Abiertos a respaldar una norma que regule los grupos negociadores e, incluso, disponibles a apoyar la ampliación de los pactos de adaptabilidad, se mostraron tres de las cuatro centrales sindicales del país, en el informe de recomendaciones al proyecto de modenización laboral que el pasado viernes se presentó en La Moneda.
En el documento, elaborado por una mesa de trabajo integrada por la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los líderes sindicales analizaron cinco ejes temáticos en torno al proyecto legislativo que prepara el Ejecutivo, el cual además de actualizar el Código del Trabajo zanjará las incertidumbres generadas por la reforma laboral impulsada por el anterior gobierno.
Una de las propuestas clave del documento es la creación de una norma que regule el proceso de los grupos negociadores. Sobre este tema, los trabajadores plantearon que “deben existir y se debe regular por ley el procedimiento de negociación colectiva al cuál estos deben estar sujetos, el que no puede implicar negociar en las mismas condiciones que los sindicatos”. Esto último significa que los grupos no tendrán derecho a huelga ni fuero ni tampoco podrán extender beneficios, entre otras diferencias.
Otro aspecto abordado por las centrales fue el aporte al mercado laboral que podrán realizar dos iniciativas legales impulsadas por el Ejecutivo que se encuentran en tramitación en el Congreso: el proyecto de ley que crea un contrato especial para jóvenes estudiantes; y el proyecto de trabajo a distancia.
Sobre esto, una minuta del informe elaborado por los trabajadores dice que dichas iniciativas “podrían constituir una buena manera para atraer al mercado laboral a grupos tradicionalmente relegados del mismo, como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, así como también contribuiría a formalizar empleos que actualmente se prestan sin ninguna protección legal”.
En otro punto analizado, las centrales señalaron que “debiesen existir pactos de adaptabilidad más amplios”. De hecho, solicitaron el estudio de la posible reincorporación de aquellos vetados del proyecto original de la reforma laboral, sobre todo el relacionado con los sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso.
Las centrales sindicales también se mostraron abiertas a analizar opciones al sistema de indemnización por años de servicio, siempre y cuando se garantice la figura vigente.
En este terreno, la opción es avanzar en una creación de un esquema alternativo a todo evento.
La extensión de beneficios fue otra materia bajo estudio. Sobre esto, las centrales plantearon que esta materia debe ser una decisión del trabajador, y no de la empresa ni el sindicato como funciona actualmente.
El gobierno utilizará el documento como insumo en la elaboración del proyecto definitivo.
A la fecha, se desconoce qué medidas incorporarán definitivamente al texto legal que se prevé llegue este mes al Congreso.
Los puntos más complejos que el gobierno tendrá que negociar con la oposición
Varios son los frentes que se vislumbran de compleja tramitación legislativa si el Ejecutivo incluye las recomendaciones realizadas por la mesa técnica en el proyecto de ley de modernización laboral.
Y este escenario requerirá de negociaciones a nivel de Congreso y del mundo empresarial, ya que algunas se traducirán en un costo adicional para los empleadores.
1. Indemnización a todo evento. Cercanos al ministerio del Trabajo señalaron que al interior de la cartera son conscientes de que esta materia generará controversia al interior del mundo de los negocios. Esto, por cuanto esta medida con cargo al empleador se suma a otras iniciativas que también tienen un costo adicional para los empleadores, como son la sala cuna universal y la reforma previsional.
2. Reemplazo interno. En caso de que la administración Piñera decida reponer el reemplazo interno en caso de huelga, se deberá enfrentar a un sector importante del Congreso que defenderá el legado de la normativa impulsada por Michelle Bachelet.
Sobre este tema, es importante recordar que el proyecto de modernización laboral y todas sus aristas está siendo analizado por el exequipo laboral del ministerio del Trabajo. En este grupo participan la exministra, Alejandra Krauss, el exjefe legislativo de la cartera, Ariel Rossel, el exdirector del Trabajo, Christian Melis, entre otras exautoridades.
3. Fin de la huelga y última oferta. Otro punto que recomendó la mesa técnica, integrada por 13 expertos de diversos sectores políticos, fue modificar la forma en que termina una negociación colectiva.
Antes de la reforma laboral de Bachelet, una vez hecha efectiva la huelga, esta podía finalizar si el 50% + 1 de los trabajadores involucrados optaba por reincorporarse a sus labores, caso en el cual la última oferta del empleador pasaba a ser su instrumento colectivo. Esto se eliminó con la reforma, y ahora el grupo de expertos sugiere establecer el término total de la huelga en los casos que la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados en ella se reincorporen, así como también, establecer expresamente que el instrumento colectivo para los trabajadores descolgados será la última oferta.
Esta medida surgió para evitar casos como el de la huelga de Latam, en la que los trabajadores debieron descolgarse individualmente, quedando, además, sin un contrato colectivo vigente.
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