El pasado jueves, concluyó un trabajo de cuatro meses, en que cinco economistas de distintas tendencias entregaron al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) un insumo clave.
La denominada Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó 34 recomendaciones para abordar un tema candente en el debate actual, marcado por la necesidad de ajustar las finanzas públicas.
Así, el grupo propuso ideas tanto para generar ahorros como para contener el gasto público en el corto, mediano y largo plazo, siempre con la meta de recortar el nivel de desembolsos del Fisco en cerca de US$ 2.000 millones por año en el largo aliente.
La instancia estuvo integrada por el exdirector de Presupuestos y académico de la U. de los Andes, Matías Acevedo; María José Abud, investigadora de Horizontal y docente en el Instituto de Economía de la Universidad Católica; Paula Darville, oficial de Monitoreo y Evaluación en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile; Sergio Granados, director de Presupuestos en 2010 y entre 2014 y 2018; y Osvaldo Larrañaga, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC.
En esta entrevista, Acevedo profundiza en el diagnóstico del grupo y en la urgencia de implementar las medidas lo antes posible.
"Cuando nos invitaron a esta comisión, el Ministerio de Hacienda creo que estaba en su peor momento. Era segundo año consecutivo que incumplía la meta. Y de acuerdo a las proyecciones, todo indicaba que iban a incumplirla nuevamente este año si es que no se aplicaban medidas correctivas".
- ¿Por qué es distinto el trabajo de esta comisión? Cuando usted fue director de Presupuestos también hubo un grupo de trabajo que buscó espacios de eficiencia.
- Es súper importante el contexto, porque cuando a nosotros nos invitaron a esta comisión, el Ministerio de Hacienda creo que estaba en su peor momento. Era segundo año consecutivo que incumplía la meta. Y de acuerdo a las proyecciones, todo indicaba que iban a incumplirla nuevamente este año si es que no se aplicaban medidas correctivas.
Hacienda planteó una serie de medidas correctivas, pero claramente era insuficiente y por eso convocó a esta comisión para que pudiera pensar nuevas medidas que permitieran ayudar a que se cumplieran estas metas.
Esto es súper importante, porque desde la oposición podríamos haber tomado palco, pero siempre me acuerdo que el Presidente Piñera nos decía “nunca digan que no cuando los inviten a trabajar por Chile. Nos sumamos a esta comisión pensando en eso, ya que si al final seguimos gastando más de lo que de lo que podemos, finalmente va a terminar perjudicando a los ciudadanos y no necesariamente al Gobierno de turno.
El resultado de la comisión fue unanimidad en las 34 medidas. No recuerdo una comisión de esta naturaleza que haya tenido unanimidad en todas las materias. Creo que eso es súper valioso, porque al final del día nos pusimos la camiseta y dijimos “bueno, acá tenemos un problema, dejemos las diferencias de lado, los matices y vamos al tema de fondo.
"Entre las medidas que más discutimos estaban los programas sociales. Básicamente, lo que decimos es que hay 124 programas sociales que han tenido distinta naturaleza de problemas, pero que hasta el momento no han tenido consecuencias".
- ¿Qué mensaje envía esta comisión?
- Si yo hoy día estuviera en los zapatos del ministro Grau, enviaría el lunes al Congreso todas las medidas que son legislativas, porque esto no puede esperar más. La situación fiscal nos llama a tener un sentido de urgencia en esto y las ventanas que se abren son pocas.
- ¿Cuánto influyó en el trabajo y debate de la comisión toda la discusión a nivel de las campañas presidenciales respecto a la necesidad de recortar el gasto público.
- Nada, no influyeron en nada. Y lo digo sinceramente porque el problema va mucho más allá del período presidencial.
Al menos a mí lo que me convocó es que veo un problema, en lo personal veo muchas dificultades para cumplir la meta fiscal este año. Y veo muchas dificultades para cumplir la meta que está planteada para el próximo Presupuesto.
En ese contexto y con esas dos dificultades, si nada de esto se aplica, si nada de esto se empieza a trabajar desde ahora, vamos a tener un problema y, por lo tanto, hay que avanzar. Y sea quien sea quien gobierne en el futuro, va a enfrentar exactamente la misma dificultad.
- ¿Cuáles de las 34 medidas calificaría como las fundamentales?
- Qué bueno que me hace esa pregunta, porque es importante explicar la diferencia entre medidas que reducen el gasto y medidas que lo contienen. Y voy a partir por la última.
Aquí, hay una medida muy importante, ya que la flexibilidad que tiene el ministro de Hacienda para aumentar el gasto corriente -o sea, todo lo que no es inversión- se la limitamos, se la sacamos del Presupuesto.
