales como las automotrices japonesas, no tiene tanto que ver con la forma en que se fabrican los automóviles sino con los onerosos planes de salud de sus trabajadores, que le impedían generar ganancias por cada auto vendido.

Aunque existe consenso en que se requiere una reforma, no hay acuerdo sobre cómo llevarla adelante.

La propuesta de Obama contempla extender su cobertura a todos los estadounidenses. El año pasado, el número de ciudadanos que no contaba con un plan de salud aumentó a 48,7 millones, lo que equivale a uno de cada siete habitantes. Los más afectados son los grupos de hispanos y afroamericanos.

El presidente ha planteado que extender la cobertura permitirá actuar en forma preventiva y disminuir el gasto en el largo plazo porque reducirá la proporción de las intervenciones catastróficas, que son las más costosas. De todos modos, el gobierno reconoce que en un primer momento los costos tendrán que aumentar, porque los trabajadores desempleados deberán ser subsidiados, lo que se traducirá en un aumento de los impuestos.

El proyecto incluye además que cada trabajador pueda escoger su proveedor de seguro de salud y mantenerlo incluso si se cambia de trabajo. Actualmente es el empleador el que negocia con un operador para proporcionar seguros de salud a todos sus trabajadores y el empleado está obligado a cambiarse de proveedor cada vez que se cambia de empresa.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos es la idea de crear un operador público de seguros de salud, una propuesta que pretende fomentar la competencia dentro del sector.



Hemorragia de la cuenta fiscal

Los detractores del proyecto dicen que no logrará estabilizar el gasto en salud. Y en cambio, tendrá el negativo efecto de disparar aún más el enorme déficit fiscal. La brecha en el presupuesto llegará a un récord de US$ 1,84 billón (millón de millones) en este año fiscal a septiembre, cuatro veces más que el anterior. La reforma, que tendrá un costo cercano a
US$ 1 billón, agregará otros US$ 239 mil millones al déficit entre 2009 y 2019, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Mientras el Fondo Monetario Internacional considera que el máximo nivel de déficit admisible para una economía está en 4% del PIB, en el caso de Estados Unidos esa relación se ubica ahora en 8%. Y aunque los analistas proyectan que la proporción caerá a 6% a medida que la economía se recupere de la actual recesión, el simple efecto cíclico no bastaría para devolverla a niveles aceptables y obligará a aplicar mayores alzas de impuestos para cerrar la brecha.

Bajo el proyecto de Obama, los estadounidenses en el segmento más elevado de ingresos pagarán más impuestos que la mayoría de sus similares en Europa. En el caso de Nueva York y California, esto implica que los contribuyentes de mayores recursos estarán destinando 55% de sus ingresos a distintas entidades estatales.

La Cámara de Comercio de EE.UU., la mayor federación empresarial del mundo, es uno de los principales opositores, alegando que el aumento en la carga tributaria golpeará a las pequeñas y medianas empresas. Según el organismo, que representa a más de tres millones de organizaciones en todo el país, 75% de todas las pequeñas empresas tributan a través de la declaración individual de su dueño, lo que incrementará la posibilidad de que se vean negativamente afectadas por el aumento del gravamen.

“Debemos reformar el sistema de salud para reducir los costos y asegurar que más americanos tengan acceso a cuidados de calidad, pero el plan del gobierno va a provocar que las empresas despidan trabajadores y afectará seriamente la recuperación de la economía”, vaticinó el vicepresidente ejecutivo de la cámara, Bruce Josten.

Los enemigos de la reforma también apuntan sus dardos contra la figura del proveedor estatal de salud. Denuncian que el operador público representa una competencia desleal para los actores privados, porque tendrá a su favor todo el peso del aparato estatal y no estará obligado a rentabilizar su inversión, ni responder a los accionistas. Y muchos sospechan que al abrir el mercado a un competidor estatal, el sistema a la larga terminará derivando en un servicio nacional de salud único, como el que existe en Canadá. Esta es una idea que indigna al estadounidense medio, que tiene profundamente arraigada la idea de que un sistema privado garantiza una mayor competencia, algo que en realidad tampoco es necesariamente cierto.



Un desenlace abierto

Los observadores en general creen que el proyecto finalmente será aprobado. Aunque el gobierno de Bill Clinton fracasó estrepitosamente en 1994 en su intento por concretar una reforma similar, todas las partes parecen entender que la situación es ahora mucho más urgente de lo que era entonces.

Gran parte de los disputas en el congreso son más aparentes que de fondo, y al final dependerá del liderazgo de Obama el llevar la reforma a término.

La gran pregunta es qué clase de reforma será cuando llegue a manos del presidente para firmarla. Lo más probable es que las iniciativas más polémicas, como el operador de salud estatal, serán removidas o al menos suavizadas.

“Seguramente terminaremos con un nivel de cobertura básico que estará disponible para todos, y habrán otros niveles más altos, en la medida que el trabajador esté dispuesto a pagar más”, piensa un analista de un centro de estudios en Washington.