La semana del 10 al 18 de junio, el presidente de la CPC Ricardo Mewes había estado de vacaciones. Pero eso no fue impedimento para que dos días después, el martes 20 de junio, la multigremial del gran empresariado decantara una comunicación que cambió el tono del debate tributario.
En ella explicitaba que recaudar por la vía de nuevos impuestos “no es el camino adecuado”, y que dado el estado de la economía chilena se hace “especialmente perjudicial aumentar la carga tributaria”. Para muchos, un giro que incluso ha sido criticado, por ejemplo, por el exministro Andrés Velasco, quien calificó como un “gran error” desechar la conversación tributaria.
De la vereda de los privados, “hay que ver esto no como una foto, sino como una película, que viene desde el año pasado”, dice un actor empresarial para enmarcar la decisión, luego de muchas semanas de conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda, que incluyeron reuniones de las ramas, una reunión a solas de Mewes con el Presidente Boric, un par de comidas en casa de Máximo Pacheco a la que asistieron también empresarios, y finalmente una minuta de Hacienda que terminó por desplomar las tratativas.
¿Y ahora? “La pelota está en la cancha de Marcel, no del empresariado, y lo que importa es el conjunto de lo que presente”, dice el accionista principal de una gran compañía, en reserva.
Decisión institucional
Al interior del Comité Ejecutivo de la multi gremial -que integran los representantes de las ramas- se fue “haciendo el ambiente”, mientras Mewes conversaba con todos los empresarios, apuntan entendidos.
Así, sin matices, ese mismo martes, previo insumos trabajados por la Comisión Tributaria en al menos tres reuniones en el último mes, y ya con Mewes de regreso, el Comité Ejecutivo, de manera presencial, se cuadró con el tenor de lo que sería la decisión. En especial la Construcción, disconformes con la desintegración del sistema, y la Minería, dado el royalty ya oleado y sacramentado a nivel legislativo que cayó sobre el sector.
Un empresario lo explica así. “Esto fue bien institucional, porque ya había un ambiente que fue desdibujando un posible acuerdo”. Otro representante de un gran grupo lo refrenda y se explaya. “Se manejó muy vía las ramas, que instaron a Mewes a que fijara una posición más autónoma”.
Algunas fuentes del empresariado describen que Juan Sutil tuvo un rol en esta decisión, pues como miembro de la Comisión Tributaria de la CPC, hizo ver que coincidía plenamente en que ya no había más que hacer.
Algunos personeros explican que la semana anterior, mientras Mewes estaba fuera, Sutil se habría contactado con Fernando Alvear, gerente general de la CPC, para explicitarle que era de la opinión de que había que bajarse de la negociación, si bien Sutil ya no tenía un rol tan protagónico desde marzo, luego de que se dedicara a la campaña para ser consejero constitucional, que le terminó siendo fallida (tras haber una corrección por paridad que lo dejó fuera del Consejo, pese a su alta votación). Además, formalmente se despidió del rol, dicen actores.
Los números de la discordia
Bastante acuerdo hay en el sector privado en que las conversaciones con Hacienda se entramparon porque el ministro Marcel había comprometido hacer una nueva propuesta, pero a ojos del sector privado solo había sacado de la ecuación el impuesto al patrimonio, estaba sobre la mesa el levantamiento del secreto bancario para los altos patrimonios, y no había incluido medidas procrecimiento.
Esto, en circunstancias que ya se había generado “un primer desencuentro”, cuando se discutió y aprobó el royalty minero en contra de la opinión gremial, y ya había conseguido la tasa que Hacienda buscaba, de 45,5% y 46,5% (dependiendo del nivel de producción de la faena), por sobre el máximo de 44% de tributación al que apuntaba el sector privado.
Tampoco, en el contexto de medidas en torno a la evasión y elusión, estaba dando protección al contribuyente. O invariabilidad para los grandes proyectos de inversión, puntualiza otro actor.
Ya en esta nueva negociación Marcel había esbozado un nuevo guarismo: en torno a 2,7 puntos del PIB. Pero la lectura en el sector privado era, en una suma simple, que ya con el 0,5% de la minería (el royalty), más 1,6% de medidas de evasión y elusión, estaba llegando al 2,1%.
En números duros, 0,5% de la minería son US$ 1.500 millones, “que ya los tiene”. En evasión y elusión, 1,6%, son otros US$ 4.500 millones. O sea, va en US$ 6.000 millones. Y puede sumar otros US$ 500 millones si elimina el Estado empresario, que no tendría para qué gastarlo, apunta un partícipe.
