Un primer punto que destaca de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 el presidente de la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza, Osvaldo Larrañaga, es la calidad de la misma. “Nosotros tenemos muy buenas estadísticas socioeconómicas. Muy buenas mediciones, confiables”, dice de manera entusiasta, junto con destacar que independiente de la metodología utilizada -nueva o antigua- las cifras algo mejoran.
Pero eso se da espacio para la autocomplacencia y de inmediato plantea la siguiente tarea: “Con buena información, tienes la base para, entre otras cosas, tener buenas políticas sociales”.
Su punto de partida es el hecho de que el PIB per cápita del país no es bajo -de hecho, es uno de los mayores de Latinoamérica-, en circunstancias que hay un sector importante de la población que considera que vive en pobreza o vulnerabilidad.
“Lo que no ha disminuido, o muy poquito, es la distribución del ingreso. A principios de 2000, teníamos un coeficiente de Gini cercano a 49%. Hoy día estamos en 46,8%, o sea, en 15 años disminuimos súper poquito. Los países europeos, en general, tienen un índice de Gini de 25% a 30%, entonces estamos lejísimo”, advierte el también académico de la Universidad Católica.
Ante ello, afirma que hay "una tarea país aún. Tratar de hacer que esos grupos tengan mayor calidad de vida. Y eso es, en parte política pública, pero fundamentalmente es empleo y crecimiento. No hay política pública que pueda sustituir lo que es la efectividad del empleo y del crecimiento en términos del bienestar de los hogares".
-¿En qué pie queda Chile luego de las cifras de la Casen, que indican una baja desde 2022, pero aún hay 3,4 millones de personas en una situación de alta vulnerabilidad?
-Bueno, en el mismo pie que estaba antes. Ahora estamos midiendo mejor, cierto, pero no es que la situación haya cambiado radicalmente. Lo que hizo la Comisión de Actualización de la Medición de la Pobreza fue actualizar metodología, actualizar información, actualizar datos y, fundamentalmente, hacer más exigente la medición.
El porcentaje de población en situación de pobreza llega a un 17,3% de la población. Sí esta misma metodología se aplica a 2022 la tasa de 20,5%. Entonces, para la actual y nueva medición, la tasa de pobreza disminuyó de 20,5% a 17,3%, un poquito más de tres puntos porcentuales (pp.). Si nos hubiésemos quedado con la antigua medición, el 2022 fue 6,5% y el 2024 un 4,9%. Entonces, independientemente de la metodología, la pobreza disminuye. Lo que pasa es que el número por nivel absoluto se hace hoy más grande, porque la medición se hizo más exigente.
-La Casen también muestra que el primer decil, el más vulnerable, vive con subsidios y queda pendiente avanzar en los ingresos que logra por su cuenta, los autónomos. ¿Qué desafíos ve en este grupo?
-Esa es una muy buena pregunta, porque creo que hay una confusión.
Lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social es que arma deciles de ingreso per cápita autónomo del hogar, que son básicamente los ingresos de mercado, que vienen del trabajo, vienen del capital y también vienen de las pensiones contributivas. Y deja fuera lo que se llaman transferencias del Estado. La Pensión Garantizada Universal (PGU), que es reciente, hizo un cambio muy importante en cuanto a la importancia que tenían las transferencias del Estado en los ingresos de los hogares.
Cuando ordenas la población por ingresos autónomos, que no incluyen la PGU, lo que pasa es que el primer decil y quintil, quedan muchos hogares que están constituidos por adultos mayores, cuyo principal ingreso es la PGU, pero eso no es un ingreso autónomo.
Entonces, esto de que en el primer quintil aparezcan muchos subsidios es básicamente por cómo se construye el quintil, que es en base a los ingresos autónomos.
Ahora, yo no diría que la PGU es un subsidio, porque al final la PGU es parte del sistema de pensiones. Lo que diría es que buena parte del quintil uno está constituido por hogares cuyo principal ingreso es la PGU. Y la PGU todo el país la aprobó y nadie quiere sacarla. Entonces, no es algo negativo.
-Mujeres, el mundo rural y los extranjeros también aparecen en peor situación. ¿Habría que tomar medidas adicionales para ayudar a estos segmentos?
-Un hogar es calificado en situación de pobreza si está por debajo su ingreso de la línea de la pobreza y todas las personas que viven en el hogar quedan calificadas como en la situación de pobreza.
