Una cautelosa primera impresión sobre el nuevo paquete de indicaciones al proyecto de ley de sala cuna -que presentó el Gobierno hace unos días- entregó la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
“Es muy importante que haya un ánimo de legislar, en el sentido de que el proyecto de ley de sala cuna viene postergándose por 20 años, y hay un diagnóstico compartido de que seguir con el artículo del Código del Trabajo, el 203, es un perjuicio para la contratación de mujeres”, dijo inicialmente la dirigenta gremial.
Las indicaciones del Gobierno buscan crear un Fondo de Sala Cuna, el cual será financiado con una cotización de cargo al empleador de 0,3% de la remuneración de cada persona contratada en la empresa, un porcentaje levemente mayor al 0,2% propuesto inicialmente por la administración de Gabriel Boric. Propuesta que, además, contempla una reducción en el aporte que los empleadores realizan en las cuentas individuales de los trabajadores en el seguro de cesantía.
Si bien Jiménez no calificó la fórmula de financiamiento como buena o mala, sí planteó que el tema le genera preocupación, por el impacto que podría tener en las empresas y en la generación de empleo.
“Estamos en una situación laboral de alta estrechez, con alto desempleo, ya más de dos años y medio, con una informalidad que no cede, con baja creación de empleo y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con cómo esto puede impactar a la actividad productiva y en particular a la generación de empleo”, dijo, y agregó que esto “es un foco de preocupación, porque creemos que en la medida que este proyecto se pueda acotar a sus objetivos iniciales, podría haberse financiado con una compensación del seguro de desempleo y con aportes del Estado”.