El sistema comunal chileno enfrenta una crisis financiera de carácter estructural. Datos obtenidos en exclusiva por DF Regiones revelan que 30 entidades edilicias y 22 corporaciones municipales mantienen obligaciones previsionales impagas por un total de $ 256 mil millones. El monto corresponde a descuentos efectuados a trabajadores que nunca fueron traspasados a las AFP, Isapres o Fonasa, pese a haber sido legalmente retenidos, comprometiendo el futuro de más de 252 mil afiliados. Al encontrarse en procesos de cobranza judicial o administrativa, esas cotizaciones no han sido abonadas a las cuentas individuales de los titulares.
La lista es encabezada por las municipalidades de Ancud y La Serena, que en conjunto mantienen pasivos por $ 83.564 millones y representan 32,6% de la deuda total.
El mayor peso del compromiso se concentra en las corporaciones, donde los pasivos alcanzan los $ 191.694 millones, frente a $ 64.570 millones de las municipalidades. En la práctica, las corporaciones suman el 75% del total adeudado por las 52 comunas identificadas.
Más allá del volumen agregado, uno de los puntos que más preocupa a las autoridades locales es la brecha entre acreencia nominal y el monto actualizado. En el caso de las corporaciones, la mora nominal es de $ 22 mil millones, pero el valor que efectivamente deben desembolsar es casi nueve veces mayor, debido a recargos legales. En Villa Alegre, la capitalización de intereses transformó un incumplimiento marginal en exigible de $ 15 mil millones. Caso similar se observa en Máfil —en la Región de Los Ríos —, donde la deuda original a 2004 se ha multiplicado por 10.
| LAS MÁS ENDEUDADAS |
|
| Entidad |
Deuda actualizada ($ Millones) |
| Corp. Mun. Ancud |
43.595 |
| Corp. Mun. La Serena |
39.969 |
| Corp. Mun. San Miguel |
32.493 |
| Municipalidad de Lota - Educación |
17.117 |
| Municipalidad de Villa Alegre |
15.410 |
| Municipalidad de Máfil |
9.578 |
| Corp. Mun. Valparaíso |
5.951 |
| Municipalidad de Curarrehue |
3.914 |
| Municipalidad de San Juan de la Costa |
3.121 |
| Municipalidad de Chimbarongo |
2.770 |
| Municipalidad de San Pablo - Educación |
1.749 |
| Municipalidad de Trehuaco - Salud |
1.586 |
| Municipalidad de Talcahuano |
1.520 |
| Corp. Mun. Educación Colbún |
1.415 |
| Municipalidad de Salamanca |
1.409 |
| Fuente: Superintendencia de Pensiones. Montos consolidados al 30/09/2025 |
Ancud: la mayor morosidad
El caso más extremo es Ancud, el mayor pasivo previsional edilicio del país, con un agujero financiero de $ 43.500 millones acumulados desde 2015. El alcalde Andrés Ojeda advierte que la situación es sencillamente inmanejable con recursos propios. La comuna cuenta con ingresos anuales cercanos a $ 15 mil millones, de los cuales más del 90% se destina a gasto corriente. “No existe posibilidad de hacernos cargo de esta deuda heredada sin paralizar servicios básicos”, señala.
El riesgo es inmediato. Según la autoridad, los embargos de cuentas de la corporación educacional podrían impactar incluso recursos destinados a salud primaria. A ello se suma un cuadro de presión financiera creciente: en 2025 la administración local destinó $ 800 millones a pagos asociados a compromisos previsionales y acuerdos judiciales, con nuevos desembolsos proyectados para 2026. Andrés Ojeda concluye que sin una intervención urgente del Estado, “las consecuencias de esta deuda serán devastadoras tanto para el funcionamiento comunal como para los derechos previsionales de la fuerza laboral”.
La Serena y Máfil: judicialización
En La Serena, el problema escaló al ámbito judicial. Desde la institución y la Corporación Municipal Gabriel González Videla atribuyen el pasivo de $ 39.900 millones a administraciones anteriores. Y aclaran que esa situación dio lugar a acciones judiciales contra exautoridades y exejecutivos de la Corporación por administración desleal y apropiación indebida de cotizaciones previsionales.
La actual gestión, encabezada por la alcaldesa Daniela Norambuena Borgheresi, asegura que en 2025 las cotizaciones se encuentran al día en Administración Central, Cementerios y Salud. El foco sigue estando en Educación, donde el pasivo histórico no se extingue con el traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Para enfrentar la situación, la entidad activó un mecanismo legal que permite al Ministerio de Educación —con autorización de Dipres— pagar directamente las cotizaciones adeudadas y luego recuperar los recursos vía descuentos a fondos sectoriales o al Fondo Común Municipal.