Entonces, cuando se dice “la pobreza de los niños”, “la pobreza de las mujeres”, no es que estemos midiendo a nivel de individuos, si no que estamos midiendo hogares. Y lo que sucede es que dentro de los hogares en situación de pobreza, hay un mayor porcentaje de mujeres.
Ahora, que la pobreza esté más acentuada en el grupo de mujeres, en los menores y en la parte rural, ha sido característica permanente de la situación de pobreza en Chile y en otros países.
El caso de las mujeres se explica porque muchos hogares están constituidos solamente por mujeres; y, en general, tienen ingresos más bajos que hogares con hombres.
Esto, además, no es el ingreso total del hogar, sino que es el ingreso en relación al número de personas. Entonces, si tienes un hogar con mujeres con hijos, tienes una alta probabilidad de caer en situación de pobreza, porque el PIB per cápita es bajo. Es esperable dado las condiciones en que se vive en el país.
-Los resultados, ¿son reflejo del débil mercado laboral?
-Ha estado más débil, pero igual hay que considerar que entre 2022 y 2024 el ingreso laboral también subió.
Un 8% real fue el incremento del ingreso laboral entre 2022 y 2024. No es un gran aumento, pero no es cero.
-¿Qué factores considera los más relevantes en el terreno de la pobreza multidimensional?
-Los indicadores que suman más a pobreza multidimensional son los de educación, los resultados educacionales.
Eso está reflejando, además, algo que ya sabemos: tenemos un problema importante, no en cobertura, sino en calidad de la educación.
Después, hay un tema importante en vivienda. Tampoco es sorpresa (...) cómo la población ha crecido bastante y la política de vivienda no ha estado a la par; entonces, se nos ha complicado la situación en este ámbito.
Tenemos un alto porcentaje también de problemas en lo que se llama ocupación y subempleo; y un porcentaje alto de hogares con problemas en seguridad.
En salud, también tenemos un tema importante en el porcentaje de menores de 10 años que no están asistiendo a controles preventivos de salud, que es un indicador nuevo.
Entonces, es bien cómo heterogénea la fuente de por qué se produce la pobreza multidimensional y todas esas son como luces amarillas para que la política pública actúe sobre esas variables, porque mucho de lo que es pobreza multidimensional tiene que ver con política pública: educación, salud, vivienda y otros.
Cambios al Registro Social de Hogares
-Con este panorama de pobreza y un gobierno entrante que ha prometido un recorte fiscal de US$ 6.000 millones, ¿ve riesgos para las políticas públicas que apuntan a disminuir la pobreza?
-En términos de ingresos, la principal política pública que transfiere ingresos es la PGU y se ha dicho que eso no se va a tocar.
En lo que es pobreza multidimensional, ahí entra salud, educación, vivienda. El gobierno electo ha sido bastante tajante en decir que no se van a tocar los temas sociales.
Ahora, no sé cómo se va a conciliar el disminuir eventualmente US$ 6.000 millones en el gasto, si es que no vas a tocar lo social, porque lo social es una buena parte del gasto. Y, además, si estás pensando en rebajar impuestos, se te produce un eventual problema importante de cómo cuadrar eso.
Una buena noticia al respecto es que el cobre ha subido y va a seguir alto, y en la situación del país se ven mejores expectativas a futuro de crecimiento, eso igual debería contribuir a que los recursos que capta el Estado vayan a aumentar.
Las personas que van a estar a cargo las finanzas públicas del país van a tener una tarea desafiante en cómo conciliar estas estas tres medidas de disminuir el gasto público, no tocar lo social y a la vez disminuir impuestos.
-A su juicio, ¿la focalización es clave para disminuir la pobreza?
-Nosotros como país hemos ido transitando de una política social que en los 90 era muy focalizada, a una que fue abarcando más población. En parte, porque una parte significativa de la población, que puede ser no pobre, no es que tenga una situación económica holgada ni mucho menos, sino que está siempre en riesgo de ingresos, lo que se llama el segmento vulnerable.
Todos los cálculos te dicen que entre pobreza y vulnerabilidad tienes fácilmente un 40% de la población.
Varias de las políticas de transferencias más importantes cortan por arriba del 40%. La PGU corta en el 90% y la gratuidad corta en el 60%, y hay gente que se está filtrando. Yo diría que esos son posiblemente los dos ejemplos de políticas individuales donde se compromete más gasto público, y no son políticas focalizadas en sentido estricto.
