La crisis financiera que arrastraba la Sociedad Agrolácteos de Chiloé (Chilolac) terminó por detonar el escenario más temido por sus colaboradores, escalando el conflicto legal en la Isla Grande. Tras 56 años de operaciones y el cierre efectivo de su planta en Ancud el pasado 2 de febrero, la compañía notificó la desvinculación de 110 trabajadores, utilizando una fórmula jurídica combinada que ha profundizado la controversia.
Según confirmaron dirigentes sindicales tras tener acceso a las cartas de despido, la administración no solo invocó la causal del artículo 159, numeral 5 ("conclusión del trabajo o servicio"), sino que sumó el numeral 6, referido a "caso fortuito o fuerza mayor".
En la práctica, la aplicación de estas figuras exime al empleador del pago de las indemnizaciones por años de servicio. Se trata de un golpe financiero directo a una dotación que, en su mayoría,contaba con décadas de antigüedad en la firma y cuyo monto global en finiquitos impagos bordearía los $1.200 millones.
"Un balde de agua fría"
El presidente del sindicato de Chilolac, Juan Paredes, confirmó la recepción de las notificaciones y calificó la medida como "un balde de agua fría" para las familias. "Eso significa que no hay derecho a indemnización, solamente al pago de las vacaciones pendientes y otros", lamentó el dirigente.
Paredes advirtió que se avecina un proceso difícil: "Ahora se viene un sistema bien complejo, con reclamos administrativos y eventualmente llegar a tribunales para tratar de revertir esta causal de despido".
Silencio corporativo y crítica política
Mientras la tensión laboral aumenta, la empresa (propiedad de la familia castreña Becker Álvarez), ha mantenido silencio ante las consultas de DF Regiones. Aunque la administración había comprometido un comunicado oficial para inicios de esta semana explicando el destino de la firma, este no se concretó hasta el cierre de esta nota.
El concejal de Ancud, Javier Cárdenas, criticó duramente la estrategia legal de la compañía, señalando que el diálogo con los dueños ha sido "prácticamente nulo". A juicio de la autoridad comunal, la figura legal utilizada es incorrecta: "La empresa debió haber notificado en base a la insolvencia económica y no al término de faena. Hoy los trabajadores quedan desprotegidos frente a algunos beneficios que les corresponden".
Red de emergencia
Ante la desprotección inminente, se ha activado una mesa de trabajo multisectorial. El director regional del Trabajo, Claudio Salas, confirmó que ya existe certeza sobre el número de afectados (110) y las causales invocadas, coordinando acciones inmediatas con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Ancud.
Para esta jornada se programó una reunión clave con representantes de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) de Castro, con el objetivo de agilizar el acceso a los seguros de cesantía para los desvinculados.
En paralelo, los trabajadores disponen de dos vías: el reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, que busca una conciliación, y la demanda ante tribunales laborales, instancia donde buscarán que un juez declare injustificado el despido y ordene el pago de las prestaciones.
Operación mínima
De la dotación original, actualmente solo permanecen 17 trabajadores vinculados a la empresa. Este grupo reducido, compuesto por personal con fuero sindical, maternal y encargados de las dos salas de ventas, sigue operando en medio de la incertidumbre respecto al pago de sus propias remuneraciones y cotizaciones previsionales, mientras intentan liquidar el stock remanente de productos.
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