La negociación política para revivir la norma que permite la flexibilización del secreto bancario para investigaciones sobre crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo vive horas clave.
El Gobierno tomó la decisión de insistir con la propuesta, incorporada en el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica contra el Delito y que fue rechazada en su primer trámite parlamentario en el Senado. La normativa establece que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda podrá acceder a la información financiera de los investigados sin pasar previamente por la autorización de un juez.
El texto se encuentra en una nueva etapa legislativa en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo y el Legislativo acordaron crear una mesa de trabajo técnica para desenredar algunos aspectos del proyecto, siendo el principal la flexibilización del alzamiento del secreto bancario.
Este miércoles, el Ejecutivo terminó de afinar la indicación que ingresará este viernes a la citada comisión, que repone lo rechazado por la Cámara Alta.
Dicha propuesta planteaba que la UAF pudiera solicitar de forma más ágil información bancaria relevante en casos que involucraran a varias personas e instituciones (solicitudes masivas), cuando ello fuera necesario para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas a una asociación criminal.
También, en el Senado se propuso el procedimiento administrativo simplificado para que la UAF acceda a información bancaria sin autorización judicial previa, pero solo cuando sea indispensable para analizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), y acotado solo a tres supuestos: si el ROS involucra a personas jurídicas (sin derecho a la vida privada); a funcionarios públicos (por su deber de mayor transparencia); o proviene de un banco (pues en ese caso, el banco autor del ROS original ya levantó el secreto bancario).
"Este procedimiento simplificado de naturaleza administrativa estaba sujeto a controles internos y externos para evitar abusos, que incluían un control aleatorio ex post por la Corte de Apelaciones, y sanciones al mal uso, que se extendían hasta la destitución", expuso la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, a la comisión de Seguridad.
La comisión de expertos es encabezada por Sergio Mancilla (que representa a la diputada Gloria Naveillán), además de Juan Peña (por Juan Leiva), Catalina Delgado (por Jorge Alessandri), Harold Correa (por Andrés Jouannet), Luis Felipe Parraguez (por Lorena Fríes); Juan Ignacio Gómez y Fiorella Romanini (por Andrés Longton) y Juan Pablo Meier (por Cristián Araya); además de Consuelo Fernández y Katherine González por el Ministerio de Hacienda, y Elisabeth Matthei por la Segpres.
Los reparos de la Corte Suprema
Eso sí, la enmienda que presentará el Ejecutivo incorporará algunos ajustes para recoger algunas observaciones de la Corte Suprema, que ingresó un informe con su opinión en enero de este año.
Por ejemplo, en dicho reporte, el máximo tribunal señaló que la instauración de un sistema de control aleatorio de las actuaciones de la UAF parece "distar" de las atribuciones que son propias de la jurisdicción, "asimilándose más bien a un rol de auditoría que se acerca más al ámbito de la administración, aspecto que ha de ser analizado con detención con el fin de salvaguardar el rol del juez. Esto es, resolver los asuntos que lleguen a su conocimiento y que sean de su competencia".
La Suprema, eso sí, destacó que las nuevas disposiciones regulan de manera específica la facultad excepcional de la UAF para solicitar información bancaria sin autorización judicial previa en ciertos casos, estableciendo medidas de control y transparencia que "procuran reducir los riesgos de arbitrariedad".
"Asimismo, se consolidan estándares adicionales de rendición de cuentas, como la obligación de publicar anualmente estadísticas sobre el uso de estas facultades, contribuyendo a la supervisión pública", cerró el Pleno.
SII arremete
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, entró de lleno en el debate sobre el secreto bancario, justo en momentos en que la entidad colaboró junto al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) en el desmantelamiento de una red financiera ligada al Tren de Aragua, la cual logró mover más de US$ 13 millones en activos provenientes de actividades ilícitas y que fluyeron a través del sistema financiero formal de nuestro país.
Luego de participar en la cuenta pública de la Tesorería General de la República este miércoles, el ingeniero señaló a Diario Financiero que el hecho -en el que colaboró a través de la nueva Unidad de Crimen Organizado del servicio- pone mayor urgencia a la discusión sobre flexibilizar el alzamiento del secreto bancario.
"Yo creo que Chile va en esa dirección. Nosotros no podemos combatir el crimen organizado si no tenemos un acceso mucho más expedito a la información bancaria", enfatizó el directivo.
"El SII tuvo un rol muy importante, porque nosotros trabajamos de la mano con la Fiscalía, mandamos gente de Impuestos Internos en comisión de servicio a la Fiscalía a trabajar en conjunto. Entonces, cuando hay dineros que van de un lugar a otro, crean empresas, hacen negocios con otras empresas, y nosotros en nuestros sistemas tenemos a los contribuyentes, tenemos las empresas, tenemos cuándo se cambiaron las sociedades, cuándo se crearon, cuáles son las direcciones. Entonces, nosotros también tenemos toda la información de las facturas en línea. Estamos apoyando al Ministerio Público con toda esa información. Estamos yendo al corazón del tema, que es el dinero", cerró la autoridad.
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