La acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau ha hecho reflexionar al mundo político, respecto de lo que ha venido ocurriendo esta última década con la herramienta fiscalizadora más dura de la Cámara de Diputados, pero que ha estado siendo utilizada como arma de revancha política. De hecho, según un estudio de Unholster da cuenta de que las acusaciones se dispararon en la segunda administración de Sebastián Piñera con 11 acusaciones, para luego superar ese récord en el gobierno anterior, de Gabriel Boric, cuando se presentaron 16.
Pues bien, un grupo transversal de senadores y diputados decidió enfrentar el uso indiscriminado de este recurso, a través de un proyecto que aumenta los requisitos para presentar una acusación constitucional, promovido por el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke.
En sus fundamentos, la iniciativa establece que “la acusación constitucional constituye uno de los mecanismos de control político más relevantes contemplados en la Constitución” y que “precisamente por la severidad de sus consecuencias (la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas),
se trata de una institución de carácter excepcional, que debe ejercerse con prudencia y sobre la base de antecedentes jurídicos sólidos”.
Sin embargo, la reflexión que contiene la propuesta es que pese a lo anterior “durante los últimos años se ha observado una utilización cada vez más frecuente de esta herramienta, que en numerosos casos la ha transformado en un instrumento de disputa política contingente, antes que en el mecanismo extraordinario, de ultima ratio, de responsabilidad constitucional que la Carta Fundamental concibió”.
Contenido de la reforma
La reforma constitucional apunta al modifica el artículo 52, número 2, de la Constitución Política, en lo relativo a la atribución exclusiva de la Cámara “para conocer y declarar la procedencia de las acusaciones constitucionales, con el objeto de fortalecer sus exigencias de admisibilidad, precisar sus efectos y modernizar su tramitación, sin alterar su naturaleza, finalidad ni destinatarios”.
En ese contexto, la moción parlamentaria propone aumentar el número mínimo de diputados patrocinantes a “no menos de 20” a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que exige no menos de 10 firmas y hasta 20; cumplir un requisito previo de fiscalización para acusar a los ministros de Estado, apuntando a una citación previa, como puede ser la interpelación; elevación del quórum de admisibilidad, exigiendo para todos los casos un quorum de mayoría de diputados en ejercicio; elimina la suspensión del cargo en el caso de que el acusado sea el Presidente de la República; y, se incorpora de manera expresa el derecho del afectado a designar a un abogado para su representación en todas las etapas de la acusación constitucional.
Además de Cruz-Coke, suscriben la iniciativa, entre otros, los senadores Juan Luis Castro (PS), Diego Ibáñez (FA), Javier Macaya (UDI), Andrea Balladares (RN), Paulina Vodanovic (PS), Beatriz Sánchez (FA) y Vlado Mirosevic (PL). Y un grupo de diputados encabezados por el RN Diego Schalper, entre los que también se cuenta la diputada Gael Yeomans (FA), Carlos Cuadrado (PPD), Jorge Guzmán (Evópoli) y Raúl Leiva (PS), Guillermo Ramírez (UDI), entre otros, parlamentarios que presentarán sendos proyectos en las respectivas corporaciones.
“Acción vengativa, de carácter político”
La reforma constitucional anunciada reforma la Constitución Política de la República en materias de admisibilidad y efectos de la atribución parlamentaria respecto a las acusaciones constitucionales, respecto de lo cual el senador Cruz-Coke explicó que, tal como lo propuso la Comisión Experta en su momento, la propuesta busca perfeccionar la herramienta de la acusación constitucional.
Ello, “porque consideramos que la herramienta de acusación constitucional se ha desnaturalizado enormemente (…). Se ha transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores, bastan diez firmas para hacer funcionar una acusación constitucional, tiene muy bajo costo político, permite una irresponsabilidad política enorme, dado que no se paga costo ciudadano ninguno. Esto no distingue sector político, se da tanto en sectores de derecha como sectores de izquierda, justamente porque hoy día los requisitos de una acusación constitucional son extremadamente bajos” argumentó el presidente de Evópoli.
Con la propuesta, enfatizó el senador se pretende fortalecer la herramienta muy importante para fiscalizar en democracia, de la que se abusado en la actualidad y hace perder tiempo a la Cámara y al Senado en su tramitación. Por lo que se busca dar una señal transversal de parte del Congreso de “seriedad, sensatez y de responsabilidad política que, en los tiempos que corren es urgente y necesaria”.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, advirtió que lo que se busca es evitar que se reedite una nueva temporada de acusaciones constitucionales y que no se impide fiscalizar, sino “hacerlo en un marco de certeza, estabilidad y certidumbre para Chile”.
Al tema también el jefe de la bancada de senadores socialistas Juan Luis Castro, quien puso el acento en que lo que llevó a su partido a sumarse fue el que la aplicación de esta herramienta se ha “degradado” y que “se ha producido una acción vengativa, de carácter político” contra autoridades que, en su mayoría, no ha sido aprobada. Y espera que con esto “se eleve el nivel de la discusión política y las instancias fiscalizadoras”.
Mientras que la diputada Yeomans estimó que es necesario fiscalizar las herramientas de fiscalización que tiene la Cámara, porque las facultades de fiscalización hay que desempeñarlas con “responsabilidad”.
PNL rechaza la medida
Pero esta preocupación respecto del tema no es compartida por sectores de la derecha, como del Partido Nacional Libertario. El diputado de la colectividad Pier Karlezi salió al paso de la propuesta, señalando que no le sorprende que “la clase política quiera hacer más difícil que se le puedan cobrar sus responsabilidades” y que los chilenos van a tener que empezar a decidir “si quieren seguir con esta clase política o de verdad necesitan una renovación completa de quienes nos dirigen”.
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