Señal DF
Escala polémica por limitaciones a despidos en sector público: Gobierno niega "amarres" y Kast lanza advertencia
“Si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide", señaló hoy el Presidente electo, en línea con la alerta de Arturo Squella sobre las consecuencias de esta política para las relaciones entre gobiernos entrante y saliente.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno. Fotos: Aton
A solo días de la segunda vuelta electoral que consagró la victoria de José Antonio Kast, los gobiernos actual y entrante se enfrentaron en su primera polémica a propósito de la introducción de un conjunto de disposiciones que limitarían despidos de personal en reparticiones públicas, en el marco del acuerdo alcanzado en las negociaciones por el reajuste alcanzado esta semana entre el Ejecutivo y gremios del sector estatal.
Tras conocer el texto aprobado por las partes, parlamentarios de la actual oposición acusaron al Ejecutivo de tensionar la relación con el próximo Gobierno. Mientras ayer el timonel de Republicanos, Arturo Squella, abrió los fuegos aseverando que si las autoridades actuales "siguen el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo le convenga eso", hoy el propio Presidente electo entró al tema advirtiendo escuetamente que “si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide".
El Ejecutivo respondió a través de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartando que el proyecto de ley que debe ser analizado por el Congreso tenga como propósito implementar un supuesto “amarre” de funcionarios públicos, y que su objetivo es establecer garantías para evitar despidos arbitrarios.
“Nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para los trabajadores del sector público en general, para terminar con esta lógica de los despidos arbitrarios. No tiene que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van, obviamente, todos a presentar su renuncia con el cambio de gabinete”, señaló ayer en entrevista con Radio Infinita.
El artículo 14 del acuerdo de la Mesa del Sector Público con el Ejecutivo establece que la no renovación de contratas solo podrá efectuarse mediante un "acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho", el cual deberá estar "sustentado en criterios objetivos y acreditables". Al respecto, Vallejos reiteró que “aquí solamente hay un recordatorio de que tú tienes que fundamentar la razón de la desvinculación, o sea, no simplemente poner el título, sino que respaldarlo y especificar un poco más de cuál sería la necesidad del servicio”, concluyó.
El flanco en Defensa
Pero la polémica está lejos de acabar, ya que se abrió un nuevo foco en el Ministerio de Defensa. Los diputados UDI, Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, acusaron un propósito de "amarrar" tres cargos de jefatura en lo que queda de Gobierno, acción que atribuyó al actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein (PC).
Los parlamentarios señalaron que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas abrió, a contar de noviembre pasado, tres concursos para desempeñarse como jefes de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones y de Estudios y Análisis -con una remuneración de $4,2 millones- y la designación del ganador en el caso de dos de los concursos está fijada para la segunda mitad de febrero. "El verdadero objetivo es acomodar y blindar a las personas afines a ellos antes del cambio de mando”, afirmaron
Y otra arista generó ayer el Gobierno con la designación de la abogada Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Muñoz -quien fue la primera defensora nacional de la niñez- deberá estar, al menos, seis meses con licencia por estar embarazada, por lo cual las nuevas autoridades al frente del Ejecutivo no podrá removerla hasta un año después del fin de su postnatal. 
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