La Contraloria General de la República dio a conocer un informe consolidado de auditoría al endeudamiento hospitalario en recintos públicos estableciendo que se determinó que la deuda hospitalaria, de los establecimientos de salud auditados, ha tenido un crecimiento promedio del 51% entre los años 2013 y 2016. Advirtiéndose que aquella ha estado compuesta principalmente por gastos en bienes y servicios de consumo, representando estos el 99% de la deuda de cada año.
De los análisis efectuados en relación a la deuda por pagar a 31 de diciembre de 2016, se detectaron las siguientes situaciones que transgreden la normativa legal, presupuestaria y contable: El 60% de dicha deuda, equivalente a $45.780.927.305, excedió el plazo máximo legal establecido en la ley de Presupuesto del Sector Público año 2016, para efectuar los pagos a sus proveedores, comprobándose atrasos de hasta 315 días corridos.
La deuda hospitalaria se encontraba subvaluada al menos en $8.010.644.687, debido a que 22 establecimientos no devengaron en el periodo presupuestario correspondiente, documentos tributarios por bienes y/o servicios recibidos conforme antes del 31 de diciembre de 2016.
Se detectaron desviaciones presupuestarias, en 7 hospitales, los cuales devengaron gastos que superaron sus presupuestos autorizados. Asimismo, se advirtió en 9 establecimientos un déficit presupuestario entre los ingresos efectivamente percibidos y los gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2016. Ambas situaciones no se ajustan al principio de legalidad del gasto público consagrado en la Constitución Política y al principio financiero de sanidad y equilibrio de las finanzas públicas, establecido por el Ministerio de Hacienda.
Las indagaciones relacionadas con las contrataciones de prestaciones médicas y compra de medicamentos, así como la revisión de uso del equipamiento médico de los recintos asistenciales, determinó la existencia de falencias en los procesos de adquisiciones relacionados con los siguientes: Falta de acreditación del fundamento invocado en las adquisiciones por trato directo de prestaciones médicas, medicamentos y equipamiento; y pagos improcedentes o insuficientemente acreditados a sociedades médicas por un total de $450.548.971.
Asimismo se constatan la existencia de conflictos de intereses con socios de algunas empresas contratadas para la prestación de servicios médicos y pagos a proveedores por la adquisición de medicamentos mediante de trato directo con precios superiores a los ofertados por CENABAST, de modo que, si se hubieran adquirido a través de esa central, los recintos asistenciales hubiesen ahorrado recursos públicos por un monto de $376.151.13.
También se cuenta equipamiento médico nuevo sin uso, así como también otros que presentaban fallas o falta de algún componente sin ser utilizados por los recintos asistenciales y falta de cobro de multas por incumplimientos de contratos.
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