Luego de hacer llegar por escrito a primera hora de este martes el documento de la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, el abogado del exsecretario de Estado, Patricio Zapata, hizo una extensa exposición ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, en la que pide a la Cámara de Diputados acoger la cuestión previa, rechazando la acusación.
El profesional hizo un profundo análisis de la acusación constitucional en este aspecto, argumentando que el escrito no alcanzaría el “mínimo” para que la Cámara se “pronuncie adecuadamente”, ya que -según Zapata- el libeló acusatorio “no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de ciertas normas legales y constitucionales”, es decir, “no se hace el vínculo lógico entre la conducta personal del exministro Grau y la vulneración de una regla”.
En referencia a los argumentos y normas a que hace referencia el libelo, el abogado fue enfático en que “nadie puede ser castigado por una conducta que no está mínimamente tipificada e insistió en que los acusadores no logran encontrar una norma que “mínimamente” plantee una regla jurídica o deber preciso, no especulativo. Por el contrario, sostiene que a Grau se le acusa de vulnerar normas muy generales. De modo que esto se convierte, advirtió, en una forma de “resolver diferencias políticas”.
Advertencia sobre efecto de acusaciones sin fundamento
Por otro lado, aludiendo a la Contraloría, Tribunal Constitucional y algunas normas legales, Zapata sostiene que la acusación no explica cómo el exministro Grau vulnera las reglas. Y plantea que esta acusación desconoce el peso que la Constitución le otorga al Presidente en la cuestión desconoce las estimaciones en materia económica, alegando, además, que dichas estimaciones de ingresos están sujetas a contingencias.
Zapata manifestó sus dudas de que se invoque el artículo 8 para acusar constitucionalmente a alguien y declaró que resulta “injusto” que el acusado arriesgue cinco años de inhabilidad para postular a cargos públicos o para cargos en el Estado.
Desde el punto de vista de Zapata, la acusación no es más que una crítica a la política fiscal del gobierno anterior y advirtió que este tipo de acusaciones sin fundamento pueden generar una seguidilla de nuevas acusaciones cada vez que un sector tenga mayorías circunstanciales en el Congreso, lo que no es bueno para la institucionalidad.
El profesional solicitó que se convoque a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides y al expresidente del organismo, y especialistas en política fiscal, entre otros. Incluso, en la comisión, manifestó que conversará con su defendido para ver si solicitan que se cite al actual ministro de Hacienda Nicolás Grau, aunque más tarde manifestó dudas al respecto, aludiendo a lo ocupado que siempre debe estar el secretario de Estado.
A su juicio, mientras más autoridades o exministros puedan aportar será mejor para que la comisión y luego la Sala de la Cámara se hagan una mejor impresión del proceso para decidir.
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