El próximo martes se debe presentar el proyecto de Presupuesto 2026, el último que elabora este Gobierno y el primero que ejecuta el siguiente. Por eso, el debate estará centrado, principalmente, en la herencia fiscal para la próxima administración.
El proyecto aún se trabaja con hermetismo y se espera que los ejes sean comentados con algunos parlamentarios oficialistas este fin de semana y el lunes en un conclave en Cerro Castillo. Para ese mismo día se evalúa una cadena del Presidente Boric para presentar los ejes del proyecto a la ciudadanía.
Ya está asumido que el gasto público crecerá menos de 2% para cumplir con la meta de llegar a un déficit estructural de 1,1% del PIB en 2026. Algunos no descartan que incluso tenga que crecer menos, dado los sucesivos incumplimientos de las metas fiscales.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, había adelantado a DF que, el Presupuesto será “social y fiscalmente responsable” y que, efectivamente, el gasto público tendrá un aumento “acotado, más bajo que presupuestos anteriores”. En prioridades, dijo, que habrá un esfuerzo especialmente importante en salud, vivienda, educación y en materia de cuidados.
Sin embargo, esta semana, la candidata Evelyn Matthei encendió el debate antes de que el proyecto llegue al Congreso. La carta presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos acusó que se han estado traspasando deudas del Estado con proveedores para la siguiente administración, frenando facturaciones de empresas a los servicios públicos, particularmente en los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda. “Hay indicios de que se están chuteando pagos para el próximo Gobierno”, alertó el miércoles.
Además, Matthei denunció un mecanismo financiero que, en su opinión, también compromete las finanzas para la próxima administración. Dijo que existe un préstamo que habría hecho BancoEstado al Ministerio de Vivienda, a través del cual las empresas facturan, luego “van al banco y el banco les paga, pero después el ministerio debe pagarle al banco”.
La candidata calificó las cifras fiscales de “mentirosas”, exigió transparencia antes de comenzar la discusión presupuestaria y dijo que este tema ya lo ha analizado con parlamentarios de su sector. “Quiero señalar claramente que no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”, advirtió.
El Gobierno salió ayer al paso de las acusaciones. El ministro Grau sostuvo que “en los últimos días se han transmitido una serie de afirmaciones que son incorrectas, a veces falsas, y que a veces expresan confusiones”. Dijo que, por ejemplo, no es cierto que BancoEstado haya realizado un préstamo al Ministerio de Vivienda, sino que, probablemente, esto se refiere a una herramienta del banco llamada confirming, que le permite anticipar el cobro de facturas disponibilizadas por las empresas, y está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y BancoEstado que se utiliza al menos desde el año 2011.
Respecto de las supuestas postergaciones de pagos a proveedores, desde Hacienda señalaron en un comunicado que los procesos de autorización a pago de una factura son propios de cada servicio y los recursos para efectuar dichos pagos se van entregando a medida que los servicios los solicitan de acuerdo con su planificación presupuestaria. Pero enfatizaron que “toda factura emitida en el marco de la ley de presupuestos tiene recursos asegurados”.
Pymes ratifican demora
Desde el mundo de las pequeñas y medianas empresas afirman que efectivamente los pagos se han retrasado más de lo habitual y hay casos de proveedores a los que se les está pidiendo postergar la emisión de facturas para el próximo año. Sin embargo, las empresas prefieren no denunciar abiertamente, porque ello pondría en riesgo futuros negocios con el Estado.
“Para intentar cumplir con la ley de pago a 30 días, se les avisa a las empresas que no emitan todavía sus facturas, ahí pueden pasar 60, 90 días o más, y cuando tienen disponibilidad de caja, se les avisa que la pueden emitir”, comenta el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval. “Esto pasa porque no hay plata, y ha ido empeorando”, agrega.
Sandoval dice que también hay casos en que las empresas proveedoras hacen operaciones de factoring con BancoEstado, entregan sus facturas y prefieren pagar un pequeño interés para tener los recursos rápidamente, “y después el banco le cobra la factura al servicio”.
Otro representante de las PYME también comenta que “hay empresas que están con pagos atrasados, pero no los dejan facturar, pero si lo denuncian les ‘hacen la cruz’ y pierden los contratos”.
