La mayoría de las impugnaciones serían de responsabilidad del Estado y no se las podrían asignar a una persona.
A esa conclusión llegaron los abogados Patricio Zapata, Miriam Henríquez y Víctor Manuel Avilés, quienes ayer concurrieron a la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
La acción fue presentada por el diputado René Saffirio, a raíz de la crisis que enfrenta el Servicio Nacional de Menores (Sename) y se basa en que los procedimientos adoptados por Blanco: comprometen gravemente el honor de la nación, ha faltado a las normas de la Constitución al falsear información y se la acusa de no fiscalizar los procesos.
Para los abogados los argumentos expuestos en el libelo apuntan a responsabilidades políticas, cuestión que no coincide con la finalidad de la acusación constitucional, por lo que las causales han sido mal invocadas.
“Esto es una bomba atómica, donde una interpretación relajada está provocando que el sistema presidencial esté bajo peligro”, dijo el abogado Patricio Zapata en relación a que se utilice de mala manera esta herramienta.
Por ello es que llamó a los parlamentarios a terminar con el círculo vicioso y las vueltas de mano. Ello en relación a las presentaciones que terminaron con la destitución de los ex ministros Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2012.
La ministra Blanco concurrirá el próximo lunes a las 9:30 horas a declarar a la instancia, que tras emitir un informe recomendará aprobar o rechazar la acusación.