La autodenuncia de Transelec se tomó la agenda esta semana, luego que el bimistro de Economía y Energía, Alvaro García, diera a conocer que en octubre del año pasado la compañía informó al gobierno que había detectado algunas inconsistencias en su inventario de instalaciones para la fijación tarifaria de transmisión eléctrica y que estaban en conversaciones para compensar a los usuarios por el exceso cobrado, el cual fue estimado por el gobierno en US$ 100 millones, mientras se define el valor real en una auditoría.
El tema no quedó ahí. Inmediatamente se levantaron voces en torno a que el gobierno no había hecho nada en un año, pese a tener conocimiento del problema. Fuentes vinculadas a la administración anterior, indican que la autoridad lo que hizo fue seguir un procedimiento y que, por tanto, no era prudente hacer pública una información de un caso que estaba siendo tratado bajo los estrictos protocolos que rige la ley eléctrica, siguiendo los cursos de acción que ésta contempla y donde se había ya solicitado la licitación de una auditoría al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para que se analizara la situación en detalle.
Sin embargo, las circusntacias mediáticas, que produjo la detección del error en la fijación tarifaria de las generadoras, que gatilló la salida de Diego Pardow del ministerio de Energía, hicieron que el tema de Transelec se tomara la agenda, poniendo a la empresa transmisora en el banquillo.
La cronología
La historia de la autodenuncia de Transelec tiene varios hitos. La génesis de esta crisis se remonta a la Ley Eléctrica de 2016. Esta normativa creó un registro centralizado y gigantesco de activos administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional. El desafío para empresas con vastas infraestructuras, como Transelec –que gestiona 10.000 kilómetros de líneas desde Arica hasta Chiloé–, fue monumental.
La ley original establecía un plazo perentorio de seis meses para que toda la información de los activos fuera cargada en un formato específico, sin embargo, la magnitud de la tarea superó los plazos y la misma autoridad extendió por dos oportunidades la entrega de la información, porque si un activo quedaba fuera de la plataforma, la empresa quedaba sin su remuneración por cuatro años.
La detección del error
En la preparación para los procesos tarifarios, la misión interna en Transelec fue clara: chequear que el 100% de los activos estuviera dentro de la plataforma, fue en este marco que, a mediados de 2024, el equipo detectó las inconsistencias materiales.
La gerencia, buscando certeza, contrató a un asesor externo para verificar los hallazgos. Al confirmar el error, la decisión impulsada por el directorio y sus accionistas (un 72% del capital en fondos de pensiones canadienses y un 28% en un operador chino): fue unánime: poner al tanto de los hallazgos a la autoridad. Fuentes de la transmisora indican que decidieron avisar a la autoridad para devolver lo que habían cobrado en exceso.
El primer paso formal se dio el 10 de octubre de 2024, cuando el equipo técnico se reunió con la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo la Ley de Lobby. Un par de semanas después, la CNE confirmó la sospecha, señalando que había que corregirlo.
Una vez confirmada la situación, la empresa buscó una reunión con el Ministro de Energía, pero se encontraron con un problema mayor: que la figura de autodenuncia no existe en la Ley Eléctrica ni en el marco normativo de la industria para este tipo de situaciones. Tampoco está claro cómo se pueden devolver estas diferencias.
Ante esta situacion, la autoridad se vio obligada a actuar sobre la base de las herramientas disponibles. Esto significó la activación de dos procesos: una auditoría reservada del Coordinador Eléctrico y, paralelamente, el requerimiento a Transelec de la información corregida.
El problema que se instaló fue la decisión de la autoridad de gatillar la auditoría bajo el artículo 72-9 de la Ley Eléctrica. Este artículo, según quienes participaron en su discusión, fue concebido para sancionar a una empresa que actuara de "mala fe" entregando información errónea de manera deliberada. Al aplicarse a una autodenuncia, se generó un conflicto, ya que la sanción potencial no es menor: si se llegan a reconocer "diferencias sustanciales," el artículo implica que ese "tramo específico (de activos) no se incluye en el proceso tarifario, lo que podría traducirse en que no se remunere su uso, lo que podría gatillar una merma importante de sus ingresos.
La empresa ha manifestado su disconformidad con el uso de este artículo en cartas enviadas al propio CEN.
Ahora lo que viene está en el plano de lo difuso. El biministro Alvaro García ya dejó en claro en una conferencia de prensa realizada este viernes por la tarde que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso, clarificando que lo que viene ahora es la licitación de la auditoría lo cual se espera se haga a la brevedad.
Fuentes cercanas al proceso indican que los resultados de la auditoría podría tardar varios meses, por lo bajo medio año o más, y que de su resultado dependerán las sanciones que se apliquen a la empresa... el punto es que este gobierno no será quien las aplique, ya que los tiempos no dan. Por tanto, ser´´a la nueva administración que asuma el 11 de marzo de 2026 la que deberá concluir este proceso.
Fuentes de la industria señalan que lo más probable es que Transelec seguirá insistiendo en que la autodenuncia es válida para rebajar o anular sanciones, pero al no estar tipificada esta figura lo más probable es que tendrá que perseverar en su tesis por la vía legal.
Su argumentación, probablemente será que el error, aunque material, no tuvo dolo y la autodenuncia es un atenuante clave.
La venta
Todo esto se da en medio de un escenario de especulaciones en torno a lo que sucederá con la propiedad de la empresa. En septiembre, Bloomberg informó que China Southern Power estaba interesada en aumentar su participación en la compañía, comprando participación a los fondos canadienses, lo cual eso sí, podría verse complicado en términos de competencia, al ser la firma china controladora de CGE.
A esa complicación ahora se estaría sumando la incertidumbre en torno a qué va a pasar con la auditoría encargada por la CNE. 
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Sandra Burgos
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