El jueves de la semana pasada, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) recibieron un insumo clave de cara al diseño de la Ley de Presupuestos 2026: el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, integrada por cinco especialistas que entregaron 34 propuestas para contener el alza de los desembolsos del Estado y reducir el nivel de gasto en cerca de US$ 2.000 millones por año en el mediano plazo.
De las medidas expuestas, 16 tienen el potencial de generar ahorros de gasto público, destacando ideas como mejorar la focalización de la política social; ajustar los mecanismos para expandir la gratuidad en la educación superior; y condicionar la entrega de recursos para programas mal evaluados, entre otros.
Por otro lado, 18 propuestas tienen el potencial de generar contención en el gasto público, resaltando el reducir la flexibilidad que permite aumentar el nivel del gasto aprobado en la ley; un menor gasto fiscal ante subejecución de inversión; y la sustitución de la “provisión republicana” por facultades de reasignación presidencial.
El documento de la comisión, de 66 páginas, incorpora el diagnóstico y las razones de fondo para algunas de las principales medidas de la comisión, como por ejemplo el fusionar o terminar con algunos programas o servicios públicos cuyas funciones ya están cubiertas por otras entidades.
Aquí, una de las ideas más llamativas es reubicar funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), considerando la nueva naturaleza que tiene el Ministerio del Interior como ente coordinador del Gobierno Central.
Así, entre las funciones que podrían pasar hacia Interior, la comisión identifica a la vocería, la desconcentración regional, los programas y las atribuciones asociadas con participación ciudadana.
El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) es otro de los organismos cuyas funciones podrían traspasarse a otros similares.
Según la comisión, la oferta programática del instituto es limitada, y la mayor parte de los bienes y servicios que el Estado ofrece a los jóvenes en general no dependen de esta repartición, ya que los ministerios de Educación, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Deporte, y/o servicios públicos como Senda tienen una mayor incidencia programática en los jóvenes.
“Del presupuesto del Injuv, casi un 80% corresponde a gastos en personal, activos no financieros y bienes o servicios de consumo, dando cuenta que limitados recursos consideran bienes y servicios finales”, justifica la comisión para traspasar sus funciones, por ejemplo, a la Subsecretaría de la Niñez y al Instituto Nacional del Deporte (IND).
En Educación, la comisión apunta a los denominados Departamentos Provinciales de Educación (Deprov), que tendrían funciones similares a los actuales Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), como la gestión pedagógica, administrativa y financiera de los establecimientos, lo que no justificaría su existencia.
A ojos de la comisión, la oferta programática de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) podría integrarse con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), ya que ambas persiguen lo mismo: fortalecer las autonomías y el ejercicio pleno de derechos de las diversidades de las mujeres. Eso evitaría duplicidades y generaría ahorros para el Fisco, según el grupo de especialistas.
Los ajustes al Estatuto Administrativo
Una de las medidas más ambiciosas que pone la comisión sobre la mesa se relaciona con modificar el Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, bajo la premisa de contar con un sistema con “mérito en el ingreso”, progresión por desempeño, movilidad interna y mecanismos “transparentes y efectivos” de término de relaciones laborales.
Por ejemplo, se propone establecer que el ingreso al sector público en calidad de contrata sea por concurso, lo que ya ocurre con las plantas, y mandatar a los servicios a reportar contrataciones y desvinculaciones publicándolas de manera accesible; la separación entre funcionarios de confianza del Gobierno de aquellos funcionarios públicos de la administración de carácter permanente; y permitir la movilidad horizontal de funcionarios públicos entre organismos del Estado, permitiendo que las vacantes sean cubiertas por personal de otros servicios sin perder su antigüedad ni derechos.
También, la comisión sostiene que se deben revisar los múltiples sistemas de incentivos vigentes en el Estado, con “especial atención” en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y los mecanismos de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC).
“Junto con una racionalización de los mecanismos, es necesario revisar y reformular el porcentaje de los componentes variables, reformular los tramos de cumplimiento y transparentar el componente base de manera mensualizada”, sostiene el equipo.
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