A paso lento pero seguro avanza en el Senado la discusión del proyecto de ley que regula las desvinculaciones, que en la gran y mediana empresa, involucren al 10% o más del total de la planilla de una empresa.
La propuesta, cuyo objetivo apunta a establecer que los empleadores deban iniciar un proceso de consulta con las organizaciones sindicales previo a la implementación de los despidos, con la finalidad de abordar medidas para reducirlos o atenuar sus consecuencias, ya se posicionó como uno de los temas claves de la comisión de Trabajo del Senado, la cual ya ha invitado a diferentes actores para plantear sus observaciones y preocupaciones.
De hecho, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, se encuentra monitoreando el avance de su debate.
“Los despidos masivos producen no solo un daño en los ingresos de una familia, sino que también un impacto social relevante, por eso es materia de preocupación del Gobierno”, dijo hace unos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, agregando que “vamos a presentarle indicaciones a la propuesta”.
Las distintas observaciones
Además del Gobierno, el cual ya manifestó su respaldo al proyecto, la comisión ya ha escuchado los planteamientos e inquietudes de algunos actores y empresas, entre ellos a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la cual criticó la propuesta.
El encargado de llevar a la comisión la opinión del gremio industrial fue el director de políticas públicas de Sofofa, Rodrigo Mujica, quien planteó como primer punto que en el actual contexto económico, “resulta fundamental” que las políticas públicas estén orientadas a aumentar la productividad y potenciar el crecimiento económico, en la creación de más empleos y en disminuir la informalidad laboral, además de avanzar en flexibilidad y adaptabilidad necesarias para incrementar la productividad.
Por ello, a su juicio, el proyecto -impulsado por los senadores socialistas Isabel Allende, José Miguel Insulza, Gastón Saavedra, la PPD Loreto Carvajal, y la representante de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda-, avanza “en la dirección contraria, ya que el rigidizar los procedimientos de despidos incrementará la rigidez del mercado laboral, lo que a su vez tendrá un impacto en la productividad”.
Desde su perspectiva, la regulación propuesta, además de aumentar las trabas y costos de la regulación actual “no se encuentra justificada, y parece innecesaria y contraproducente a los desafíos actuales del mercado laboral”.
Con todo, el experto sí se mostró de acuerdo en que las empresas sí deben tener la capacidad de adaptarse al cambio y que los trabajadores cuenten con oportunidades de capacitación continua y de calidad para nuevos empleos.
En esa línea, planteó que es de especial relevancia crear sistemas de orientación para la reconversión laboral basada en habilidades.
Quienes también han sido invitados a entregar sus observaciones son el abogado y académico de la Universidad de Chile, Luis Lizama, y el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz.
En el caso de Lizama, el experto criticó la falta de precisión de algunos objetivos de la propuesta, ya que, por ejemplo, no se detalla qué ocurrirá con los empleadores que se nieguen a realizar la consulta y conversaciones con sus sindicatos. “No hay consecuencia jurídica”, dijo.
En su opinión, en este debate se podrían tomar en consideración algunas de las medidas excepcionales que se implementaron durante la pandemia, como la Ley de Protección del Empleo, la cual permitía a las empresas -que no podían operar- suspender la relación laboral y reducir la jornada laboral, traspasando costos al seguro de cesantía.
Albornoz expuso una visión en una línea similar. “Hay que precisar que la consulta que propone el proyecto, desde el punto de vista jurídico, no es una negociación como tal”, dijo.
Según su parecer, es relevante que en este debate se discuta en torno a la reconversión y a la polifuncionalidad laboral.
También planteó la necesidad de considerar a los trabajadores sin afiliación sindical. Estas, advirtió, “quedan prácticamente sin ningún tipo de posibilidad de accionar colectivamente. Creo que los trabajadores deberían tener una instancia, una comisión que los represente ante el empleador de modo que no queden dispersos en un mero grupo que no tiene orgánica”, comentó.
La aerolínea Sky también es parte de los actores que ya han sido escuchados por los senadores.
Respecto al tema, el abogado de la firma, Juan Anaya, planteó que los procesos de consulta con los sindicatos no se pueden estandarizar, ya que dependerán de la realidad de cada firma.
“Los plazos también son importantes. Son negociaciones complejas, y tener 45 días hábiles de consulta -que es el periodo que propone el proyecto- pueden ser complejos en una situación donde hay que asegurar la continuación de la operación”, argumentó.
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