Este viernes cada partido de la Nueva Mayoría debería dejar en el despacho de la ministra secretaria general de la presidencia (Segpres), Ximena Rincón, sus propuestas para la nueva ley de financiamiento de las campañas políticas que el gobierno pretende enviar al Parlamento en las próximas semanas. Ello, luego de cuatro reuniones que ha sostenido el grupo de expertos electorales, designados por las tiendas oficialistas, para llevar adelante el trabajo pre legislativo en la materia.
En estas discusiones en las que han participado Víctor Maldonado (DC), René Jofré (PPD), Carola Rivero (PS), Juan Andrés Lagos (PC), Jaime Insunza (IC) y Fernando Zamorano (MAS) han surgido varios acuerdos, pero también disensos. En cuanto a los consensos, existe un diagnóstico compartido de que es necesario acabar con los aportes reservados a las campañas, pues se presta para situaciones poco claras y transparentes, como también en que se debe aumentar el aporte fiscal.
Asistentes a estos encuentros explican algunos puntos donde no existe un acuerdo total, y en donde se está trabajando más aceleradamente para encontrar finalmente nuevas fórmulas. Entre ellos, está el fin de donaciones de empresas, tema que en La Moneda genera respaldo, tomando en cuenta que era parte del proyecto de ley que impulsó en 2006 la presidenta Michelle Bachelet durante su primer mandato (ver recuadro). En ese sentido, se ha expuesto la idea de hacer una fórmula intermedia, con un fondo común de aporte privado y que éste a su vez sea repartido entre los candidatos de forma transparente. Sin embargo, hay quienes ven que esto sería mantener ese tipo de donaciones como ahora, y resultaría aún más complejo de controlar. En esa misma línea, de acabarse con el aporte de empresas, que según los últimos cálculos del Servicio Electoral (Servel) representa alrededor del 54% del ingreso para las campañas, habría que buscar cómo compensar esa merma con un mayor esfuerzo del fisco y, seguramente según comenta uno de los miembros de esta comisión, con campañas más baratas y más cortas.
En ese mismo plano, en el terreno del financiamiento, otra de las propuestas que se han discutido en estos encuentros apunta al tope máximo que debería tener el aporte de personas naturales. Para ello se barajan dos alternativas: 20UF Y 200UF. Los contrarios a la última opción exponen que ello de igual modo podría hacer, que de forma subterfugia, las empresas continúen aportando grandes sumas de dinero a las campañas, juntando a sus socios -como personas naturales- y haciendo finalmente que una empresa igualmente tenga algún tipo de “compromiso” con el candidato.
Los vacíos legales
Otro de los puntos en que hay consenso, entre los expertos, es que se debe normar el período real en el cual un candidato está en la práctica haciendo campaña. La realidad apunta que los 28 días legales no son tal, pues antes de eso los candidatos hacen “campaña encubierta”. Es que sin hacer explícito el llamado al voto, igualmente hacen uso de gigantografías, dípticos e incluso avisos radiales. En ese plano, se estudia la posibilidad de ser más estrictos en esta materia, considerando que muchas veces ese tiempo de campaña no oficial resulta clave al momento de una elección. Así, han concordado que se debe endurecer la fiscalización, pero antes de ello, se debe hacer un cambio de normativa para acabar con ese vacío legal. Y esa fiscalización, apunta uno de los expertos, tiene que ser “antes, durante y después” de las elecciones; es decir, un proceso de fiscalización permanente.
El Servel y las sanciones
Otro de los temas surgidos en estos encuentros apunta al terreno de las sanciones. En ese punto hay quienes sostienen que se deberían aumentar las penas a quienes infrinjan la ley, llegando incluso a la pérdida del escaño, propuesta que, por lo demás, también estaba contemplada en la iniciativa del 2006. Así, la idea es que los tribunales electorales tengan- bajo la nueva normativa- mayores facultades para dictar sanciones duras. Otras de los temas que se han abordado se refieren a las mayores atribuciones que tendría el Servel en el plano de la fiscalización y en el acatamiento de la ley, con mayores recursos y capital humano. Tampoco se descartaría la opción de crear un organismo independiente que lleve a cabo estas nuevas funciones.
Por su parte el gobierno quiere darle celeridad al envío de este primer paquete de medidas, y por ello incluyó de forma participativa a los partidos, convocando a esta mesa de trabajo que ya está llegando a su fin. La línea central que baraja La Moneda es que tiene que ser una ley más dura. El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, al ser consultado sobre el estado de avance señaló: “Estamos trabajando para elaborar los estándares de transparencia y probidad y para tener un marco regulatorio muy estricto respecto a la forma como se financia la actividad política”, indicó.
La naturaleza del donatario en la propuesta de 2006
En el mensaje del proyecto de ley enviado por la presidenta Bachelet en 2006 para modificar la Ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, sobre la naturaleza del donatario se establecía que:
"El proyecto de ley establece la prohibición de efectuar aportes de campaña electoral a las personas jurídicas. No existe razón alguna, salvo su evidente disponibilidad financiera, que justifique la participación de las personas jurídicas en el financiamiento político.
En efecto, las personas jurídicas no tienen derecho de sufragio; tampoco tienen, por si mismas, "opinión política"; su objeto, nunca político, es aquel que consta de sus respectivos estatutos, y no parece apropiado que la ley beneficie tributariamente estas donaciones, sobre todo cuando los ciudadanos no gozan de tal franquicia.
Por ello, el proyecto propone que sólo puedan efectuar donaciones de campaña los ciudadanos, que son los actores principales del proceso democrático".
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