Cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, informó hace diez días que el gobierno enviaría reformas a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar, estaba dando un claro indicio de que la estrategia para enfrentar la huelga de hambre de los mapuches había cambiado.
El anuncio, que repentinamente puso el tema en el primer lugar de la agenda, sorprendió no sólo a las autoridades relacionadas con el caso, sino también a los políticos de todo el espectro, e incluso al mundo de los comuneros que protagonizan la protesta.
Es que hasta ese momento, la posición aparentemente indeclinable del gobierno, era que no estaba dispuesto a ceder a ninguna de sus exigencias, menos bajo presión.
Prueba de ello fue que tras el comité político del lunes 30 de agosto, en que se analizó la situación, el acuerdo fue hacer un llamado a los huelguistas a deponer su actitud, como asimismo a deslindar la responsabilidad, recordando –como lo hizo la vocera Ena von Baer- que había sido el gobierno de la presidenta Bachelet el que invocó la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas de los mapuches.
Esa era la postura compartida que, además, en forma paralela, distintas autoridades habían transmitido privadamente a diferentes emisarios, como lo hizo el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, frente a un llamado del jefe de la Pastoral Indígena, el obispo Manuel Camilo Vial, pidiéndole que el gobierno interviniera, con el argumento de que la salud de los huelguistas había entrado en una etapa crítica.
Pero de pronto de produjo un giro, cuando el presidente Sebastián Piñera, en dupla con su ministro del Interior, optó por imprimirle otra dinámica al problema, mostrándose abierto a acoger, al menos en parte, algunas de las demandas de los mapuches.
La decisión de introducir cambios a aquellas leyes que los huelguistas piden que no se les apliquen, fue la carta que decidió jugar Piñera con el propósito de tratar de solucionar el problema.
Pero aun cuando el anuncio -que se concretó esta semana con el envío al Congreso de las reformas legales- encontró cierta acogida en los huelguistas o sus representantes, no fue suficiente para que depusieran su acción, ni tampoco para acallar a los políticos opositores, jugados para que se instale una mesa de diálogo. Ello, mientras paralelamente la propuesta abría un nuevo flanco desde las propias huestes del oficialismo, con distintas voces cuestionando, básicamente, las implicancias que tenía legislar como respuesta a exigencias de grupos de presión.
Conscientes de que estaban jugando una carta difícil, en el gobierno optaron por buscar otros caminos que colaboraran en la solución, pero sin ceder a las presiones ni de uno ni de otro sector. Fue así como el presidente no se allanó a la idea de conformar una mesa de diálogo, pero tampoco aceptó dilatar el trámite a las modificaciones legales que podrían favorecer a los comuneros indígenas en huelga de hambre.
Con un discurso más firme, en paralelo a la intervención de las iglesias –en particular de la jerarquía católica- en La Moneda se mantienen confiados en que podrán desactivar la verdadera bomba de tiempo que la protesta mapuche instaló en el gobierno, aunque saben que la operación no está exenta de serias dificultades.
Las razones
Pese a que el movimiento de los comuneros presos se inició hace dos meses –luego de que el cubano Guillermo Fariñas depusiera su huelga de hambre y Chile se mostrara dispuesto a acoger a los disidentes- en el entorno presidencial reconocen que la situación comenzó a preocupar cuando la salud de algunos de los huelguistas pareció deteriorarse. El riesgo de que si uno de ellos moría, fue determinante para que Piñera decidiera que debía asumir una actitud más proactiva con el fin de tratar de poner fin al conflicto.
Centrando el problema en la importancia de la vida, él mismo asimiló su actitud con la que adoptó en el caso de los mineros, al expresar que lucharía con la misma fuerza que lo hizo en esa situación, para salvar la vida de los mapuches en huelga de hambre.
Pero además de la legítima preocupación por la salud de los manifestantes, pesó especialmente en su decisión de tomar la ofensiva, la posibilidad de que -muriera o no un manifestante- el conflicto terminara opacando los festejos del Bicentenario si no se le ponía fin.
Y no sólo eso. En Palacio confiesan que el análisis tampoco desestimó el riesgo para el deterioro de la imagen internacional, teniendo en cuenta el interés que concita la situación en el exterior, como lo confirma el que distintos organismos, especialmente de la ONU, hayan emitido informes manifestando su preocupación frente al problema, específicamente por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Y como Piñera hace su debut este mes en la Asamblea General, otro elemento que se consideró fue que esta situación no podía empañar su presencia en Nueva York, donde incluso se arriesgaba a manifestaciones de representantes de pueblos originarios del resto del mundo.
