Entregar 3.500 becas Bicentenario a universidades privadas es el precio que pagó el gobierno para evitar que Chile Vamos cuestione la política de gratuidad y becas en el Tribunal Constitucional (TC).
Para muchos legisladores de la Nueva Mayoría fue un costo razonable, pero para otros el precio será mucho mayor, ya que advierten que el mecanismo de ayudas estudiantiles se puede configurar como el futuro modelo de financiamiento de la educación superior, cuando se reanude la tramitación del proyecto de ley que regulará el sector.
Ese texto es, a juicio de los expertos, lo realmente importante, y no la legislación vía glosa presupuestaria que el Ejecutivo promovió, que fue duramente cuestionada por los legisladores.
“La gratuidad tiene que ser parte de la ley marco de educación superior y ahí se deben fijar los criterios”, sostuvo el director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad de Chile, Ernesto Águila. “Seguir discutiendo la gratuidad mediante una glosa es un muy mal procedimiento político, porque muestra que hasta ahora el gobierno no está en condiciones o no quiere discutir, en un marco general, una visión de mediano y largo plazo de la educación superior chilena”, agregó el investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner.
El docente del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica, Ernesto Treviño, complementó: “El modelo establecido por glosas es perverso, porque perjudica a los planteles que no pueden planificar. Hoy hay 15 instituciones del Cruch con déficit económico. Esto no es sostenible”.
Los expertos esperan que el gobierno presente luego las indicaciones al proyecto de ley de educación superior, algo que, según la ministra de Educación, Adriana Delpinao, se realizará “pronto”. En el Mineduc afirman tener “gran parte” de estas modificaciones ya redactadas y están a la espera de afinar las restantes luego de convesaciones que deben sostener con los rectores y los partidos políticos. Los estudiantes por el momento “no están siendo considerados”, expresó una fuente oficialista.
Lo fundamental, expuso Águila, “es determinar qué va a privilegiar el Estado en sus universidades, cómo va a expandir la matrícula para que el sistema mixto sea realmente mixto (hoy las universidades estatales representan cerca del 15% del total de la matrícula) y haciendo esto sin desmerecer a las universidades privadas tradicionales del Cruch y las post 81’ que tengan una vocación y una complejidad institucional que les permita realmente llamarse universidades”.
En los expertos existe inquietud con el retraso en la discusión de fondo. “La ley marco sigue siendo una interrogante”, aseguró Águila. A pesar de ello, los académicos reconocieron algunos avances en el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición.
“Disminuir el grado de discriminación en las becas es un progreso, porque trata con igualdad a todas las instituciones que cumplen con criterios objetivos básicos”, expuso Brunner, en relación a las ampliación de las becas Bicentenario.
“Está bien fiscalizar los recursos (de parte de Contraloría), pero no si eso se traduce en mayor burocracia”, advirtió Treviño, quien destacó la nivelación de 4 años o más de acreditación para las universidades estatales.
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