Un poco más de dos años han transcurrido desde la entrada en vigencia del convenio que evita la doble tributación entre Chile y Estados Unidos, normativa que estuvo más de una década en discusión en los congresos de ambos países y que, en simple, establece rebajas de impuestos y reglas más claras para los flujos y contribuyentes de ambos países.
Este lunes se presentó el primer estudio de implementación y oportunidades del convenio, organizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) y expertos de las cuatro principales auditoras del mercado: EY, representado por Nicolás Grof; Deloitte con Claudia Méndez; KPMG con Javiera Suazo; y Mauricio Valenzuela por PwC, respectivamente.
Los autores expusieron que el convenio tributario era una oportunidad tangible para ambos países, con beneficios asociados tanto en el inbound (residentes estadounidenses que invierten en Chile), como en el outbound (residentes chilenos que invierten en industrias norteamericanas).
Al evento asistió la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien valoró la colaboración entre el sector público y privado, en base a convenios que atraen la inversión y generan crecimiento económico.
Además, la conferencia contó con la presencia de la asesora del Servicio de Impuestos Internos (SII), Liselott Kana, quien fue también promotora de las conversaciones que llevaron a la promulgación del convenio, luego de más de 10 años de tramitación, y que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Kana fue enfática en que convenios como este son positivos para ambas partes, tanto por los beneficios propios de las posibilidades que constituyen para ser usados como plataformas de crecimiento económico.
Ejemplos
En el documento, se realzaron por ejemplos las bajas de tasas para algunos impuestos entre ambos países y la exención del impuesto adicional para servicios tecnológicos de software, transadas entre ambos países, quedando solo afectas al IVA al tocar suelo nacional.
También fue abordado el efecto del convenio como una suerte de certificación del valor agregado de Chile a nivel regional, como un sello de calidad que llama a la inversión en el país, lo que pone sobre la mesa la posibilidad de convertir a Chile en un hub de inversión en Sudamérica. Esto se conjuga con la amplia red de tratados con los distintos países del cono sur, sumado a su estabilidad jurídica y gestión regional.
El beneficio más potente, dijeron los autores del estudio, recae en los inversionistas inbound, a quienes se les aliviana la carga tributaria con el convenio, teniendo un cambio en la tasa de interés de un 23,90% a un 10,96%, lo que se suma al ajuste en las pólizas relacionadas a servicios y seguros, regulando la norma chilena, con una baja de un 22% a un 5%.
En temas de mejora, el consenso está en la oportunidad de pulir el lenguaje tributario de las partes, con el fin de evitar que sean necesarios, por parte de las entidades chilenas, documentos apostillados para demostrar el pago de tasas en Estados Unidos, y que estas no tengan un “doble cobro” al llegar a Chile.
Otro ejemplo de esta problemática está directamente relacionado al uso de las asociaciones como partnerships, estructuras de inversión muy comunes en Estados Unidos, las cuales no son reconocidas en Chile, lo que traba que se acojan al tratado para acceder a una reducción de tasas.
Donde también se identifica un espacio de mejora es en la regulación de los fondos de inversiones chilenos, los que según la actual normativa del SII no deberían acceder a los beneficios del tratado, ya que estos no están integrados como el resto de los residentes en temas de tributación.
En cuanto a proyecciones, el estudio tomó el ejemplo de República Checa e Irlanda, países equiparables en cuanto a PIB per cápita con el de Chile hoy, los cuales luego de firmar sus respectivos convenios con Estados Unidos en los años 90, registraron una importante expansión del PIB en sus economías.
En cifras, Irlanda se expandió un 1,7% y República Checa 2,8%, ambos alcanzados durante el año en que entró en vigor el convenio con los norteamericanos. Chile, por su parte, registró un crecimiento del 2,6% el año en que entró en regla el tratado.
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