Es muy difícil, sino imposible, echar atrás algo que ya está funcionando. No es nada fácil, y posiblemente no se haga, sacar beneficios a quienes ya los tienen.
-En esa lógica, ¿cree necesario perfeccionar el Registro Social de Hogares? ¿En qué sentido?
-Sí, de todas maneras. Una cosa es que digas, por ejemplo, que la gratuidad se corta al 60% y otra cosa es que eso se cumpla. Y hay bastantes luces de que no se cumple.
El tema que ha sido muy difícil de controlar es la composición de lugar, porque en general los beneficios tienen que ver con personas que estén por debajo, por ejemplo, del 60% de ingresos más bajos, pero los ingresos siempre son per cápita y no tenemos en Chile una buena manera de saber con fidelidad cuántas personas viven en los hogares.
-O sea habría que buscar una mejor manera de medir eso…
-Sí, Y no está claro cómo se hace. Tienes dos maneras de enfrentar esto: una es medir de la mejor manera posible las variables que utilizas para focalizar, y la otra es disminuyendo los incentivos que hay a falsear información.
-¿En qué sentido?
-La gratuidad es el mejor ejemplo, porque hoy la Universidad de Chile, por ejemplo, debe tener un arancel promedio de $ 5,5 millones anual, todas las carreras consideradas. Por cinco años, al menos, entonces son entre $ 25 y $ 30 millones. Si entras en gratuidad, pagas cero. Si no entras en gratuidad, pagas todo eso o te endeudas para pagar eso.
Entonces, allí una política mejor diseñada hubiese sido, por ejemplo, no pasar de 100% a cero, sino hacer como una declinación de los beneficios en términos porcentuales. 
"La gran mayoría de las propuestas que hizo la Comisión fueron aceptadas en esta revisión" de la encuesta
-¿Vio reflejado el trabajo o recomendaciones que hizo la comisión asesora que usted lideró?
-La Comisión trabajó desde inicios de 2024 hasta mediados de 2025. Y después de la entrega de los resultados nuestros, que fue en julio del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social formó una mesa técnica construida por la Cepal, el INE y PNUD, que hicieron una revisión de la propuesta. Entonces, esto fue bien filtrado.
Yo diría que la gran mayoría de las propuestas que hizo la Comisión fueron aceptadas en esta revisión. La esencia de lo que propuso la Comisión es lo que se convirtió en la medición oficial actual.
-El Gobierno finalmente decidió basar la medición de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021-2022 y no la de 2016-2017, como lo habían recomendado ustedes. ¿Qué le parece esto?
-Lo ideal es trabajar con la encuesta más reciente, que es la de 2022. Había ahí algunos problemas que tenían que ver con que parte de esa encuesta en terreno fue realizada en pandemia y bajo todo el exceso de liquidez que hubo en pandemia.
Entonces, nosotros teníamos ciertas aprensiones de que esa estructura de consumo estuviese distorsionada. Pero la mesa técnica que funcionó después tuvo razones que yo creo que son también bien valederas para tomar la última EPF.
Lo que ellos hicieron fue un cambio técnico un poquito más específico que es el siguiente: cuando se computa la línea de pobreza, se trabaja con la encuesta de presupuestos familiares, estructuras de gasto.
Tradicionalmente lo que se ha hecho es que tú tomas todos los gastos de los hogares, pero dejando fuera aquellos o los productos que adquieren menos del 10% de los hogares, porque son mucha chimuchina uno podría decir. Eso se venía haciendo tradicionalmente con la pobreza, con el gasto no alimenticio, y esta vez se sumó el gasto alimenticio, fundamentalmente por propuesta de la Cepal, que es la que un poco tiene la autoría de este tipo de metodología.
Entonces, lo que hizo el Gobierno fue decir ‘tomemos la EPF nueve, la última y saquemos todos los productos que son consumidos por el promedio del 10% de los hogares’; y, de esa manera, buena parte de los productos que podían ser más como complicados por la pandemia, por ejemplo bienes durables, salieron.
Y eso hace que, al final, nuestra estimación de lo que habría pasado para el 2022 fue más o menos muy parecida a la propuesta definitiva.
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Catalina Vergara
