Dirección de Presupuestos refuerza las áreas estratégicas de cara a un “desafiante” 2021 con más presiones de gasto
Matías Acevedo reclutó a Mauricio Carrasco como jefe de Estudios y a las economistas Ingrid Jones y Valeria Signorini para la división que calcula los niveles de sobregasto. Habrá nuevas evaluaciones de desembolsos del Fisco y programas estatales con objetivos similares.
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En la Dirección de Presupuestos (Dipres) están conscientes del “desafiante” año que comienza, donde asoman en el horizonte el proceso de recuperación económica, la ejecución de los planes de apoyo fiscal -de la mano del acuerdo que creó el fondo Covid por US$ 12.000 millones-, la elaboración del Presupuesto 2022 -que ejecutará la próxima administración- y continuar la modernización de la gestión estatal, con el foco en afinar las medidas de austeridad y ampliar las evaluaciones del nivel de gasto operativo en el Estado.
Con esta meta, el director de Dipres, Matías Acevedo, realizó una reestructuración de áreas clave de la entidad. Así, cerró el fichaje del estratégico cargo de jefe de Estudios con la llegada del economista Mauricio Carrasco, quien reemplazará a Cristóbal Gamboni. Este último “cruzó el pasillo” a Hacienda como coordinador macroeconómico del ministro Rodrigo Cerda.
Carrasco es economista agrario y magíster en Macroeconomía Aplicada de la UC. Llega desde Econsult, donde fue economista jefe, y también cuenta por pasos por el Banco Central y CorpResearch. El área de Estudios de la Dipres le entrega los principales insumos al director para la toma de decisiones y el diseño de los informes financieros de los proyectos de ley, incluyendo análisis y proyecciones macro.
En la misma línea, Acevedo instruyó una división del Área Microeconómica del Departamento de Estudios, la que está a cargo del análisis de las iniciativas legales que generan presión de gasto fiscal de los distintos ministerios.
Se separaron las funciones productivas y sociales con miras a darle un enfoque “especializado” a los análisis en cada una de las materias, creando dos nuevas coordinaciones a cargo de dos mujeres: por una parte, la economista y magíster de la U. de Chile, Valeria Signorini, asume como coordinadora de Políticas Sociales del Área Microeconómica, mientras que la ingeniera de la U. de Valparaíso y máster en Economía de Memorial University of Newfoundland, Ingrid Jones, se hará cargo del rubro Sector Productivos y Empleo.
Adicionalmente, Acevedo fichó al periodista David Lefin como nuevo jefe de Comunicaciones. Periodista de la Usach, con diplomado en Finanzas y Gestión Pública de la U. de Chile, ya había ocupado el mismo cargo entre 2012 y 2014.
Austeridad y evaluación de gasto “con lupa”
El 2020 fue intenso en la institución, en un ejercicio marcado por la pandemia.
De hecho, según su balance, se tramitaron cerca de 30 proyectos de ley y se implementaron más de 50 medidas que significaron movilizar recursos por cerca de US$ 30.000 millones (10% del PIB) para enfrentar la pandemia.
De cara a 2021, Acevedo señala que la entidad buscará profundizar la línea de mejorar el gasto público, con nuevas revisiones de desembolsos y medidas de austeridad “sostenibles” para atender las “múltiples necesidades de las familias chilenas”.
En lo que es evaluación, se incorporará un nuevo instrumento que apunta a evaluar conjuntos de programas que abordan problemáticas similares. También, en el período se terminarán evaluaciones sectoriales en dos áreas de política pública: el apresto y habilitación laboral para mujeres y la promoción de exportaciones, con metodología desarrollada en conjunto con el BID.
El erario del 2022 será uno de los principales desafíos de la repartición. Acevedo espera que el próximo Presupuesto apunte a “priorizar las urgencias de los chilenos para la fase de recuperación e iniciar el camino para la convergencia fiscal, definido en el acuerdo político del Plan Covid de junio del año pasado”.
“Esto, en línea con el desarrollo que tenga la pandemia y el desempeño que se espera para la economía”, asegura, recordando que el Parlamento le entregó la flexibilidad al Ejecutivo para readecuar los recursos en caso de que la situación sanitaria y económica empeore.