El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, señala que en su sector el retraso en los pagos no solo es real, sino que es peor que en otras áreas. Cuenta que, hasta el Gobierno pasado, existía un sistema de compra y pago automático centralizado desde la Dipres, pero con esta administración las compras volvieron a hacerse desde los hospitales. “El Servicio de Impuestos Internos obliga a facturar dentro de un mes, pero en estos contratos a veces se establece que los servicios les deben decir a las empresas cuándo facturar. Eso ha demorado todo y ha sido un fracaso”, afirma Del Solar.
Discusión para el Congreso
La denuncia de Matthei vino a calentar al ambiente para lo que será uno de los focos de la tramitación presupuestaria: la situación fiscal que se está dejando al próximo Gobierno.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó la “amenaza” respecto de que este tema paralizaría la tramitación del proyecto: “Estamos de acuerdo en que la transparencia es un mínimo y también lo vamos a exigir en esta oportunidad, en lo que no estoy de acuerdo es en entrar con amenazas a una discusión tan importante como esta”. Agregó que las necesidades de la población “no se pueden ver amenazadas por un jueguito político que se quiera dar Evelyn Matthei o José Antonio Kast”.
Para el diputado RN Frank Sauerbaum, las dudas respecto de las cuentas fiscales son válidas dados los errores de proyecciones e incumplimiento de las metas. Por eso señala que es fundamental revisar primero la situación actual, antes de discutir compromisos para 2026. Recuerda que durante la misma discusión presupuestaria del año pasado se debió acordar un ajuste de gasto al Presupuesto que se estaba aprobando, dado el error en los ingresos. “Tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque el próximo Gobierno será de derecha, sea Matthei o Kast, y va quedar mal si después no están los recursos”, advierte.
Tres años de incumplimiento fiscal
Uno de los primeros puntos de análisis del Presupuesto 2026 de parte de la oposición apenas el proyecto ingrese al Congreso será la situación fiscal de este año. “Lo fundamental es tener claro cuál es el estado en que está dejando las cuentas este Gobierno, que por tercer año estaría incumpliendo la meta de balance estructural que fijó en -1,1%, pero es probable que en 2025 llegue a -2,2% o -2,4%. Debemos tener claridad de cuál es del desvío real”, dice el senador UDI, Juan Antonio Coloma.
Originalmente el Gobierno fijó como meta para 2025 llegar a un déficit de -1,1% el PIB, que luego relajó a -1,6% del PIB. Sin embargo, los economistas coinciden en que llegará a cerca de -2% del PIB.
“Es muy probable que este año tampoco se cumpla la meta fiscal. En tres años se van a haber acumulado 4 puntos del PIB respecto de lo que se había comprometido”, afirma el exdirector de la Dipres, Matías Acevedo. “Si el Gobierno quiere salvar su herencia fiscal, quizá pueda hacerlo presentando una estimación de ingresos realista. Pero eso implicaría que el gasto debería caer el próximo año para cumplir la meta de -1,1% del PIB. Eso es muy difícil que ocurra en el contexto político. Por lo tanto, creo que es lamentable que el sinceramiento de los ingresos lo tenga que hacer el próximo Gobierno y parta con una meta más cerca de -1,8% del PIB”.
Los últimos años, la Dipres ha sobreestimado los ingresos del Fisco, lo que ha agudizado el desbalance de las cuentas públicas.
El senador Evopoli, Luciano Cruz-Coke, dice que es partidario de ser lo más restrictivo posible en el aumento del presupuesto. “Vamos a tener que hablar de un gasto creciendo 0,5%, 0% o incluso negativo si realmente queremos converger a las metas fiscales. La situación es compleja por varias razones, pero principalmente porque ha habido una persistente sobreestimación de ingresos y desvío de las metas durante todo el Gobierno”, señala.
Comando de Kast cuestiona idea de eliminar fondo de libre disponibilidad
Una de las recomendaciones de la comisión asesora para el gasto público que convocó el exministro de Hacienda Mario Marcel, fue terminar con el tradicional fondo de libre disponibilidad que los gobiernos dejan a su sucesor y reemplazarlo por una mayor facultad de reasignar recursos entre programas, por hasta el 10% del Presupuesto. La propuesta divide a las candidaturas mejor ubicadas en las encuestas.
