La situación de la deuda pública ha estado en el centro del debate respecto al deterioro de las arcas fiscales, que han visto un nivel de acreencias brutas empinarse hacia niveles no vistos desde inicios de los 90.
A junio, la deuda bruta del Gobierno Central representó un 41,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel no visto desde 1991, aunque el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) recalcan que para este año se alcanzará el menor aumento en las últimas dos décadas respecto al año previo.
Otra óptica de dicho fenómeno es el nivel neto de la deuda del aparato estatal. O sea, descontándole el nivel de activos que posee el Fisco, como reservas y los fondos soberanos.
Según datos de Teatinos 120 a marzo de este año -las cifras más recientes-, la deuda neta total del Fisco representó un 26,6% del tamaño de la economía, un incremento de seis décimas respecto al cierre del 2024.
En términos anuales, nuevamente el nivel de acreencias netas se ubica en niveles no vistos desde 1990, cuando la proporción se situaba en 30,3% del Producto.
A marzo de 2025, la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó los $ 132.193.544 millones (US$ 136.422 millones al tipo de cambio actual), equivalente a 41,7% del PIB, lo que implica un aumento de la deuda nominal de $ 2.399.276 millones (US$ 2.476 millones) con relación al stock mantenido a diciembre de 2024.
En igual período, según explica el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública de Hacienda, las inversiones en activos financieros alcanzaron los $ 47.917.240 millones (US$ 49.450 millones). En términos relativos, dicha cifra equivale al 15,1% del PIB, 0,5 puntos porcentuales menor a lo registrado en diciembre de 2024.
Así, la disminución de los activos financieros como porcentaje del PIB implicó una posición deudora neta del Gobierno Central de $ 84.276.304 millones (US$ 86.972 millones), que equivale al citado 26,6% del Producto.
Chile fue acreedor neto durante prácticamente una década, cuando el nivel de activos superó la deuda bruta todos los años entre 2005 y 2016. Desde entonces, la posición neta ha empeorado de forma consistente, alcanzando su nivel más alto al cierre del primer trimestre.
Panorama para las empresas del Estado
El informe del Ejecutivo no solo se adentra en la deuda neta del Gobierno Central en su conjunto, sino que también entrega una mirada respecto de la situación patrimonial de las empresas propiedad del Estado.
Así, los datos a julio dan cuenta de una caída en la proporción de pasivos financieros netos de las compañías como porcentaje del PIB, al ubicarse en 9,7% en el primer trimestre. Esto implica una baja de cuatro décimas en relación al cierre del 2024.
De esta forma, el indicador se estabiliza en torno a sus niveles más altos de la serie que comienza en 1990. En los últimos 20 años, de hecho, el nivel de pasivos netos se ha duplicado en su ratio a PIB.
En el resultado, incidió la reducción de tres décimas del nivel de pasivos financieros (deuda bruta) de las firmas estatales, al ubicarse en 10,6% del Producto. Los activos financieros, por su parte, no variaron y se mantuvieron en 0,8% del PIB.
El informe incluye información complementaria sobre pasivos y activos financieros de las empresas del Estado, así como sobre el stock de bonos de reconocimiento no liquidados. Por tratarse de pasivos, activos y obligaciones de naturaleza diferente a los considerados bajo el concepto de “deuda pública”, y en concordancia con las prácticas comúnmente aplicadas a nivel internacional, dichas estadísticas se presentan de manera independiente y complementaria, sin consolidarlas con las estadísticas sobre deuda del Gobierno Central y del Banco Central.
"Este criterio permite enriquecer la información disponible sin distorsionar las comparaciones que a nivel internacional pueden efectuarse en materia de endeudamiento público", explica el reporte de Hacienda.
"Cuando los indicadores de deuda son relativamente bajos, como es el caso actual para la gran mayoría de las empresas públicas, el endeudamiento de éstas corresponde a obligaciones con cargo al patrimonio de cada corporación. Estas obligaciones son respaldadas en proyectos de inversión en ejecución, cuyo servicio debe financiarse con el resultado operacional de dichas empresas en el futuro, no comprometiendo el crédito público, salvo en el caso de endeudamiento con garantía estatal que se identifica separadamente", complementa el análisis de la cartera.
En aquellos casos excepcionales en que los activos financieros no son suficientes para garantizar la deuda de las empresas públicas a un costo financiero razonable, el Fisco ha procedido a garantizar parte de su deuda. A marzo de 2025, la deuda garantizada total alcanzó un 2,2% del PIB, una décima mayor al cierre del 2024, correspondiente en su totalidad a deuda garantizada emitida internamente.
De este total, un 26,4% corresponde a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), un 34% al Fondo de Estabilización Tarifaria, un 32,9% a la garantía estatal al financiamiento de la educación superior, y un 5,2% a Metro S.A.