“Se le hizo ver que hubo cosas que no ha enfrentado, como medidas de mejor administración del Estado, que no está enfrentado ni contabilizando”, plantea otro actor, quien –en órdenes de magnitud- enumera temas álgidos que reportarían más recursos: US$ 500 millones en licencias médicas falsas al año; 43% de evasión en el metro (US$ 600 millones); contrabando por unos US$ 820 millones, más evasión en comercio electrónico.
Además, unos 100 programas mal evaluados que no llegan a personas. Y la guinda de la torta que se comenzó a destapar la misma semana, el caso de Democracia Viva, que en los días posteriores solo ha subido de tono y alcances, con presumibles impactos en recursos fiscales.
“Entonces, en estos términos, no hay ambiente. No está haciendo una propuesta integral. No hay un pacto tributario de verdad, es solo subir los impuestos y amenazar que si no, viene el estallido. No hay mucho que conversar”, dice un partícipe de la interna de la CPC.
No hay puentes cortados, pero…
En el sector privado no ven puentes cortados y, de hecho, ya se preparan para volver a reunirse la próxima semana, dada la señal pública dada por el mismo Marcel en tal sentido. Pero la expectativa es que es el Ejecutivo quien tiene que presentar una propuesta que tome los temas de crecimiento e inversión.
A otro le inquieta que la nueva señal dada post viaje al Chile Day vaya en la línea de insistir en impuestos personales a ingresos altos, ya que eso afectaría en realidad al mundo ejecutivo y profesional.
De paso, un empresario puntualiza que no ve razón para la molestia parlamentaria que se suscitó por la participación del empresariado en estas tratativas. Con una lectura más pragmática, este actor recuerda y enumera lo que muestra la historia reciente. Que los grandes acuerdos de Chile han estado en manos del Ejecutivo, pero con participación activa del sector productivo.
Así ocurrió durante la UP con Jorge Fontaine; con Manuel Feliú, de cara al regreso de la democracia; con José Antonio Guzmán, para la reforma tributaria con Aylwin; y con Juan Claro, que fue actor protagónico en la agenda Procrecimiento durante Lagos.
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Bernardo Larraín, ex presidente de Sofofa: “El pacto fiscal pasa por cambiar el orden de los factores: modernización del Estado, los incentivos a la inversión y lo estrictamente tributario. Tiene que partir por los dos primeros”
-¿Cómo ve esta decisión del gran empresariado, que se leyó como una vuelta de chaqueta?
- El mismo gobierno instaló la idea de un pacto fiscal y no de una reforma tributaria, después de que se rechazara el primer intento. Y cuando uno cambia el concepto, es fundamental cambiar el contenido. El pacto fiscal pasa por cambiar el orden de los factores, que tiene varios pilares: modernización del Estado, los incentivos a la inversión y lo estrictamente tributario. Y para ser coherente con el ‘título’, tiene que partir por los dos primeros pilares, donde el Gobierno ha mostrado menos las cartas.
Entonces, no es de extrañar que los gremios empresariales y la oposición estén stand by, esperando que muestre un compromiso real con una agenda específica de modernización del Estado e incentivos a la inversión. No veo que sea una vuelta de chaqueta. El gobierno cambió la música, puso como título el pacto fiscal y, sin embargo, en las bajadas siguió hablando de los mismo. Para que esto no sea simplemente retórico, ¿cuáles son las iniciativas concretas para modernizar el Estado, los incentivos a la inversión, en evaluación de impacto ambiental, permisología? ¿Seguimos insistiendo en que la precondición es que el Estado sea accionista mayoritario en los proyectos del litio? Hay que ponerle acciones al pacto fiscal. Eso ha faltado.
-Entendiendo que el pacto fiscal es más amplio, pero en lo netamente tributario, ¿por dónde pueden ir ahora los puntos de un acuerdo?
- Yo me resisto a validar esa secuencia. Si tú estás en un emprendimiento y vas a levantar capital, yo no voy a decir ‘denme recursos y después les cuento el proyecto’. Es al revés la cosa. ‘Primero cuénteme el proyecto’. Cómo se moderniza el Estado, para qué se van a usar los recursos.
Y esto es más relevante en el contexto actual, cuando vemos recursos que estaban destinados a dar soluciones de vivienda terminan entregados a una fundación constituida hace pocos meses, cuyo giro inicial era básicamente promover el Apruebo y no tiene experiencia en vivienda.
