Por Equipo economía y Política
Como una medida “inconstitucional” y una “intromisión del Ejecutivo en contra del Poder Judicial” fue calificada la propuesta del gobierno de impulsar un Observatorio Judicial por parte de destacados abogados.
Dos ex integrantes del Tribunal Constitucional (TC), la presidenta del Colegio de Abogados y un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) -quien integrara la comisión de Constitución en el comando de Michelle Bachelet-, coincidieron en que esta iniciativa afecta la independencia del poder judicial y busca entregar atribuciones al Ejecutivo que no son parte de lo que establece la Constitución.
Para José Antonio Viera Gallo (PS), ex ministro secretario general de la Presidencia y ex miembro del TC, esta propuesta posee una fuerte connotación política dada la cercanía de las elecciones. “Lo primero que hay que señalar es que los fallos son públicos. Cualquiera puede hacer un observatorio, lo puede hacer una universidad, una ONG. Ahora, distinto es cuando hay una propuesta de una candidata a la Presidencia de la República, respaldada por un gobierno, que en este caso no es el Ministerio de Justicia sino que del Interior, porque da la impresión de lo que se quisiera es ejercer una cierta presión pública sobre los jueces para que enmienden su criterio”.
Esta situación, agrega, “puede ser leida como una intromisión de un poder del Estado sobre otro (...) el gobierno, a mi juicio, toma medidas que son poco reflexivas. El gobierno tiene que aprender que en Chile existe la separación de los poderes y que cada uno tiene que actuar dentro de su propio ámbito”.
De igual forma, la titular del Colegio de Abogados, Olga Feliú, apunta a que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para llevar adelante una medida como esta. “El Poder Ejecutivo no tiene más funciones que las que le da la ley y la ley no le da ninguna función para hacer ningún observatorio sobre fallos judiciales. Además, esa función afecta la independencia del Poder Judicial y de acuerdo a la Constitución, las resoluciones judiciales no pueden ser discutidas por el Poder Ejecutivo, entonces no pueden recaer pronunciamientos respecto del contenido o el fundamento de esta resoluciones”, explica Feliú.
“Vulnera el artículo 76 de la Constitución”
Para el abogado y también ex integrante del TC, Mario Fernández, la medida que quiere impulsar el gobierno afecta directamente la Constitución en su artículo 76. “Lo que se debe esperar es que esta no sea una intromisión en la independencia del poder Judicial. El administrar justicia es una tarea tan delicada que no puede estar sujeta a la evaluación de otros poderes del Estado. De hecho, hay una norma en la Constitución que dice con todas sus letras que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, y aquí está lo importante, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones y esto es lo que esta iniciativa quiere hacer”, afirma.
Fernández también explica que el factor electoral está “claramente presente” en esta iniciativa, donde el final del gobierno “inquieta los ánimos y hace ver las cosas con menos claridad”.
Esta postura la comparte el académico de la UAI y de la Universidad de Chile, además de ex integrante de la comisión de Constitución de la candidatura de Michelle Bachelet, Fernando Atria, quien emplaza directamente a la candidata oficialista y califica la propuesta como una “vergüenza”.
“La señora Matthei y el gobierno al darle vuelo a esto están legitimando la pretensión de que los jueces tienen que fallar conforme a lo que opina la calle. Lo que están diciendo es: ‘esa demanda está muy bien entonces vamos a fomentarla y vamos a facilitarle a la opinión pública para que ejerza toda la presión que quiera sobre los jueces y vamos a dejar a los jueces expuestos lo mas posible a la presión pública’ y eso no es entender nada de nada”.
Atria advierte que si se quiere crear una base de datos que tenga un buen sistema buscador para que se pueda acceder fácilmente las decisiones tal como en EEUU, “está muy bien, pero cuando dicen observatorio y la señora Matthei dice que hay un eslabón que está fallando, ellos no están pensado en una base de datos de fácil acceso, sino que es una tipificación de las decisiones para calificar a jueces de más o menos garantistas de modo tal que la presión pública pueda caer encima del juez que no manda a la cárcel a todos los delincuentes”.
“No prosperará”
Respecto de la viabilidad de esta iniciativa, Viera Gallo apunta a que debido a la forma en que se asignó el proyecto a la UAI, sin pasar por una licitación pública, la medida no tiene “ningún peso”. “El hecho que no se realizara una licitación pública le quita cualquier validez a esta iniciativa, ¿porqué no recayó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que es estatal?, mañana va a haber otro observatorio en otra universidad y va a formar parte del debate, por eso creo que no prosperará”.
