Luego que la Contraloría General de la República revelara en su último informe que 7.150 faenas mineras no habían sido fiscalizadas en más de dos años —calificando el hecho como un "riesgo crítico"— el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagoemin) desestimó la gravedad de las cifras brutas, argumentando distorsiones metodológicas en el análisis del ente fiscalizador.
El informe de la Contraloría, que abarco el periodo entre 2022 y 2024, apuntaba a una tendencia decreciente en las inspecciones y señalaba a las regiones de Atacama Coquimbo y Valparaíso como las zonas con mayor rezago. Sin embargo, desde Sernageomin aclararon que el reporte se basa en “registros históricos” que no distinguen faenas y aquellas que ya han cesado sus funciones.
El caso de Coquimbo y la “cifra negra”
La defensa del organismo se sustentó con datos específicos de la Región de Coquimbo, una de las más cuestionadas del informe con 1.863 faenas supuestamente sin fiscalizar.
Según Sernageomin, del total de esas faenas cuestionadas en dicha región, 1.736 no se encuentran operativas, lo que equivale un 93% del total. Esto implica que se trata de instalaciones sin personal ni extracción de mineral, por lo que no requerían una fiscalización de seguridad activa bajo los mismos estándares que una faena operativa.
Bajo este criterio, el servicio aseguró que la fiscalización real sobre las faenas “efectivamente operativas” supera el 80%, contradiciendo la tasa del 20% promedio nacional que expuso la Contraloría en su documento.
Disparidad de carga y baja en dotación
Más allá de la depuración de datos, Sernageomin abordó las críticas sobre la eficiencia y la asignación de recursos, un punto donde la Contraloría evidencio brechas, con fiscalizadores en el norte revisando recintos de faenas versus funcionarios en el sur con menos de diez a su cargo.
Desde el organismo técnico argumentaron que “equiparar la eficiencia fiscalizadora únicamente en función del número de faenas no permite una comparación técnica homogénea”. Explicaron que las inspecciones a operaciones de gran minería —concentradas en la zona centro norte— requieren tiempos de despliegue y revisión significativamente mayores que las faenas pequeñas.
No obstante, el servicio reconoció nudos críticos en su capacidad operativa en regiones. En el caso de Coquimbo, se detalló una carga “materialmente imposible para una cobertura total bajo la óptica de Contraloría: la región cuenta con solo 15 fiscalizadores para un registro histórico de 7.867 faenas, lo que arrojaría un promedio teórico de 492 faenas por funcionario.
A esto se suma una disminución en el capital humano. El servicio admitió una baja en su dotación durante el periodo auditado, la cual disminuyó de 65 a 56 fiscalizadores, factor que ha presionado la capacidad de respuesta en las regiones con mayor densidad de actividad minera.
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