Representa a la Región de Ñuble en el Senado y preside la comisión de Educación. En ese contexto, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) está abierto a avanzar en el proyecto que crea un Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior y un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas (FES), que termina con el CAE, como en su momento se hizo con los SLEP, plantea.
Sin embargo, admite que tiene dudas respecto al financiamiento de la iniciativa y señala que el dictamen de la Contraloría, que advirtió que los beneficios que entregará el Estado no son un activo financiero, sino potencialmente un mayor gasto público, no lo sorprendió, porque el Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos ya habían alertado sobre lo mismo. Por lo que en esta conversación con Diario Financiero aborda el futuro de uno de los proyectos emblemáticos del Presidente Gabriel Boric.
“No queremos que sea una mochila para el que estudió, debiera ser una mochila del Estado, porque así se prorratea entre todos”.
- ¿Qué le parece el dictamen de la Contraloría que sostiene que los aportes del Fisco a los eventuales beneficiarios del FES son un potencial gasto y no un activo?
- Ratifica lo que han dicho varios expertos y, obviamente, el Consejo Fiscal Autónomo que dieron una alerta muy importante en algo que diferentes centros de pensamiento nos han ido manifestando. Creo que es tremendamente importante que al momento de legislar tengamos todos los antecedentes a la vista de diferentes actores del sistema, desde las propias universidades, centros de pensamiento y diferentes personas que se han dedicado al estudio de un proyecto que tiene, desde mi punto de vista, dos aristas tremendamente importantes.
- ¿Qué aristas serían?
- Una tiene que ver con el financiamiento de la educación superior para los estudiantes y otra es el financiamiento de la educación superior para las universidades. Y aquí lo que se hizo fue mezclar estas dos cosas. Aunque este proyecto es absolutamente diferente a lo que prometió el Presidente Boric, pero también lo hace un poco más realista.
- Hay analistas que plantean que una de las consecuencias del dictamen son que el gasto fiscal del proyecto se incrementaría en US$ 5.000 millones al 2030. ¿Es un elemento a considerar a la hora de avanzar en el proyecto?
- De todas maneras, el antecedente financiero es importante tenerlo a la vista. Por eso es necesario tener diferentes visiones, porque el Ejecutivo presenta un informe financiero muy optimista, que dice que en el fondo nos vamos a ahorrar una cantidad de recursos. Pero cuando uno empieza a desmenuzar ciertas áreas…
- ¿Como cuáles?
- Por ejemplo, ellos dicen que vamos a tener una mayor cantidad de ingresos, porque vamos a postergar el ingreso a un nuevo decil de gratuidad, pero no es así. Entonces, cómo se determina cuánto se va a recaudar. Esa es la pregunta de fondo.
- En lo concreto, ¿qué efecto tiene para los beneficiarios?
- Tiene varias aristas. Una es que se traspasan directamente a este nuevo sistema que permite el cobro, por ejemplo, con un descuento por planilla a aquellos que trabajan con empleador o descuento a través de la Tesorería a los que tributan como independientes. Es tremendamente positivo tener más herramientas de cobro, porque va a permitir recaudar.
- ¿Cuál es la parte negativa?
- La parte negativa es que se esconde este gasto, dejándolo bajo la línea y diciendo que es un activo. Pero la Contraloría nos dice que es un gasto y hay gastos que se pueden recuperar en el futuro. También nos dice que se podrán considerar como activos, cuando la persona que estudió firme el convenio de pago. Ahí se va a saber cuánto van a ser los ingresos, porque no se pueden determinar los ingresos de algo que no tengo comprometido.
“Las universidades son centros de pensamiento y no pueden depender económicamente del Gobierno de turno”
- ¿Qué posibilidades tiene el proyecto de avanzar en la comisión? Se lo pregunto, porque su sector es mayoría en la instancia.
- Estamos viendo sólo la parte de los estudiantes y hay otra que son las universidades que son centros de pensamiento y no pueden depender económicamente del Gobierno de turno. Pero esta comisión de Educación -que este Gobierno se la ha farreado, porque ha sido muy constructiva, independiente de que tengamos pensamientos ideológicos diferentes-, decidió partir la discusión con un seminario -que vamos a realizar el 5 de noviembre en el Congreso-, porque queremos partir desde lo técnico y no desde lo político. Y hay que votar de acuerdo a los antecedentes técnicos y al mérito de las diferentes propuestas del Ejecutivo y las que vamos a hacer nosotros como parlamentarios.
- ¿Cuáles cree que son los principales nudos que van a dificultar el avance del proyecto o para que este vea la luz?
- Está el tema de la eliminación del copago, que es un elemento fundamental para mantener la independencia de las instituciones de educación superior. Y determinar, efectivamente, cómo va a funcionar la agencia que va a hacer la recaudación de los estudiantes.
- ¿Esos son los temas más complejos?
- Hay otras cosas, pero tenemos que esperar, porque el Ejecutivo nos dijo que va a tener una propuesta diferente, pero no nos ha manifestado cuál es esa propuesta. Sabemos que existen conversaciones, hoy día, entre el Ejecutivo y las diferentes universidades; y tenemos entendido que esas conversaciones tampoco han llegado a puerto. Entonces, creo que se llega bastante en el aire al inicio de la conversación.
- En este escenario, ¿el proyecto tiene futuro?
- Va a depender mucho de la voluntad del Ejecutivo. Nosotros como comisión tenemos siempre la voluntad de avanzar con la celeridad que se requiere, pero también con la responsabilidad a la cual estamos mandatados.
- ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo para llegar a acuerdo con la oposición?
- Hay ciertas modificaciones que tienen que ver con el sistema de financiamiento de las universidades, que tienen que ver con cómo se elimina efectivamente el CAE; y es parte de lo que tenemos que poner sobre la mesa en la discusión. Nosotros no somos de la idea de decir no por decir no, sino que vamos construyendo. No queremos que este proyecto sea una mochila para el que estudió y, sobre todo, que esa mochila no recaiga en la clase media. Esa mochila debiera ser del Estado, porque así se prorratea entre todos.
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