En la misma línea, la mesa del PPD, encabezada por el senador Jaime Quintana, evalúa la posibilidad de recurrir a la Contraloría solicitándole se pronuncie por la contratación directa efectuada por el gobierno para adjudicarle a la UAI la realización del observatorio judicial. “Hay una contratación directa a una universidad que no corresponde porque todas las contrataciones públicas tienen que ser hechas por la vía de una licitación pública, hacer esto por un sentido de urgencia que es completamente inentendible, porque no hay ninguna urgencia para hacer ese proyecto”, explicó el secretario general de la tienda, Gonzalo Navarrete.
Sabas Chahuán: "Fiscalizar al Poder Judicial no corresponde"
"Si entendemos por fiscalizar transparencia, no hay intromisión, pero fiscalizar al Poder Judicial no corresponde. Independencia y autonomía es esencial para el Poder Judicial y la Fiscalía. Sin ello, el sistema no funciona", afirmó ayer el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán tras la firma de un convenio de cooperación con la Fundación Paz Ciudadana, que permitirá fortalecer el desarrollo de unidades de análisis criminal al interior de la Fiscalía de Chile y capacitar a fiscales y funcionarios.
La autoridad planteó que "sin autonomía y sin independencia no habrá un sistema eficiente. Otra cosa es la demanda constante y consciente de la ciudadanía por transparencia. Eso nosotros como Fiscalía lo avalamos plenamente".
En ese sentido, afirmó que si el objetivo de la iniciativa del Ejecutivo es pro transparencia, "los fallos de los jueces sí se observan. Son audiencias públicas".
En tanto, Bernardo Matte Larraín, vicepresidente del directorio de la Fundación Paz Ciudadana prefirió ser cauto en sus opiniones aunque planteó escuetamente que hay que respetar la independencia de los poderes. "Esta es una idea que en Chile no existe y que surgió de una candidata en específico y yo creo que hay que tratar de tomárselo positivamente. O sea, ver cómo se puede lograr transparencia, respetando la independencia de los poderes", señaló el empresario.
¿Qué dice la constitución?
El capítulo VI de la Constitución Política de la República de Chile se refiere a las facultades del Poder Judicial y plantea cuáles son las funciones y exclusividades de esa rama del Estado.
PODER JUDICIAL Artículo 76
"La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión".
Presidente defiende transparencia de la iniciativa y cuestiona labor de "algunos jueces"
El presidente Piñera también salió al paso de la polémica. "Hoy tenemos un problema en algunos jueces que no están aplicando la ley como corresponde y que a veces piensan que son más importantes los derechos de los delincuentes, que los de los inocentes". Sostuvo que "reconocemos, respetamos y defendemos la libertad y la autonomía del Poder Judicial, pero nadie debe temer de que los ciudadanos podamos saber qué está pasando en cada uno de los juzgados penales de nuestro país".
Asimismo, manifestó que "me sorprende que algunos piensen que darle más información a los ciudadanos para que puedan tomar sus decisiones y hacerse sus juicios en forma más informada, pueda constituir un atentado a nuestra independencia del Poder Judicial, o incluso algunos sostienen a nuestro marco jurídico y constitucional". Explicó que el Observatorio Judicial "tiene un solo objetivo: que los chilenos conozcamos mejor lo que están haciendo nuestros jueces, igual como hoy día tienen derecho a través de la Ley de Transparencia, a saber qué hace el Presidente y los parlamentarios que ellos eligieron con sus votos y en qué gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos".
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió "a quienes han hecho las críticas, desde la perspectiva que pudiese ser inconstitucional o ilegal, que esperen con un tiempo a conocer el proyecto, para efecto de que esas críticas puedan quedar completamente desvanecidas".
Afirmó que "me llama la atención leer algunas opiniones, porque da la impresión de defensas corporativas. Aquí nadie quiere endosar la responsabilidad de nada, queremos solo preocuparnos de que los chilenos tengan la mejor seguridad pública (...) lo queremos dejar establecido en nuestro gobierno, al menos, sus bases fundamentales, para que lo aprovechen otros". Precisó que si bien es una asignación directa a la Universidad Adolfo Ibáñez, aún no hay firmado ningún contrato y se está a la espera de saber el costo para el Estado de esta medida.
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