Si no nos tomamos en serio como punto principal del pacto fiscal la modernización del Estado, yo creo que es completamente bizantino hablar de puntos del PIB. Primero asegúrese de que los recursos que tiene el Estado los invierte bien y no los despilfarra.
- ¿Cómo sigue ahora?
- Habiendo dicho todo lo anterior, creo que es fundamental el pacto fiscal. Creo que todos los actores tenemos que hacer un esfuerzo por restablecer la discusión. La forma de restablecerla es modernizar el Estado, para usar bien los recursos públicos, y los incentivos a la inversión, para aumentar la torta, de donde vienen los recursos públicos, que no vienen del cielo, sino de una economía que tiene cierto tamaño, que lleva estancada 15 años, y que requiere generar más empleo formal. Eso es lo central.
Una modernización del régimen del empleo público, que para mí es el principal pilar de la agenda de modernización del Estado, debe estar en el pacto fiscal. Eso es lo central. No lo veo como una vuelta de chaqueta, no lo veo como un portazo.
El ministro Marcel tiene mucha conciencia, mucho conocimiento y experiencia. No hay un ministro más adecuado para emprender de una vez por todas una agenda ambiciosa de modernización del Estado. Por eso lo invitamos a Pivotes y le hicimos propuestas. Caminemos y masquemos chicle. Mientras la Constitución hace lo suyo, por qué no avanzamos en proyectos de ley de esa agenda.
- ¿No hay riesgo de que ojos ciudadanos esto se vea mal? El gobierno ha instalado que se necesitan recursos para la PGU, listas de espera, etc, y puede hacer sentido que el empresariado post estallido estuvo dispuesto a muchas cosas y mucho mea culpa, y ahora no.
- Yo creo que el ciudadano es mucho más inteligente y comprende mucho mejor de lo que uno cree estas cosas. Sabe que hubo una reforma tributaria en 2014 que prometía recaudar 3 puntos del PIB, y que no recaudó lo que se esperaba, se chantó la economía y seguimos con listas de espera y el tema pensiones. Sabe que no hay un vínculo. Simplemente la política no ha llegado a acuerdo.
- Hoy post Democracia Viva y todos sus colgajos, ¿se está aún más lejos de cualquier pacto?
- Yo espero que no. Espero que todos los actores, el mundo empresarial, la oposición, el gobierno, la academia, sigamos empujando por el pacto fiscal. Hay que cerrar la cuestión constitucional y el pacto fiscal, pero démosle credibilidad a ese concepto. Insisto, los dos pies principales son modernización del Estado y los incentivos a la inversión, precisamente los dos pilares que están más vacíos de contenido. Como Pivotes entregamos propuestas al ministro Marcel, que tienen una parte constitucional y una parte legislativa.
- ¿El pacto fiscal hay que cerrarlo en este gobierno?
- Yo creo que es bueno, sin la premura que intentó poner el Presidente. El Presidente puso un plazo de julio y creo que eso también le disparó en el ala al pacto fiscal. Si estábamos hablando de un nuevo concepto, que requería de una agenda que no estaba en la mesa, mal podría haberse llenado en tan solo en un mes. La premura con que se intentó estructurar el pacto fiscal, le pegó un golpe en el ala. Ahora hay que sanar esa herida y volver a conversar de pacto fiscal.
- ¿A qué medida le daría total prioridad?
- En modernizar el Estado, en avanzar en la modernización del régimen de empleo público. El caso Democracia Viva es una demostración más de lo urgente que es eso. No podemos aceptar que los funcionarios públicos sean designados por recomendaciones que hacen los parlamentarios promoviendo a sus cercanos.
Y en agenda proinversión, en una sola discusión modernizar todo el sistema de permisos, no solamente sectoriales, sino que el principal de todos: el tema ambiental. Una sola agenda que logre equilibrar los necesarios altos estándares ambientales con mayor certidumbre de criterios y plazos para los inversionistas.
- ¿Y en lo estrictamente tributario?
- En el tercer pilar del pacto fiscal, el tributario, debemos avanzar en la agenda anti evasión, seguir eliminando exenciones que no se justifican, como la renta presunta, y avanzar en la tributación de externalidades negativas.
En cuanto al impuesto a la renta, el ministro reconoció públicamente que hay que bajar impuesto a las empresas para que Chile vuelva a ser competitivo con los países desarrollados que tienen en promedio una tasa 4 puntos más baja que la chilena. Sobre el impuesto a las personas, la principal brecha es en la base de contribuyentes y no en las tasas.
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