Por Valentina Fuentes J.
Que el Estado “se va a gastar la plata de la reforma tributaria en comprar fierros”, como han señalado desde la Alianza, o que el Mineduc se va a transformar en un “gestor inmobiliario”, como afirmó el presidente de la DC, el senador Ignacio Walker, son algunas de las críticas que en las últimas semanas se han levantado con fuerza contra la reforma educacional. Ante ello, ayer, el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, endureció su tono frente a la comisión del área de la Cámara para reafirmar y defender el principal proyecto de gobierno.
En su exposición, dio especial importancia a explicar las distintas alternativas financieras para la conversión de los colegios particulares subvencionados en corporaciones sin fines de lucro y, justificar los cuestionados
US$ 5 mil millones que, según la estimación de la Dirección de Presupuesto, costaría la compra de infraestructura de dichos establecimientos.
Según Eyzaguirre, esa cifra es de “fantasía” y responde al deber de la Dirección de Presupuesto de “ponerse en el peor de los casos”. Ello porque, según él, si el proyecto establece como requisito para la venta de inmuebles ser dueño de su recinto educacional y, si 2/3 de los sostenedores no son propietarios de sus establecimientos, el gasto fiscal estimado se reduciría al tercio restante de los sostenedores que cumplen con la exigencia de ser propietario del colegio.
Además, el ministro pretendió calmar el revuelo que han generado las grandes cifras, afirmando que “no es efectivo que se está gastando dinero distinto (del que se gasta actualmente), para comprar infraestructura, simplemente se está transparentando. Hoy día, ya sea que se arriende, que el sostenedor esté en una compra vía leasing o que sea propietario y que esté sacando un margen de rentabilidad, con la subvención actual, ya estamos costeando esa infraestructura”.
También, el ministro procuró responder a las críticas del sector particular subvencionado, uno de los que se vería más afectado por la reforma. Así, explicó que, la solución dada por el gobierno “es una forma de honrar a los sostenedores (…) y una forma para que puedan recuperar sus inversiones. Desafortunadamente, esto ha sido interpretado exactamente al revés de nuestra intención”.
Y ante los distintos focos de conflicto abiertos tanto en la oposición como en la propia Nueva Mayoría, el diputado de RD Giorgio Jackson, señaló que la exposición del ministro habría desmitificado que la compra de inmuebles es un gasto innecesario y demostrado que el Estado estaría “adelantando un pago que igual hace, cada año, con el arriendo de establecimientos. Entonces lo que se hará es abaratar costos”. Ello, porque, según él, tras la adquisición de inmuebles se dejaría de destinar la subvención estatal en arrendar esos recintos.
Respecto a los dichos de Walker, afirmó que “aquí parece que hay algunos más interesados en proteger el derecho a propiedad de algunos sostenedores, que el derecho a la educación”.
Por su parte, el presidente de la comisión, el DC Mario Venegas, se distanció de la declaración del presidente de su partido: “No comparto lo que ha dicho el senador Walker (…) no interpreta el sentimiento de la inmensa mayoría de los demócratacristianos”. Además, manifestó su preocupación por la ausencia de una instancia colectiva en su partido para tomar una postura común frente al proyecto educacional. Afirmó que él y “muchos otros parlamentarios DC” le han solicitado a Walker un consejo para abordar el tema. “No se ha hecho, pero seguiremos insistiendo”, sentenció.
SEGUNDA MARCHA DEL AÑO POR LA EDUCACIÓN
A pesar de que en el Congreso ya se discute lo que el gobierno de Michelle Bachelet ha definido como el "corazón" de la reforma educacional (fin del lucro, copago y selección en el sistema escolar), el movimiento estudiantil se aferra a lo que han señalado desde la llegada de la Nueva Mayoría a La Moneda: que presionarán al gobierno desde la calle y velarán por el diálogo en un cambio radical al sistema. Por ello es que hoy, autorizados por la intendencia, marcharán "por el rescate y fortalecimiento de la educación pública" desde las 10:30 horas, en la segunda gran convocatoria del año. Una de las principales críticas que hacen al gobierno es la falta de participación en el proceso de discusión de la reforma. Lorenza Soto, vocera de la Aces, aseguró que son ellos quienes posicionaron las demandas que la reforma intenta satisfacer y, por ello, "no es el movimiento estudiantil el que tiene que escuchar las propuesta de gobierno, es el gobierno el que tiene que escuchar las propuestas del movimiento estudiantil". En tanto, el Colegio de Profesores, llamó a un paro nacional este 25 de junio con el objetivo de, según explicó su presidente, Jaime Gajardo, "dar una señal al empresariado que es quien está generando resistencia a estos cambios en materia educacional".
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