Si esa medida hubiera estado presente en los Presupuestos de 2023 y 2024, habría un menor gasto de US$ 3.000 millones. Obviamente, cuando proyectamos hacia adelante cerca de US$ 1.000 millones, es porque en el fondo estamos diciendo “bueno, quizás va a ocurrir lo del último año, no necesariamente lo que ocurrió hace un año atrás”. Eso es contención. O sea, un gasto que iba a crecer en una de una determinada manera, lo contenemos para que no aumente en US$ 3.000 millones.
- Es la medida de contención de mayor envergadura entre las que proponen.
- Claro, cuando éramos ricos o cuando teníamos recursos en los fondos soberanos y el país crecía 4% o 5%, esa facultad estaba bien, era parte de la discrecionalidad. Pero cuando tenemos una situación fiscal estrecha, ya no tenemos los ahorros que teníamos antes y tenemos un nivel de deuda cercano al 45%, esa facultad hay que entregársela al Poder Legislativo, en el sentido de que si el Gobierno de turno quiere aumentar el gasto por distintas razones, tiene que ir al Congreso a discutir esto. Y estoy seguro que muchas de estas cosas no se hubieran hecho si es que tienen que pedirle permiso al Congreso.
Otra medida de contención, para dar un segundo ejemplo, es congelar salarios y congelar dotación. Mi experiencia, y me ha tocado trabajar esto en varios países en desarrollo, es que esas medidas no las puedes proyectar en el largo plazo, pero sí la puedes aplicar con una medida de shock. ¿Para qué? Para bajar el nivel de tu gasto. Lo que sí, es que estamos dejando la ventana abierta para que el sector Salud pueda aumentar la dotación, pero asociado siempre a los hospitales nuevos que se tienen programados.
- Eso en cuanto a medidas de contención de gasto. ¿Y las medidas para reducirlo?
- Entre las medidas que más discutimos estaban los programas sociales. Básicamente, lo que decimos es que hay 124 programas sociales que han tenido distinta naturaleza de problemas, pero que hasta el momento no han tenido consecuencias. Entonces, en algunos pocos se ha hecho evaluación y la evaluación ha sido mala y no ha tenido consecuencias. En otras, que son la gran mayoría, tienen problemas en los indicadores de monitoreo, que te van mostrando que eventualmente el programa podría no estar funcionando. Y si durante tres años seguidos ha tenido problemas, nosotros decimos “este programa así no puede seguir”.
Y un tercer elemento que le agregamos es que programas de baja cobertura, o sea de bajo monto, -o sea, $ 1.000 millones-, y con un costo administrativo alto, esos programas se tienen que descontinuar. Tienen que entenderse de otra manera. Ahora, dicho eso, nosotros no estamos diciendo que esa necesidad no se tenga que atender.
- ¿Más bien, dicen que se tiene que atender de otra manera?
- Nosotros decimos claramente fuerte y categórico: así no.
Por ejemplo, la alimentación escolar es un programa mal evaluado. No vamos a dejar a los niños sin alimentación, pero si lo hacemos de una manera distinta, lo hacemos bien, podemos llegar a más niños, con mejor calidad y con mejor alimentación. Eso es lo que estamos proponiendo.
El problema de la gratuidad
- ¿Hay un problema relevante con la gratuidad en la educación superior? Ese monto crece cada año en torno a US$ 200 millones.
- La gratuidad de la educación superior, sacando las instituciones nuevas que han estado entrando, está creciendo a tasas del 8%, cuando el ministerio de alguna manera está acotando el crecimiento de la gratuidad para el primer año en torno a un 2%. La pregunta que uno se hace es cómo se explica esa diferencia. Hay una parte que no logramos explicar y que tiene que ver con lo que se denomina como fraude social. O sea, personas que están accediendo a la gratuidad y que no deberían hacerlo, pues porque tiene una condición socioeconómica mejor que lo que dice. Ahí vemos oportunidades de ahorro importantes.
Pero también, si eso uno lo extrapola a los 120 programas sociales que ocupan el Registro Social de Hogares, uno se podría imaginar la cantidad de recursos que puede haber ahí de gente que de alguna manera está accediendo a los programas. Ahí, hay que hacer cumplir la ley.
Pero además proponemos derogar la gratuidad para el 8º, 9º y 10º decil. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad fiscal de hacerlo. Esa es una discusión para otro estado del país, para otra situación fiscal.
Lo que se puede ahorrar combatiendo el fraude social está en torno a los US$ 60 millones. Mientras que en la expansión de la gratuidad en la educación superior, estamos hablando de cerca de US$ 500 millones. O sea, recursos importantes.
¿Hay despilfarro?
- En base a los cuatro meses de trabajo y el análisis que realizaron de las finanzas públicas, ¿se puede concluir que hay un malgasto generalizado de recursos en el Estado?