El Gobierno evaluó acoger la recomendación, pero ello implicaría un riesgo político de que el tema se abra en la tramitación del Presupuesto en el Congreso. Conocedores señalan que, para evitarlo, en el proyecto sí se podría reducir considerablemente los fondos de libre disposición, junto con elevar la facultad de reasignar. La llamada “glosa republicana”, fue creada cuando dejó el Gobierno el exPresidente Ricardo Lagos y siempre se ha compuesto de estas dos partes. En dólares actuales, el Gobierno del exPresidente Piñera heredó a la actual administración US$ 678 millones de holgura, que se componía de US$ 390 millones de libre disponibilidad y US$ 288 millones de facultad especial de reasignar.
“Es una vergüenza republicana que este Gobierno no sólo no vaya a ser capaz de dejar fondos disponibles para el próximo, sino que deja una situación financiera crítica, de no poder financiar siquiera el funcionamiento actual del Estado a futuro”, cuestiona Claudio Osorio, de Ideas Republicanas y miembro del comando de José Antonio Kast. El abogado calificó como “humo”, la propuesta de la comisión, ya que actualmente el Ejecutivo ya cuenta con la flexibilidad presupuestaria para reasignar gastos.
“Lo que sí podríamos estar dispuestos a cambiar por la “glosa presupuestaria” es un ajuste real del gasto público ahora, durante la discusión del presupuesto para 2026, por US$ 6.000 millones”, desafió.
Más abierto a la propuesta se mostró el exministro de Hacienda y vocero del comando de Evelyn Matthei, Ignacio Briones. Dice que la “glosa republicana” ha tendido a ser del orden de US$ 700 millones, de los cuales el 40%, más que dinero, son un espacio de reasignación, “aunque en extremo acotado”. Por eso, señala que es valiosa la propuesta de la comisión para que, en la ley de presupuesto, el Congreso le confiera al Ejecutivo más potestades y espacios de resignación.
A su vez, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, coincidió en que la comisión entrega elementos valiosos a la discusión y “el Gobierno entrante debe contar con un margen de acción para implementar el programa por el cual fue elegido”. Dijo que “en nuestro caso, además, las reasignaciones identificadas se implementarán de forma gradual, lo que refuerza la necesidad de contar con mecanismos que otorguen flexibilidad responsable”.
Ajustes y prioridades
“Esperamos un presupuesto alineado con las urgencias de las personas. Eso significa priorizar recursos para mejorar la salud pública, especialmente en la reducción de listas de espera, fortalecer la seguridad ciudadana con inversión efectiva, y garantizar el financiamiento para el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), como parte del avance en la reforma previsional”, señala la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.
Desde el comando de Evelyn Matthei, en tanto, Ignacio Briones, plantea que lo prioritario es que el presupuesto sea austero, para lo cual hay que priorizar bien. “Pondremos especial atención a tener un presupuesto robusto en las partidas vinculadas a la seguridad ciudadana, prioritarias para la ciudadanía”, adelantó.
Desde el comando de José Antonio Kast, Claudio Osorio, afirma que “sería una pésima señal” que el presupuesto muestre un alza de gasto respecto de 2025 y que lo razonable es que sea un proyecto de continuidad para que el próximo Gobierno reasigne según sus prioridades.
El abogado de Ideas Republicanas dice que pondrán especial atención en que “no se debiliten los controles en las transferencias corrientes, sino que se refuercen, especialmente, la que hacen los gobiernos regionales, las que se dirigen desde el sector público a universidades y municipalidades y todas aquellas del ámbito de la cultura y la memoria. Nos preocupa la tentación de asegurar la empleabilidad de quienes dejen el Gobierno”.
El senador UDI José Antonio Coloma piensa que el trámite legislativo en el Congreso será una oportunidad para ver cómo se relacionan los objetivos de hacer más eficiente el gasto, con los recursos que se asignen a programas mal evaluados. En prioridades destaca la necesidad de garantizar recursos “a temas que le importan a la gente como en seguridad, salud, vivienda y crecimiento”.
Asimismo, el diputado Jaime Naranjo (ex PS) señala que también espera aumentos en salud, educación y vivienda. “En otras áreas no de tanta trascendencia es esperable algún tipo de recorte, pero no nos podemos olvidar de la deuda social”, dice.
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