Por R. Carrasco M.
El próximo martes 6 de marzo el Congreso retomará sus sesiones dando la partida al año legislativo 2012, oportunidad en que la tabla de la Cámara de Diputados tiene en agenda en primer punto el proyecto que modifica la ley de probidad pública y el que establece la creación de un salario mínimo regional.
En cuanto a probidad en la función pública ingresó a trámite legislativo en mayo de 2011 y en sus aspectos generales establece perfeccionamientos a la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades públicas la cual debe contener la singularización de todas las actividades profesionales y económicas, sean o no remuneradas; bienes inmuebles; vehículos motorizados; toda clase de derechos o acciones; valores, créditos superiores a 300 UTM; y los contratos de mandato de administración de activos; todo ello incluyendo al cónyuge bajo régimen de sociedad conyugal y las participaciones en sociedades, con hijos menores de edad sujetos a su patria potestad.
La normativa obliga a las autoridades que poseen elevados patrimonios que puedan originar eventuales conflictos de interés a constituir un mandato de administración discrecional de cartera de valores (fideicomiso ciego) y, en casos calificados, impone la enajenación forzosa de los activos.
En cuanto a la normativa que crea el sueldo mínimo regional, fue presentada por diputados de zonas australes como Miodrag Marinovic (ind), Carolina Goic (DC) y René Alinco (ind), entre otros; y en lo central modifica la Constitución para establecer que “fijar el sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, considerando un mecanismo de ajuste para que el ingreso mínimo de los trabajadores de regiones distintas de la metropolitana de Santiago conserven el mismo valor adquisitivo de aquella, aumentar obligatoriamente dicho sueldo o sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos”. Frente a este tema que se ha puesto en la agenda por el movimiento en Aysén, el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, instó al gobierno a pronunciarse sobre el tema y decir si respalda o no la normativa.
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