- Uno puede llegar a la conclusión de que los ciudadanos, que aportan todos los días a los ingresos fiscales, antes de siquiera pensar en seguir aumentando la recaudación por esa vía, aumentar la carga tributaria, deben exigirle al Estado que todas estas medidas se implementen. No nos podemos dar el lujo de tener esta ineficiencia o este fraude social, como el mal uso de las licencias médicas, la flexibilidad presupuestaria que de repente no se ocupa muy bien… No nos podemos dar el lujo de toda esa flexibilidad. Por lo tanto, la ciudadanía le tiene que exigir a la autoridad de turno implementarla, porque si no hay confianza, con qué ganas los ciudadanos van a pagar los impuestos.
- ¿Se puede pensar en reducir US$ 2.000 millones del gasto público a mediano plazo sin afectar beneficios sociales?
- Efectivamente, lo que estamos planteando es eso. Aquí no estamos hablando de la PGU, aquí no estamos hablando de la gratuidad a los primeros seis deciles, no estamos hablando de los programas sociales que van a las familias más vulnerables. Aquí estamos hablando de cosas que no están funcionando bien, de gente que está accediendo y que no debería acceder; de flexibilidades que tiene hoy día la autoridad de Hacienda que se tienen que ocupar mejor y que tienen que tener límites, porque ya no tenemos los recursos que antes. Además, hay que racionalizar el Estado. Aquí proponemos una serie de servicios que se tienen que descontinuar porque ya hay duplicidades, porque otros lo pueden proveer de igual manera, como el Injuv, Prodemu, la Segegob.
El mensaje a las candidaturas: "Cualquiera que sea que aspire a gobernar, yo le recomiendo revisar este informe"
- ¿Cuán rápido se puede avanzar en estas medidas? Legislar en un año electoral se ve muy complejo.
- Más del 60% de las medidas son de carácter legal. O sea, hay que pasar por el Parlamento. Es complicado, pero la ventaja que tienen las propuestas de la comisión es que tienen unanimidad, de personas de distintas sensibilidades.
Por supuesto, hay una distancia entre las propuestas técnicas y la economía política. Además, todos los que estuvimos en la comisión hemos tenido la guitarra alguna vez y, por lo tanto, sabemos cuáles son los límites. Por eso creemos que la gran mayoría de las propuestas deberían tener una buena recepción. Ahora, la forma en la cual se implementen, el momento de discusión es muy importante.
- ¿La idea es que este informe sea un insumo clave para el Presupuesto 2026?
- Durante las sesiones de la comisión participó la Dirección de Presupuestos en todas las sesiones. Por lo tanto, ellos fueron recogiendo las medidas y fueron, según lo que nos comentaban, incorporando medidas en el Presupuesto 2026. Por lo tanto, uno debería esperar que algunas de estas medidas estén incorporadas en el año 2026.
Además, probablemente iremos en los próximos días a exponer el informe a la comisión especial mixta de Presupuesto, probablemente también iremos al CFA a plantear esto.
- ¿Qué mensaje se le envía con este informe a los candidatos presidenciales? La reducción del gasto público ha sido un gran tema de discusión en la campaña.
- No me quiero meter en la política contingente por una razón muy sencilla: en este informe, hay una oportunidad. Y cualquiera que sea que aspire a gobernar, yo le recomiendo revisar este informe, porque va a encontrar cosas valiosas que le van a permitir ayudar a que las finanzas públicas sean sostenibles en el próximo Gobierno. Esa es mi recomendación, que todos los programas miren este informe y que lo tomen como una oportunidad.
- La comisión propone modificar el Estatuto Administrativo, modificar la manera de ingreso y egreso del sector público. ¿Cómo lograr algo así, pensando en la oposición de los gremios del sector público?
- Si uno mira las propuestas económicas de distintos grupos que se han hecho durante el último tiempo, no hay ningún documento que no incorpore la reforma del empleo público y eso es un súper buen indicador de que hay un consenso ya bastante transversal.
Ahora, una vez más llegamos tarde porque en el fondo nos queda poco tiempo. No creo que se vaya a aprobar una reforma del Estatuto Administrativo de aquí a enero. Pero creo que se han creado las condiciones.
Por ejemplo, hace tiempo atrás no todos hablaban de crecimiento y hoy día todos hablan de crecimiento. Algunos hablaban de aumentar los impuestos, hoy día todos hablan de reasignar recursos o reducir el gasto fiscal. En el Estatuto Administrativo está ocurriendo algo muy parecido. El tema de las licencias médicas creo que fue un punto de inflexión, pero parece que tenía que decirlo la contralora Y hacer este cruce con los viajes para que eso ocurriera. Pero todo eso va creando un ambiente donde finalmente estos grupos que defienden el status quo se van quedando sin apoyo y, por eso, le veo más viabilidad política que esto ocurra en el mediano plazo.
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Sebastian Valdenegro
