Economía y Política
Gobierno en alerta por atribución del Congreso en financiamiento de proyectos
En La Moneda están preocupados por los costos políticos de los pasos que se deban seguir.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 30 de mayo de 2011 a las 05:00 hrs.
Por M. Helguero / A. Chávez
No habían pasado ni 24 horas desde la aprobación en el Senado del proyecto que extiende el post natal a seis meses, y en La Moneda ya se hacían crudos análisis de la jugada de la Concertación. Y es que el bloque opositor, si bien dio luz verde a la iniciativa, también rechazó el tope de las 30 UF que tendría el subsidio durante los segundos tres meses en que se amplía el permiso maternal, lo que en definitiva obligaría al Estado a costear las 66 UF que se pagan en la actualidad.
Esta situación provocó un encendido debate en el comité político que se efectuó al día siguiente de la votación, porque lo ocurrido en el Senado podría sentar un mal precedente para los futuros proyectos de ley que presente el Ejecutivo. Ello porque la Concertación podría rechazar el financiamiento o la transitoriedad de futuros cuerpos legales, como, por ejemplo, la eliminación gradual del 7% que cotizan en salud los jubilados. El temor es que si el bloque opositor replica la estrategia ocupada en el post natal, el Estado estaría obligado a eximir de este pago, de una sola vez, a todos los quintiles.
En palacio advirtieron que esta situación “es la más grave vista en 21 años” y existirían dos salidas para revertir esta jugada: recurrir al Tribunal Constitucional (TC) o que el presidente de la República, presente un veto para reponer el financiamiento original.
En los hechos, ambas fórmulas tienen “un altísimo costo político” porque, según el análisis que hacen en el Ejecutivo, el oficialismo aparecerá sí o sí impulsando proyectos de carácter social que terminan beneficiando a un pequeño porcentaje de la población. Y admiten que quedaría en evidencia que el gobierno “no está dispuesto a meterse la mano en el bolsillo”, lo que en la Concertación han insistido en llamar la “letra chica”.
De ahí la preocupación del Ejecutivo, porque saben que la oposición levantará dicha acusación, lo que traería consecuencias en los futuros sondeos de opinión pública, afectando no sólo la popularidad, sino la credibilidad tanto del jefe de Estado como del gobierno.
La salida constitucional
El requerimiento para que se declare inconstitucional el resquicio utilizado por los senadores de la Concertación, debe ser presentado al TC. Con ello, el Ejecutivo buscaría revertir la decisión de la Cámara Alta de eliminar el tope de las 30 UF, y así, reponer la propuesta orginal.
Dicho recurso debe ser presentado por el gobierno, o por un grupo reducido de parlamentarios y puede hacerse durante la tramitación legislativa de la iniciativa, que esta semana comienza a verse en la Cámara de Diputados. Si bien el gobierno aún está evaluando la presentación, existen opiniones divididas tanto en lo que respecta a la validez del paso dado por los senadores de la Concertación y los efectos que tendría el resultado de dicho proceso ante el TC.
Desde el oficialismo, el abogado constitucionalista y ex Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister, afirma que con su actuación la Concertación vulneró la facultad que tiene el presidente en materia de gasto público y seguridad social, por lo que, en este episodio, el Ejecutivo enfrenta un “momento dirimente: de ponerse firme y ocupar sus prerrogativas”, ya sea recurriendo al TC o presentando un veto, de lo contrario “acto continuo van a presentar proyectos de ley, que por ejemplo, suban los impuestos, y con la mayoría que tiene la Concertación y otros sectores se van a aprobar”.
Buchheister destaca que “aquí hay un límite que se está sobrepasando y el gobierno no debe aceptarlo”. Y admite que este tema no es fácil de explicar “ahí está la tarea”.
El ex miembro del TC y cercano a la Concertación, abogado Francisco Zuñiga, dice que desde que el proyecto se aprobó en el Senado establece topes distintos, y si bien admite que “ello tiene una incidencia financiera, ésta, a mi juicio, no transforma la indicación parlamentaria en inconstitucional”. Asimismo, señala que “si la constitucionalidad de estos temas se limitara de modo tan estricto como que el gobierno tuviese que definir financieramente cuál es el soporte de un proyecto, el Congreso se limitaría a ser un buzón”.
Zuñiga explica que “si el proyecto se aprueba como salió del Senado, el gobierno a través de Hacienda, está obligado a financiarlo, tiene herramientas para hacer reasignaciones presupuestarias para financiarlo”.
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