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REGÍSTRATE AQUÍSegún esta organización, "las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación", que conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización.
Por: EFE
Publicado: Lunes 5 de diciembre de 2011 a las 16:00 hrs.
El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe difundido hoy por la Unesco en Santiago.
El estudio, a cargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo chileno y lo compara con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia.
Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la "debilidad" que enfrenta la legislación del país austral para hacer frente a la desigualdad.
"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo selectivos", critica el informe, liderado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz.
"No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, que precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.
Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.
Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades, señaló la Unesco.
"En Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho", explica el informe.