res décadas de existencia es un tiempo propicio para poner a una institución en un contexto de largo plazo, reflexionar sobre lo ocurrido y mirar hacia el futuro. El aniversario de Diario Financiero es una buena oportunidad para analizar y proyectar también el trabajo de la Contraloría General de la República (CGR) preguntándonos qué ha sido del control externo de la administración del Estado y cómo se proyecta.
Hace 30 años, nuestro país enfrentaba el inicio de un periodo de restauración democrática. Una época de cambios e incertidumbres, pero también de proyectos e ilusiones. Hasta hoy, el balance como país es positivo. Lo mismo puede afirmarse respecto de la CGR, ya que el control externo de una administración que iniciaba su proceso democrático era una tarea difícil. El desafío de quienes lideraron la institución en tal periodo fue potenciar la relevancia y el peso institucional de la CGR en un Estado de Derecho en reconstrucción. Durante la segunda mitad de los 90, el contralor Arturo Aylwin marcó el inicio de un proceso de modernización, con apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Más adelante, el contralor Ramiro Mendoza remodeló y modernizó la infraestructura y los sistemas de trabajo. Así, la Contraloría que hoy conocemos es distinta a la de hace 30 años. Las mejoras saltan a simple vista y van desde la manera de ejecutar sus funciones, hasta la calidad de los espacios de trabajo.
El valor de hoy y la Contraloría que viene
El presente ha sido un año singular para la CGR. Se inició con la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del informe sobre la fiscalización a Codelco y está concluyendo con una disputa judicial respecto a si el cargo de subcontralor responde o no a la exclusiva confianza del titular de la institución.
Tales hechos tienden a ocultar datos que robustecen la gestión de la Contraloría, aunque resulta complejo llevar a parámetros numéricos cuántas irregularidades o cuánta corrupción se evita con la existencia de instituciones como la CGR. Sin embargo, existen datos objetivos, por ejemplo: 4.608 denuncias ciudadanas durante 2015, que subieron a 5.742 durante 2016 y a 9.508 en 2017. En tanto, los dictámenes de la CGR sumaron 15.913 en 2015, 16.594 en 2016 y 18.569 en 2017, mientras que el número de auditorías pasó de 540 en 2016, a 627 en 2017, sin aumento presupuestario.
Estos datos dan cuenta de una realidad evidente: la ciudadanía confía en la Contraloría y la valida como una institución a través de la cual obtiene solución a sus problemas con la administración del Estado.
Hace algunos meses, durante un seminario de la OCDE, un profesor me comentó que la Contraloría podía ser "víctima de su propio éxito" y lo graficaba en base a que la ciudadanía ha hecho aumentar los requerimientos de dictámenes y de auditorías a los servicios públicos. En efecto, la Contraloría cubre parte de una demanda insatisfecha de resolución de conflictos con la administración del Estado, por lo tanto, el desafío es doble: primero, continuar mejorando sus procesos para dar una respuesta técnica y fundada a los cientos de consultas, y al mismo tiempo, atender rápidamente los requerimientos de los órganos y servicios del Estado. Un desafío para la gestión, ya que obliga a hacer más con los mismos recursos.
El segundo desafío es la modernización del marco legal. La ley orgánica de la Contraloría es de 1952 y solo ha tenido cambios específicos que no han alterado lo esencial. Por lo mismo, al interior de la institución estamos trabajando en un borrador de proyecto de ley que esperamos someter a un consejo asesor transversal, diverso políticamente y multidisciplinario, a fin de enriquecer la propuesta comprometida para el 1 de febrero del próximo año a S.E. el Presidente de la República.
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