En el argot del póker, el término “blufear” hace referencia a intentar engañar al oponente con una amenaza cuya probabilidad de materializarse es baja.
Eso pensó que estaba ocurriendo la semana pasada el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al enterarse de la amenaza de Chile Vamos y Republicanos de rechazar la mayoría de las partidas del proyecto de ley de Presupuestos 2026, en el marco de la siempre tensa y larga comisión especial mixta. Pero se equivocó.
En la mixta se rechazaron 29 de las 33 partidas presupuestarias. El Gobierno está a contrarreloj negociando, ya que el 17 de noviembre se retomará el trámite y el 29 de este mes es la fecha límite de despacho de la ley.
Y así lo reconoció este domingo, cuando dijo que pensaba que la oposición “blufeaba” cuando anticipaba un rechazo masivo al erario, lo que finalmente desembocó en una inédita jornada de miércoles con la caída de 29 de las 33 partidas del proyecto, lo que obliga al Gobierno a buscar un acuerdo en un tiempo récord, ya que recién el lunes 17 de noviembre se retomará la discusión del texto, ahora en la Sala de la Cámara de Diputados.
Tradicionalmente, en la mixta –que suele extenderse entre tres a cuatro días-, el Gobierno y el Parlamento logran avanzar en una suerte de protocolo de acuerdo para destrabar el Presupuesto, con consensos incipientes que luego se materializan en un texto definitivo.
Aquello no ocurrió la semana pasada, por lo que este lunes Grau comenzó la misión cuesta arriba de allanar un acuerdo con las fuerzas opositoras y oficialistas antes de que se retome el trámite en la Cámara, considerando que le restarán apenas 12 días para despachar al texto.
La fecha límite para que el Presupuesto sea ley es el sábado 29 de noviembre. En caso contrario, regirá el proyecto enviado por el Ejecutivo el 30 de septiembre, que contempla un crecimiento del gasto público de 1,7% en 2026.
Pasadas las 18 horas de la jornada de este lunes, Grau recibió en su despacho en Teatinos 120 - junto a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez- a senadores de oposición integrantes de la comisión especial mixta y de la comisión de Hacienda, para discutir las bases de un potencial consenso.
A la cita, que se extendió por alrededor de dos horas, acudieron la senadora y presidenta de la comisión especial mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas), sus pares de la UDI Javier Macaya, de RN Rodrigo Galilea, y de Evópoli Luciano Cruz-Coke, además del diputado gremialista e integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso.
En la reunión, se le hizo entrega a los legisladores de una minuta con más detalles respecto de las provisiones que trae el Presupuesto para financiamientos comprometidos, como proyectos de ley en trámite y en estudio, iniciativas que pueden provocar aumentos de gasto de forma aleatoria, y el subtítulo 21 de personal, lo que involucra principalmente el reajuste a los funcionarios públicos.
Uno de los acuerdos entre las partes fue convocar a un equipo de técnicos de parte del Gobierno y del Legislativo para revisar las proyecciones de ingresos y de gasto para 2026. ¿La idea? Zanjar el debate técnico respecto de si los ingresos proyectados para el sector públicos están sobreestimados y si las presiones de gasto fiscal están o no subdimensionadas, ambas tesis que han desplegado Chile Vamos para justificar el rechazo del erario en la mixta.
La idea es que este equipo, donde participarán contrapartes de Hacienda y la Dipres, trabajen entre hoy martes y mañana miércoles, para que así el jueves Grau y los parlamentarios vuelvan a reunirse para abordar la posibilidad de un acuerdo.
Los pasos del diálogo
Partir las conversaciones con la Cámara Alta no es casual. Más bien, es parte de la estrategia del titular de Hacienda de explorar un acuerdo en la corporación donde ha tenido un mayor éxito. Por ejemplo, se recuerda que fue en el Senado donde se logró desenredar la tramitación de la ley de permisos sectoriales, con un protagonista inesperado: el senador exRepublicanos Rojo Edwards.