Acelerando el ritmo
Fue en ese contexto en el que se tomó la decisión de dar un giro donde el gobierno apareciera tomando la ofensiva para encontrar una solución, tema que se analizó en profundidad el martes 31 en una reunión en que participaron los ministros Hinzpeter y Larroulet, donde el propio presidente –luego de recibir un informe en la víspera de abogada Pamela Pereira, en un encuentro con el Instituto de Derechos Humanos- planteó la posibilidad de proponer algunas modificaciones legislativas que apuntaran a poner fin a la protesta del grupo de mapuches.
La primera conclusión fue agilizar las reformas a la Justicia Militar, lo que presentaba inconvenientes, puesto que como formaban parte del programa de gobierno, estaban en estudio en los ministerios de Justicia y Defensa. Pero como la principal demanda apuntaba a la aplicación de la Ley Antiterrorista, tampoco se descartó estudiar algunos cambios, en especial los referidos a la definición del delito o a sus penalidades que, en algunos casos como el incendio, podían considerarse excesivas.
La idea estaba acordada, pero fue el anuncio del ministro Hinzpeter esa misma tarde, el que le dio una otra dinámica a la estrategia diseñada por el Ejecutivo.
Es cierto que dicho anuncio -desconocido tanto por Larroulet, como por los otros ministros relacionados con el tema, o por el Intendente que estaba a cargo de manejar el caso- generó cierto ruido interno, pero simultáneamente aceleró el ritmo a la búsqueda de la solución a un problema que escalaba con fuerza.
En los hechos, la arremetida del titular de Interior obligó, por una parte, a agilizar el estudio de los cuerpos legales, pero además, a multiplicar las gestiones tendientes a impedir que la bomba estallara.
Con esa expectativa, mientras se tendían puentes informales con los representantes de los mapuches por intermedio de personeros de la Iglesia –como algunos jesuitas, que los contactaron con dirigentes políticos del oficialismo- el propio Piñera reunió a los presidentes de todos los partidos políticos en la idea de que éstos respaldaran su propuesta.
La idea era que después de ese encuentro, con los presidentes desde el PC hasta la UDI alineados, la solución pudiera entrar en la recta final.
Pero no fue así. Porque si bien hubo consenso en que las medidas tendían a buscar una salida, el rechazo de los mapuches que las consideraron insuficientes, impulsó a la oposición a insistir en la conformación de una mesa de diálogo, mientras en el oficialismo se mantenía la resistencia a legislar bajo presión, básicamente por el precedente que implicaba.
En ese escenario, mientras el ministro Hinzpeter se encargaba de convencer a los parlamentarios de su coalición de que entendieran que las autoridades no podían permanecer indiferentes ante una situación que cada vez se tornaba más delicada, el propio Piñera endurecía su discurso, diciendo que el gobierno debía saber soportar una presión que era ejercida por medios ilegítimos.
Claro que conscientes de que las reformas legales no serían suficientes -e incluso podían ser tardías- en forma paralela a la tarea de persuasión con el oficialismo para que no fuera obstáculo a una solución, desde La Moneda se aceleraron las gestiones con la Iglesia Católica, a fin de que asumiera un papel protagónico en el conflicto que progresivamente aparecía más amenazante.
Finalmente, la Iglesia Católica -luego de que antes lo hicieran los evangélicos- accedió a involucrarse, aunque tal como precisó el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, no actuarían como mediadores, sino colaborando en la búsqueda de una solución. En esa línea, su primer llamado -además de pedirles a los mapuches que depusieran la huelga- apuntó a que el gobierno hiciera gestos concretos urgentes para que destrabar el problema.
Las esperanzas de las autoridades apuntaban a que la Iglesia, dada su autoridad, pudiera sustituir a la mesa de diálogo que el presidente ha resistido a conformar con el argumento de que si accede y los mapuches no deponen la huelga, se estrechan los márgenes de maniobra para resolver el conflicto. Pero desde el momento en que la presión comienza a llegar al extremo de que cuatro diputados se sumaron a la huelga de hambre hasta el establecimiento de dicha instancia, los caminos de solución comienzan a agotarse.
Ese es el difícil trance frente al cual el gobierno espera contar con la colaboración de la jerarquía de la Iglesia, como el último recurso en la difícil operación que puso en marcha para desactivar la bomba mapuche.
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