Por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe de la Comisión de Derechos Humanos, mandatada por la Sala para investigar las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén.
El objetivo de dicho documento era "recabar antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto", informó la cámara por medio de su página web.
En diez puntos, el informe entregado por el diputado Sergio Ojeda (DC), señala en sus resoluciones que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos como el de Hidroaysén no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.
Menciona entre dichas carencias que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, no existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.
En ese marco, el informe sostiene que "el Gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones".
Agrega que "Hidroaysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto)".
"Se requiere que este "lobby" esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos en trámite", enfatiza el texto.
Más adelante, el informe resalta que "en un acto que sólo puede ser calificado de "fraude a la ley" o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea".
A su vez, el informe sostiene que "no es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana. En este caso, resulta público y notorio que la inmensa mayoría de la población, no solo de la región mas afectada, sino de todo el país, ha hecho sentir su disconformidad". Por ello, se recomienda legislar a favor de formas más eficientes de participación ciudadana y, a falta de ellas, que se legisle a favor de plebiscitos de alcance local, vinculantes.
Finalmente, la Comisión subraya en su informe que se está transgrediendo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución. "El Estado no está velando para que este derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza, como lo manda la carta fundamental".
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