En el Gobierno recalcan que la ausencia del Partido Republicano en el Senado haría más fácil comenzar a pavimentar una negociación, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde la tienda del candidato presidencial José Antonio Kast tiene una bancada amplia, lo que dificultaría llegar a un consenso.
Pero aquello no significa bajo ningún caso que el ministro se “salte” a los diputados, a quienes deberá solicitar los votos a partir del mismo 17 de noviembre en una votación que se anticipa larga y tensa.
Porque luego de la reunión con los senadores de oposición, Grau realizará lo mismo -esta semana- con los jefes de bancadas de partido oficialistas y de oposición en la Corporación, para recoger inquietudes y ver espacios de consenso.
Demandas oficialistas
En el marco del comité político ampliado este lunes en La Moneda, Grau expuso la situación del Presupuesto ante algunos timoneles del oficialismo, como Constanza Martínez del Frente Amplio, Jaime Quintana del PPD y Camilo Escalona en representación del Partido Socialista.
Tras la reunión, Quintana reconoció que “hemos hablado con el ministro Grau, creo que hay que tener más flexibilidad y también hay que tener un sentido de realismo y necesidad”, y puso de ejemplo la situación en vivienda para destinar mayores recursos, “porque en materia habitacional se requiere buscar una expansión un tanto mayor de la que hasta el momento se ha planteado. Por lo mismo, el Gobierno debe escuchar a todos los sectores y desde luego a su sector de apoyo”.
En tanto, Escalona sostuvo que hay voluntad del Ejecutivo para perfeccionar algunos temas en el marco de la discusión presupuestaria, pero hasta ahora “no hay señales” de por dónde se puede subir o bajar alguna partida.
Los cinco nudos
Si bien las conversaciones están recién iniciando, hay a lo menos cinco tópicos que marcaron el debate durante la acotada duración de la comisión mixta.
Las asignaciones de los exPresidentes han sido foco de debate debido a que el Presidente Gabriel Boric pasaría a recibir ese monto a partir del próximo 12 de marzo. La mixta mantuvo las dietas a los exjefes de Estado, por sobre los $ 7,3 millones, pero rechazó las asignaciones, por sobre los $ 10,3 millones por exmandatario, con los que se pagan arriendos de oficinas, viajes y personal, entre otros. La oposición busca que ese monto se pague desde los 65 años.
Los recortes a los programas sociales también están en la lupa de la oposición, en especial la rebaja del total de beneficiarios del programa DS 49 de subsidios a la vivienda, desde 50 mil a 25 mil.
El crecimiento de la Contraloría no es considerado suficiente por Chile Vamos. El erario contempla un alza de recursos por 1,5% para el ente de control, en circunstancias de que la titular Dorothy Pérez pidió al Ejecutivo un reajuste de 8,5%.
La glosa republicana ha sido probablemente el principal foco de conflicto, ya que el Gobierno reemplazó este fondo de libre disposición que hereda a la nueva administración por una facultad de reasignar el Presupuesto en hasta un 1% del gasto en los primeros seis meses de gestión. La glosa en 2022 ascendió a algo más de US$ 700 millones. Tanto oficialismo como oposición presionan a Grau para reponer ese fondo, pero el ministro ha sentenciado que para hacerlo deben identificarse de dónde sacar los recursos, ya que solo hay espacio para reasignaciones desde distintas partidas para engrosar una eventual “glosa 2.0”.
El reajuste del sector público fue también otro de los momentos de máxima tensión, ya que la oposición presionó a Grau para que explicitara el monto que se provisionó para entregar un alza salarial a los funcionarios públicos. La polémica nace porque el Presupuesto congela el monto nominal del denominado artículo 21, que son los gastos en personal. Aquello fue interpretado como que no habría negociación salarial, lo que fue desmentido por Grau, quien dijo que habrá conversaciones y que el monto total de la masa salarial del Estado se mantendría porque por cada tres funcionarios que se acogieran a retiro en 2026, sería reemplazado con uno, lo que daría espacio a alzas de salarios. La oposición pidió a Grau ponerle número a esa promesa, pero se negó rotundamente en varias ocasiones.
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