Sin filtro. Así podría resumirse la participación que tuvo hoy la contralora general de la República, Dorothy Pérez, en el seminario "Empleo público: el Estado en su laberinto", organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en donde abordó la crisis institucional que se desencadenó luego de que el organismo que dirige diera a conocer que miles de funcionarios públicos salieron del país estando con reposo médico.
Consultada por su diagnóstico sobre el empleo público, Pérez sinceró que desde hace mucho tiempo se pregunta por qué no se ha modificado el Estatuto Administrativo, pese a que existe un diagnóstico compartido de que este instrumento necesita modificaciones.
“Felicito y apoyo que se siga conversando de los cambios en el Estatuto, en los estatutos, porque además tenemos varios, y tantos estatutos y normas especiales que van desnaturalizando la idea original que se tuvo de cómo construir la carrera funcionaria y de cómo construir el servicio público. Tanto que termina siendo una selva muy difícil de manejar, de interpretar, de resolver las dudas y los conflictos”, planteó Pérez.
Con relación a las características que debiese considerar una posible modificación en este tema, la autoridad planteó que “hay que hacer un cambio profundo que reconozca la carrera funcionaria, que reconozca el mérito, que signifique para la función pública una dignificación en términos reales, que sea un honor, un orgullo trabajar en el sector público, y que los mejores trabajen allí”, planteó.
“Tenemos tantos estatutos y normas especiales que van desnaturalizando la idea original que se tuvo de cómo construir la carrera funcionaria”, dijo Pérez.
Licencias
En el seminario, -en el cual también participaron los investigadores del CEP, Tomás de la Maza y Sebastián Soto- se le consultó a Pérez por el polémico caso licencias, y las razones de por qué este había sido un tema que antes no se había profundizado, a lo que la contralora contestó con total sinceridad: costos.
“Es difícil tomar esas decisiones. Hacer las cosas es difícil porque tiene costos, y poca gente quiere asumir los costos. Estoy diciendo algo que también es muy evidente. Esa es la razón. Llegamos ahí porque no se han ido cumpliendo las normas en una serie de materias, y hay gente que le llama a esto el ‘buenismo’ para no pelearnos”, sostuvo.
Buscando llevarla a realizar una especie de balance, Pérez fue consultada respecto a si está satisfecha con lo que ha ocurrido luego de la serie de investigaciones de Contraloría, las que se han traducido en la realización de una serie de sumarios e indagaciones.
“Hemos entregado los reportes, y en términos de cantidad de sumarios iniciados eran más de 8.000, y la gente inmediatamente reaccionó indignada: ‘¿Pero cómo? Si eran 25.000 casos porque hay 8000 sumarios’. Y ahí nosotros quizás deberíamos explicar mejor o la ciudadanía informarse también más, de que hay sumarios agrupados. A veces un sumario revisa la situación de 30 personas que están en una situación similar. Entonces esos 8.000 sumarios corresponden más o menos a los 25.000 casos”, precisó.
En esa línea, la contralora agregó que “es verdad que la gente quiere que terminen y que tengan sanción, pero desde lo que pasaba antes, el solo hecho de que se hayan iniciado los sumarios para casi todos los casos ya es un avance”.
Con relación a los tiempos de investigación, Pérez reiteró que los sumarios no son procedimientos rápidos. “Hay muchos procedimientos, con debido proceso (...) entonces cuando la autoridad en algún momento salió a decir que en un mes tenían que estar listos los sumarios, es mejor decir la verdad, en un mes no van a estar listos los sumarios”.
Los otros temas en monitoreo
Con relación a los otros temas que está revisando la Contraloría, Pérez planteó dos temas clave: el rol de las jefaturas (y su implicancia en el efectivo cumplimiento de las normas) y la adjudicación de beneficios sociales.
“Lo que más me interesa a mí es el control jerárquico que deben hacer las jefaturas”, dijo la autoridad. Para graficar la relevancia de esto, contó lo que ocurrió en una investigación realizada en Valdivia en un centro de cuidado de menores, el cual no contaba con condiciones mínimas para su funcionamiento, como alcantarillado y calefacción.
“En Valdivia, que llueve, hace frío, no tenía calefacción, no tenía las condiciones básicas para que vivieran. ¿Cómo no iba a haber un funcionario que se diera cuenta de eso y presionara lo suficiente para poder conseguir las mejoras?”, dijo Pérez, y agregó que “no estoy hablando de los funcionarios de base que no tienen la posibilidad de hacer ese avance, pero las jefaturas, las jefaturas ganamos remuneraciones suficientemente importantes como para poder hacernos cargo de las labores que tenemos. Tenemos que ganarnos esos sueldos. Así lo pienso yo”.
Con relación a los beneficios sociales, Pérez adelantó que están investigando la entrega de ayudas a personas que no cumplen con los requisitos.
“Estamos revisando mucho la entrega de los beneficios, porque queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables. Y hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel y entonces, sin embargo, están recibiendo beneficios sociales que son para personas que están en situaciones desmedradas”, adelantó.
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Carolina León
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