Las próximas semanas serán cruciales para el futuro de las relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos. Desde que la administración del Presidente Donald Trump incluyó a nuestro país en el arancel general del 10% a las importaciones que entró en vigor el 5 de abril pasado, ambos gobiernos han mantenido conversaciones bilaterales. Dicha instancia tuvo su punto más alto en julio pasado, cuando equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y del Ministerio de Hacienda sostuvieron una segunda ronda presencial con sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de EEUU en Washington D.C.
Ahora la palabra está en manos del gobierno estadounidense. A inicios de esta semana, el embajador en EEUU, Juan Gabriel Valdés, precisó que las autoridades chilenas evacuaron un “documento suscrito que tiene que pasar ahora a la Casa Blanca y tiene que decidir exactamente cuáles son los aranceles que va a aplicar, cuáles son las observaciones que va a realizar a ese documento”.
En relación al estado de estas conversaciones, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza –quien ha liderado las misiones del Ejecutivo chileno-, indicó a Señal DF que “tras dos rondas de reuniones en las que hubo avances, ahora las conversaciones se están llevando adelante a nivel técnico, de forma virtual, y están en etapa final”.
"Tras dos rondas de reuniones en las que hubo avances, ahora las conversaciones se están llevando adelante a nivel técnico, de forma virtual, y están en etapa final". Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.
Aunque el cobre refinado, la principal exportación de Chile a EEUU, fue excluido del arancel del 50% para productos semielaborados derivados del cobre, que entró en vigor en agosto pasado, la situación sigue siendo de incertidumbre y de negociaciones en curso. El arancel general del 10% se mantiene en vigor, y la decisión final sobre los gravámenes específicos a productos como el cobre refinado está pendiente de una resolución política de la administración estadounidense.
Sobre el estado de avance de estas conversaciones, altas fuentes diplomáticas reiteraron al cierre de esta edición que “todo está detenido hasta el fallo de la Corte Suprema sobre constitucionalidad de los aranceles de Trump, instancia que se reúne en noviembre”.
En efecto, la posición de Chile, así como la del conjunto de países sujetos a los gravámenes estadounidenses, ahora depende de la evolución de los acontecimientos en ese país tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por la administración del presidente Trump este 29 de agosto. Esa corte determinó que el Presidente se extralimitó en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer esas medidas.
La administración de Trump apeló esa decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que aceptó revisar el caso de forma acelerada, por lo cual escuchará los argumentos orales la primera semana de noviembre.
Este escenario tiene consecuencias directas en las negociaciones que mantienen las autoridades chilenas con su contraparte estadounidense. Al respecto, el embajador Valdés señaló a inicios de esta semana que el proceso bilateral se encuentra detenido. “Si no hay fallo en noviembre, todavía hay una situación de extrema dificultad, porque el Gobierno norteamericano tendría que devolver los dineros que ha recaudado a partir de los aranceles. Por lo tanto, hay una situación de cierta tensión respecto del asunto, que a nosotros no nos llega. Simplemente lo que ha hecho es paralizar el proceso. Nosotros seguimos con un 10% y seguimos con la misma situación anterior”, aseguró.
Implicancias de un fallo
El análisis del embajador Valdés apunta a las implicancias de un próximo dictamen de la Corte Suprema de EEUU, ya que expertos y el mercado prevén un impacto significativo en el futuro de la política comercial de EEUU y en el comercio global en caso de confirmar la sentencia de segunda instancia.
El riesgo más tangible para la administración Trump es el financiero. El Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, indicó que una posibilidad es que el Gobierno tenga que realizar un reembolso masivo a las empresas de una parte de los aranceles que ya han pagado. Se ha especulado que esta cantidad podría ascender a miles de millones de dólares, lo que representaría un golpe significativo para las finanzas estadounidenses.
Otro frente es el político, dado el debilitamiento que implicaría para la autoridad presidencial de EEUU. El núcleo del caso legal es si el Presidente se extralimitó en sus facultades al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles de forma generalizada. De este modo, un fallo adverso limitaría la capacidad de la presidencia para usar esta ley en futuros conflictos comerciales, lo que debilitaría la principal herramienta de presión de la política arancelaria de Trump. Además, una eventual confirmación de la máxima corte al dictamen de los tribunales inferiores en relación a que la IEEPA no puede ser utilizada para imponer aranceles de manera generalizada, reforzaría la opinión de que los aranceles eran ilegales y un "abuso del poder ejecutivo", como se ha descrito en fallos previos.
Finalmente, los analistas prevén un riesgo de incertidumbre para el comercio internacional, ya que a pesar de que los aranceles han permanecido vigentes durante el proceso de apelación, un fallo en contra generaría un cuadro de inseguridad para las empresas y los mercados. Incluso, prevén una reconfiguración de las cadenas de suministros y una mayor cautela por parte de las firmas importadoras, que ya han estado lidiando con la volatilidad de la política comercial.
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