El uso malicioso de tarjetas y claves bancarias se convirtió en el delito más cometido en la Región de Arica y Parinacota durante 2025. De acuerdo con el balance anual de la Fiscalía Regional, se registraron 2.934 casos, equivalentes al 9,46% del total de ilícitos denunciados en la zona, posicionándose en el primer lugar entre las 10 conductas delictuales más frecuentes.
Frente a este escenario, el seremi de Economía de Arica y Parinacota, José Zúñiga, subrayó la necesidad de fortalecer la educación financiera y el autocuidado digital. “Estas cifras nos alertan sobre la urgencia de fortalecer la educación financiera y la seguridad digital en la región. El uso malicioso de tarjetas no solo afecta el bolsillo de las personas, sino que también impacta la confianza en el comercio y en el sistema económico local. Como Gobierno, seguiremos impulsando acciones de información y prevención para que la ciudadanía sepa cómo proteger sus datos y evitar ser víctima de este tipo de delitos”.
La autoridad reiteró el llamado a no compartir claves bancarias, desconfiar de enlaces o llamadas sospechosas y denunciar de manera oportuna cualquier movimiento irregular, como medidas básicas para reducir la exposición a este tipo de fraudes.
En paralelo, la seremi de Seguridad Pública, Elsa Cortez, advirtió que el problema no se limita al uso malicioso de tarjetas. “Observamos con preocupación el aumento cercano al 19% en los decretos por delitos de estafa y otras defraudaciones en Arica durante el último año, según constata la PDI”. Añadió que “este incremento evidencia no sólo la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes, sino también la especial vulnerabilidad de ciertos grupos, como las personas mayores, quienes pueden confiar más fácilmente en relatos persuasivos o no contar con todas las herramientas para detectar señales de alerta”.
Según datos entregados por la autoridad, una parte relevante de las estafas se canaliza hoy a través de plataformas digitales de compra y venta, como marketplace. En estos espacios se repiten el uso de perfiles falsos, ofertas con precios muy por debajo del mercado, solicitudes de depósitos anticipados y el traslado de la conversación a canales externos a las aplicaciones para concretar el engaño.
Frente a ese escenario, desde el Gobierno recalcan la necesidad de reforzar medidas básicas de prevención, desconfiar de valores que no se condicen con el mercado, no transferir dinero antes de verificar el producto, privilegiar transacciones presenciales en lugares públicos y seguros y no entregar datos personales ni salir de las plataformas formales para continuar la operación.
La autoridad enfatizó que las víctimas deben denunciar de inmediato en Carabineros, la Policía de Investigaciones o la Fiscalía Local de Arica, además de utilizar herramientas como Comisaría Virtual o el Fono Denuncia Seguro *4242, que permite entregar información de forma anónima. “Como Gobierno seguiremos fortaleciendo la coordinación con las policías y el Ministerio Público, reforzando la prevención, la investigación y la respuesta oportuna para proteger a las familias de nuestra región”, destacó.
Más de 110 reclamos en Sernac
El aumento de los fraudes también ha tenido su correlato en el ámbito del consumo. El director regional (s) de Sernac, Patricio Tavali, informó que durante 2025 la entidad gestionó más de 110 reclamos asociados a fraudes y transacciones no reconocidas en la región.
“Sabemos que ser víctima de un fraude bancario genera una gran frustración e incertidumbre, por ello, nuestro equipo ha gestionado, solo durante el año 2025, más de 110 reclamos asociados a este tipo de problemas en nuestra región. Cada caso gestionado es un reflejo de nuestro compromiso por restablecer la equidad en la relación con las instituciones financieras”.
El director regional (s) del Sernac sostuvo que el reciente dictamen interpretativo del organismo refuerza la posición de los consumidores frente a las entidades bancarias, en un contexto marcado por el aumento de fraudes y transacciones no reconocidas en la región. En esa línea, recalcó que “las entidades bancarias no pueden simplemente rechazar unilateralmente el reclamo de un consumidor que ha sido víctima de fraude. La ley es clara, y la obligación de la institución es iniciar el proceso legal correspondiente para resolver la situación”.
Asimismo, informó que en enero la dirección regional se reunió con el fiscal regional para abordar la investigación penal de estos casos, ante el incremento de denuncias y la necesidad de fortalecer la coordinación institucional. Con 2.934 casos y casi uno de cada 10 delitos asociados al uso malicioso de tarjetas, el fenómeno se consolida como el principal desafío delictual de la región en 2025, combinando impacto penal, financiero y reputacional en un mercado cada vez más digitalizado.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
