En el marco de la ronda de conversaciones que ha encabezado el futuro ministro de Hacienda del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, este lunes el economista y su equipo arribaron hasta la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para recibir una propuesta para destrabar permisos para proyectos de inversión.
Pero hubo otro tema que cruzó la discusión: el sinceramiento de parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de que en 2025 nuevamente se incumplirá la meta de déficit estructural, lo que implicaría un tercer año consecutivo en que no se alcanza el objetivo.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, lamentó el hecho: "Ha habido una sucesiva sobreestimación de los ingresos que ha llevado a gastar más de lo que ingresa a las arcas fiscales. Eso redunda en continuos déficit fiscales, incluso por sobre lo que han proyectado las propias autoridades y una deuda pública creciente. Eso tiene un impacto en los mercados de capitales y finalmente en las personas", señaló.
Si bien Quiroz abandonó el encuentro sin entregar declaraciones, quien sí enfrentó los micrófonos fue el asesor del próximo ministro de Hacienda y quien suena como parte del equipo de Teatinos 120 desde el próximo 11 de marzo, Tomás Bunster.
Tomás Bunster desestimó la posibilidad de ahorrar los ingresos adicionales que percibirá el Fisco por el alto precio del cobre, señalando que primero debe existir superávit fiscal.
Bunster fue especialmente crítico respecto del estado de las finanzas públicas y lamentó el tercer incumplimiento seguido de la meta de balance estructural.
“La verdad ya no es una sorpresa. El Gobierno -y lo venimos diciendo hace mucho tiempo- era absolutamente previsible que se iba a incumplir la meta fiscal de este año”, dijo el ingeniero.
Y agregó: “Es la tercera vez consecutiva que lo hace el Gobierno y que más ha incumplido sus propias metas fiscales autoimpuestas. Una vez más, la situación fiscal- como ya lo venimos señalando desde hace meses, está muy apretada para el próximo año y para los años que vienen, y eso ha sido una exigencia mayor en el cuidado y en la austeridad”.
¿Ahorrar los excedentes del cobre?
El diagnóstico se da en un contexto marcado por el repunte del precio del cobre, que lo ha llevado a máximos históricos sobre US$6 la libra, sorprendiendo a buena parte del mercado y reabriendo el debate sobre el uso de esos mayores ingresos fiscales en un escenario de ajuste.
Al respecto, el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Sebastián Izquierdo, señaló en entrevista con Diario Financiero este lunes que el alza del cobre "no genera espacio para un mayor gasto, pero sí representa una oportunidad para ahorrar".
Una visión que, sin embargo, Bunster matizó, enfatizando que las actuales condiciones fiscales no permiten ese margen: “Primero, para tener ahorro hay que tener superávit”, sostuvo.
De acuerdo con las proyecciones contenidas en la Ley de Presupuestos vigente, para 2025 se anticipa un déficit efectivo de 1,5% del PIB y un déficit estructural de 1,1%.
En esa línea, Bunster insistió en que el superávit no se materializará bajo el escenario actual: “Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la proyección de ingresos está claramente sobreestimada. Hay amplio consenso de que la proyección de gastos también es una proyección irresponsable. Hay una serie de cosas que no están debidamente contempladas. Lo mismo está ocurriendo con la ley de reajuste. Entonces, para pensar en estar gastándose excedentes del cobre, primero hay que tener superávit. Y yo creo que no va a ser el caso”, explicó el ingeniero y quien suena como jefe de asesores de Hacienda o como director de Presupuestos del próximo Gobierno.
Ahora bien, dada la primera Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del año, realizada por el Banco Central y que espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda un 2,5% este año, Bunster respondió que "en algunos indicadores ya se ha visto un fuerte repunte, particularmente desde que se internalizó en el mercado la expectativa de que podría haber un Gobierno de cambio y no la continuidad. Y más aún cuando fue electo el Presidente José Antonio Kast".
Modificaciones en permisos
En la jornada, la CPC levantó y consolidó propuestas desde sus distintas ramas y gremios para destrabar los permisos sectoriales para proyectos de inversión. El documento -entregado al equipo económico encabezado por Quiroz- apunta, en términos simples, a regular mejor sin bajar los estándares ambientales.
Del total de permisos analizados, el 96% se mantiene o se transforma, mientras que se propone eliminar solo un 4%, al tratarse de trámites que duplican controles, no gestionan riesgos reales o responden a normativas obsoletas.
"Un proyecto que ya fue evaluado en algún servicio debe solicitar una autorización sanitaria posterior que revisa los mismos aspectos ya aprobados, sin agregar nuevos criterios técnicos" ejemplifica el informe.
En concreto, de los 382 permisos estudiados, cerca del 45% podría operar bajo mecanismos más ágiles bajo el nombre de "tecnicas habilitantes alternativas (TAH)" como declaraciones juradas o avisos, varios de ellos coincidentes con los que el propio Ejecutivo ya había identificado como susceptibles de simplificación.
A su vez, la CPC identificó como parte de la lentitud de los permisos una obsolescencia normativa o técnica: permisos vinculados a normas ya derogadas, o a tecnologías y procesos hoy inexistentes, siguen trabando procesos productivos que actualmente han sido reemplazados por soluciones más limpias o automatizadas.
Por esta razón, advierten la necesidad de un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de manera rápida, trazable y transparente, al mismo tiempo que libera capacidades del Estado para concentrarse en una fiscalización más efectiva, en lugar de destinar meses a la revisión documental.
“Son trámites que tienen requisitos objetivos y verificables en varios casos presentan bajo o acotado riesgo regulatorio”, detallan.
La propuesta, sin embargo, establece una distinción clara: los permisos asociados a riesgos ambientales, sanitarios o de seguridad relevantes se mantienen sin modificaciones, ya que requieren una evaluación previa caso a caso. En total, 196 permisos no serían objeto de cambios, precisamente por su impacto regulatorio. El foco está en separar aquello que exige control riguroso de lo que hoy opera únicamente como burocracia o como el propio Jorge Quiroz describe como "maraña regulatoria".
Este es un paso que, según el gremio, resulta clave para una "mayor certeza jurídica, menores plazos de tramitación, menos discrecionalidad y un Estado más enfocado en resultados. Eso es clave para recuperar inversión, crecimiento y empleo, sin rebajar estándares".
Negociación multinivel
Tras la cita, Jiménez volvió a criticar la propuesta de negociación colectiva multinivel que el Ejecutivo ingresó a trámite en el Congreso este lunes.
“Creemos que la negociación ramal no es un instrumento que permita resolver los problemas que hoy día tiene el mercado laboral, donde se requiere con urgencia generar condiciones para aumentar la creación de empleo. Llevamos casi tres años con tasas de desempleo sobre el 8%. Tenemos una informalidad que no cede y hemos tenido durante los últimos años sucesivos aumentos en los costos de contratación. No necesito recordárselos, todos lo saben”.
A esas críticas se sumó Bunster, quien llamó a evitar decisiones apresuradas al cierre del mandato. “Yo creo que en la negociación ramal, pese a que es una iniciativa que estamos en desacuerdo, lo más importante es no hacer cosas apurados sobre el cierre y mejor tomárselo con la debida premura que exige”, concluyó.
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