Nuevas cifras relacionadas a la Ley de Protección del Empleo (LPE) entregó el pasado lunes la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ante la comisión del ramo del Senado, en el marco de la discusión del proyecto que busca extender la citada normativa hasta diciembre de este año y que hoy fue despachado a segundo trámite por el Senado.
De acuerdo a los datos entregados por la secretaria de Estado, 117.885 empresas han registrado solicitudes de suspensión ante la AFC. De dicha cifra el 98,6% corresponde a Mipyme y el 1,4% son grandes empresas.
En esa línea, desde que la norma entró en vigencia, 767.601 trabajadores han estado afectos a la suspensión de sus contratos de trabajo.
Sin embargo, según explicó Zaldívar, de dicha cifra, sólo 93 mil suspensiones se encuentran vigentes.
"La gran mayoría de los trabajadores con suspensiones vigentes están recibiendo los giros 9° y 10° con cargo al FCS y es por eso que es tan importante no solo que se siga permitiendo la suspensión, sino que también aumentar los giros para estos trabajadores", sostuvo Zaldívar.
Según expuso la ministra, durante los primeros 17 días de enero de 2021 se han incrementado en 2,1% las solicitudes de suspensión en comparación con diciembre 2020 (registrando 10.987 solicitudes de suspensión), lo cual según Zaldívar se condice con el endurecimiento de las restricciones del "Plan Paso a Paso".
"En estos días llevamos prácticamente la misma cantidad que todo el mes de diciembre, lo que nos dice que esta herramienta sigue siendo muy importante", agregó la ministra.
Detalle del proyecto
En términos simples, la propuesta -que fue despachada a la Cámara de Diputados para seguir con su segundo trámite- busca permitir que hasta octubre 2021 el Ejecutivo, por medio de uno o más decretos supremos, pueda extender la vigencia de las normas de la suspensión por hasta un máximo de 9 meses, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2021.
La propuesta legal también contempla que el Gobierno pueda permitir hasta un máximo de 9 giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores.
La propuesta, además, también busca extender la vigencia de la Ley 21.263, la cual flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo con motivo de la pandemia, y perfecciona los beneficios de la ley 21.227, también por un plazo de 9 meses, es decir hasta el 6 de diciembre de 2021.
Por último, el proyecto en discusión también busca extender hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y Dipres emitan el informe para determinar eventual derecho a retribución adicional de la AFC.
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