Una situación similar describe el alcalde de Máfil, Andrés Lara, quien plantea que la magnitud de las obligaciones impagas en educación hace inevitable una intervención estructural del Estado. “No existe una alternativa realista que no contemple recursos estatales”, afirma, particularmente para enfrentar indemnizaciones y la situación de funcionarios traspasados al gobierno local. La autoridad subraya, además, el impacto humano: trabajadores que hoy no pueden jubilarse o que, de hacerlo, enfrentarían pensiones muy bajas. “Además, esto reduce nuestra capacidad de inversión y significa menos proyectos y menos oportunidades para la comuna”, advierte Lara Martínez.
ACHM: reconocer fallas
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el alcalde de San Ramón y vicepresidente del gremio, Gustavo Toro Quintana, plantea que el incumplimiento previsional es un problema que afecta a distintos servicios del Estado, muchas veces como herencia de “administraciones irresponsables”. Advierte que hoy existen sanciones severas —incluso penales— asociadas al no pago de cotizaciones, lo que da cuenta de la gravedad del incumplimiento.
Toro reconoce que municipios pequeños operan con márgenes extremadamente estrechos, lo que genera tensiones al momento de priorizar gastos. Pero es enfático en que ello no justifica el no pago previsional, y por eso plantea avanzar hacia “mecanismos más rigurosos de control”, incluso con la creación de un fondo específico para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.
Silencio institucional
En los hechos, se ha consolidado un estándar en el sector público que sería impensable en el ámbito privado, donde cotizaciones impagas suelen gatillar acciones inmediatas. Consultados los distintos organismos del Estado, el cuadro que emerge es el de una responsabilidad fragmentada. La Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, si bien cumplen funciones de fiscalización y notificación, no cuentan con atribuciones para corregir estructuralmente la mora. Subdere, por su parte, reconoció que no existen mecanismos preventivos de detección temprana y precisó que las municipalidades y corporaciones son organismos autónomos.
Desde la Subsecretaría de Educación señalaron que el ministerio no tiene facultades legales para exigir directamente el pago de cotizaciones previsionales a los municipios. Explicaron, sin embargo, que la Ley 21.040 contempla un mecanismo excepcional —el artículo 34 transitorio— que permite, con autorización de Dipres, pagar directamente las cotizaciones impagas al momento del traspaso a los SLEP, recursos que luego deben ser reintegrados mediante descuentos al Fondo Común Municipal. La Subsecretaría recalcó que estas medidas buscan asegurar la continuidad del servicio educativo y no liberan a los sostenedores de su obligación original de pago.
Consultada la Dirección de Presupuestos, hasta el cierre de esta edición la institución no precisó qué organismo debe actuar antes de que la mora previsional se vuelva estructural.
Ese panorama, a juicio del economista y exsubdirector de la Dipres, Mauricio Villena, permite que la deuda previsional comunal opere como un pasivo oculto dentro del sistema fiscal. En la práctica, son obligaciones que se postergan en el flujo presupuestario anual, una forma de “patear el problema” que traslada el costo al conjunto del sector público.
Ocurre que Contraloría General de la República ha sido clara en establecer que las obligaciones previsionales generadas antes del traspaso a los SLEP siguen como responsabilidad de los entes o corporaciones de origen. La ley permite atribuir responsabilidad administrativa a directivos por daño patrimonial, tal como lo señala el dictamen E80842/2025. Sin embargo, las acciones de Contraloría llegan cuando el pasivo ya se ha consolidado. Además, auditorías regionales del organismo han evidenciado discrepancias entre los registros informados por algunas entidades y las obligaciones reales detectadas en procesos de fiscalización.
Villena sintetiza el problema en tres fallas estructurales: responsabilidades difusas, controles a posteriori, y una aplicación tardía de sanciones. La salida, plantea el decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, pasa por regularizar el capital acumulado mediante auditorías y cambios de gobernanza, junto con establecer reglas automáticas que hagan inviable operar con cotizaciones impagas, incluyendo mecanismos de retención de transferencias públicas cuando se detecte mora. Bajo este escenario, queda al descubierto el lastre financiero que heredará el próximo gobierno, así como la ausencia de un organismo que pueda interrumpir el ciclo de incumplimientos.
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