El gobierno puede minimizar el riesgo de afectar el crecimiento, el empleo y los salarios si se abre a revisar la propuesta de eliminar completamente el FUT contenida en la reforma tributaria que ingresó al Congreso, dijo un análisis del director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer.
“Si el gobierno flexibilizase su posición respecto del FUT, la menor recaudación que se generaría podría compensarse con una combinación de mayor control y acotamiento de este mecanismo (indudablemente que hay malas prácticas en su uso), la igualación gradual del impuesto específico al petróleo diésel con el que rige para las gasolinas y una eventual flexibilización en la meta de alcanzar un déficit estructural igual a cero al final de su mandato”, indicó el documento. Sostiene que es difícil pensar que la reforma tributaria no tenga un efecto sobre la inversión, el crecimiento, el empleo y los salarios, sobre todo después de controlar por otros factores. “Mucha literatura especializada apunta en esa dirección. Si se toman algunas de las estimaciones recientes (las intermedias y no las más altas) el aumento de la carga tributaria anunciado podría reducir, por una sola vez, el nivel del PIB en 4,5%. Por cierto, parte de este efecto podría compensarse si los recursos se gastasen apropiadamente. Pero a juzgar por las estimaciones de esta literatura es difícil que el efecto contractivo se anule completamente”.
Según Beyer, no parece tener sustento la confianza expresada por la autoridad respecto de que el efecto sobre la disponibilidad de caja de las empresas, como consecuencia de la reforma tributaria, pueda resolverse sin mayores problemas acudiendo al mercado de capitales. “La idea de que todo buen proyecto tendrá acceso a financiamiento no parece sostenible. A propósito del acceso a fondos propios, no deja de ser interesante que la gran mayoría de los países de la OCDE ha reducido agresivamente su impuesto a las empresas en los últimos lustros”, dice.
Señala también que la reforma tributaria se presenta como detonadora de una reducción en la desigualdad. “Sin embargo, los indicadores que habitualmente se utilizan para compararnos con los países de la OCDE no sufrirán mayores cambios en el corto plazo”, afirma.
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