Tras el balotaje, el Presidente electo José Antonio Kast se autoimpuso una fecha para el nombramiento de su gabinete ministerial -la primera quincena de enero-, sin contar que los días pasan muy rápido y que en medio de su intensa agenda escaso tiempo le ha quedado para abocarse exclusivamente a la tarea de elegir a las figuras idóneas para acompañarlo en el desafío de gobernar durante los próximos cuatro años.
Y dado que seguridad es uno de los principales temas en los que el mandatario electo pretende enfatizar y que desde la llamada “Moneda chica” se especula que los senadores electos Rodolfo Carter y Cristián Vial podrían ser cartas para este ministerio, resurge la inquietud acerca del reemplazo de los parlamentarios que, actualmente, está en manos de los partidos en que militan o que los llevaron al Congreso. De designar ministro de Seguridad a alguno de ellos, sería, además, la primera vez que ocurriría antes de asumir el escaño oficialmente.
Es relevante señalar que entre los años 2008 y 2016 cinco proyectos de ley, promovidos por parlamentarios, se han ingresado a trámite con el fin de restablecer las elecciones complementarias u otras medidas de elección popular para el reemplazo de parlamentarios que dejen su escaño esencialmente para convertirse en ministros de Estado. Todas estas iniciativas fueron archivadas, es decir, se estancó su tramitación apenas llegadas a la Comisión de Constitución, ya sea de la Cámara o el Senado indistintamente.
Un integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado socialista Raúl Leiva –quien representa en esta corporación, entre otras comunas, a Paine, enfatizó que es facultad del Presidente de la República designar en una cartera ministerial a un parlamentario y que de hacerlo una plaza tan importante como la de seguridad, “va a requerir una muy buena relación directa con los parlamentarios para implementar proyectos de ley y políticas públicas en ese sentido”.
Sin embargo, admitió este mecanismo “tiene un problema con la democracia representativa”, por lo que reflexiona que “uno entendería que esa facultad, (el presidente) la ejercerá respecto de personas que ya han desarrollado esa labor como senador, que están en medio de su mandato, y no personas que asuman recién”. Porque de otro modo, “podría presuponer que una persona resulta electa para que luego el partido designe a quien lo reemplaza y eso sí sería extremar el texto legal”.
Un problema por falta de legitimidad de los partidos
Entre los expertos también existe conciencia de que el mecanismo es una facultad que la Constitución que le otorga al Presidente de la República. En este sentido, para el cientista político Kenneth Bunker “no constituye un problema que el presidente, en una determinada situación, saque a parlamentarios del Congreso para equipar el gobierno, sobre todo si tienen experiencia”. Aunque reconoce que la “idea de desvestir a un santo para vestir a otro”, dejando al Congreso un poco más debilitado no es la mejor.
Por otro lado, Bunker advierte que sobre esta fórmula siempre va a rondar la idea de la deslegitimidad, pese a que “técnicamente, en nuestro sistema electoral, el escaño pertenece al partido político” por el que sale electo un candidato, pero debido a que los partidos están “bajo escrutinio” por parte de la ciudadanía, esta situación es “un problema”.
“Evidenciaría muy claramente la temprana fatiga de elencos”
Una mirada más drástica plantea el cientista político Mauricio Morales, quien advierte que “sería una decisión incomprensible por parte del Presidente de la República, pues lesiona la dimensión representativa de la democracia”.
Además, añade que si Kast optara por estos nombres o algún otro de sus parlamentarios, “evidenciaría muy claramente la temprana fatiga de elencos para asumir un rol tan crítico como lo es el Ministerio de Seguridad” y que, de igual forma, “sería una suerte de engaño para los votantes que, depositando su confianza en un determinado candidato, éste asumiera un rol para el que no fue electo”.
En cuanto al sistema de reemplazo, Morales detalla que, en su historia, Chile ha tenido los tres sistemas más comunes, como son la elección complementaria, previo a 1973; nominación del compañero de partido o pacto, bajo el sistema binominal; y, la decisión del partido, que es la que se utiliza hasta ahora y que “parece ser la más correcta”, porque –y en eso coincide con Bunker- “si bien votamos por personas, ese cupo pertenece a un partido, y es justo que ese partido nomine al reemplazante”. Y aclara que una elección complementaria, en cambio, “sólo vendría a añadir más eventos electorales, siendo un mecanismo más costoso, lento, y, por eso mismo, innecesario”.
“Podría ser una burla para la ciudadanía”
Más pragmático, el analista político Tomás Duval primero que todo alerta sobre el hecho de que el mayor problema en los casos de Carter y Vial “es que a pesar de que el Tricel aún no proclama a los senadores electos, se esté pensando en que pudiesen renunciar para asumir un cargo ministerial, esto porque el mecanismo de reemplazo significa sustituir un elegido en forma democrática por otro designado”. Lo que, desde su punto de vista, “representaría un medio que privilegia los intereses de un partido o clase política, en perjuicio de la voluntad ciudadana, afectando de esta forma el ejerció de la soberanía”.
Y va más allá todavía, asegurando que, “en este caso, podría ser una burla para la ciudadanía, ya que esta elige su representante; pero, además, va obligada a votar y luego el partido lo cambia por otro que no fue electo democráticamente”.
Para Duval, esta es “una muy mala práctica que podría extenderse”, por lo que reflexiona que, “quizás, si es todo un periodo la vacancia, correspondería una elección complementaria”.
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