Un claro revés enfrentó ayer la situación judicial de Jaime Orpis. En el marco de la revisión de las medidas cautelares, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aplicar prisión preventiva para el desaforado senador involucrado en lo que se ha denominado caso Corpesca.
En fallo unánime, la Novena Sala de la Corte revocó las medidas cautelares que había decretado la semana pasada la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Daniela Guerrero, y que consistían en arraigo nacional y arresto domiciliario total, no considerándolo una persona peligrosa.
“Que oídos los intervinientes y revisados los antecedentes del sistema computacional de causas de este tribunal, se llega a la conclusión de que la libertad del imputado Jaime Antonio Orpis Bouchon constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Para este análisis este tribunal tiene presente el número de delitos por los cuales ha sido formalizado, la naturaleza de los mismos y la sanción penal probable de conformidad a las circunstancias modificatorias, que en este estadio procesal podrían beneficiarle y/o perjudicarle”, sostiene el fallo en alzada.
La decisión de ayer, adoptada en un fallo unánime debido a que Orpis fue considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad, representa un hito en materia judicial, ya que desde el inicio de la reforma procesal penal nunca un parlamentario en ejercicio había ido a la cárcel.
“Nosotros lo tomamos con mucha satisfacción. Nosotros desde la primera petición que hicimos al Tribunal de Garantía estimamos que la medida cautelar de prisión preventiva era necesaria para garantizar los fines del procedimiento y para salvaguardar la seguridad de la sociedad”, dijo la fiscal que lleva el caso, Ximena Chong, a CNN Chile.
“Creemos que el tribunal en una resolución que nos parece muy sólida, lo que ha señalado es que reside en este caso el peligro para seguridad de la sociedad y, además, se ha pronunciado muy categóricamente respecto a la gravedad de los delitos investigados”, agregó.
El desaforado senador, quien incluso renunció a su partido -la UDI- en el marco de la investigación, fue formalizado por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y tributarios; y la Fiscalía -a través de los persecutores Emiliano Arias y Ximena Chong- había solicitado que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva.
Según la investigación de la Fiscalía, el legislador habría recibido pagos por $ 233 millones de Corpesca entre 2009 y 2013 para actuar en favor de los intereses de la empresa ligada a la familia Angelini en el Parlamento.
El abogado defensor de Orpis, Carlos Cortés, manifestó que “es una resolución que no nos esperábamos, pero la acatamos. Hablé con mi representado y él durante la tarde se va poner a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía y esperamos revertir esta decisión a la brevedad”.
Precisamente, pasadas las 15:30 horas, el ex parlamentario llegó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para empezar a cumplir con la medida. En el lugar declinó hablar con la prensa.
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