A raíz de la polémica suscitada por la ausencia de un artículo relevante de la Ley de Pago a 30 Días, que permitía a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) demandar a las grandes empresas en caso de incumplimiento en la relación comercial, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), instruyó hoy que se realice una investigación administrativa para conocer a los responsables.
"Respecto al error que se ha detectado en la Ley de Pago a 30 días, quiero ser enfático en señalar que esto no es responsabilidad de los senadores o senadoras; es más, la materia excluida nunca fue parte del debate", explicó pasado el mediodía.
Según continuo explicando el parlamentario opositor, "todo indica que el problema se produjo en la elaboración de los informes técnicos". Y agregó: "Por tal motivo, con el propósito de conocer en detalle lo ocurrido, le he pedido al secretario general instruir una investigación administrativa", anunció.
A las palabras de Quintana se sumó la declaración oficial de la Biblioteca Nacional del Congreso, en la que dijo que "resulta razonable imputarle un error de esta naturaleza en este caso particular" a la instancia.
Lo anterior, en directa alusión a las declaraciones del titular de Economía, José Ramón Valente, quien apuntó a dicho organismo o secretaría del Senado como la fuente del error.
En círculos legales, se entiende que cuando una ley es aprobada por parte del Congreso, corresponde a la secretaría de la cámara donde se realizó el último trámite del proyecto enviar a la Secretaría General de la Presidencia Oficio respectivo con lo visado por el Parlamento.
A partir de entonces, la Segpres prepara el decreto de promulgación del proyecto, entendiendo que esta instancia debería revisar que el oficio esté de acuerdo con lo aprobado en la sala.
Luego, corresponde el envío del texto a los ministerios sectoriales para su firma para su revisión previo a la firma de cada ministro y una vez devuelto es firmado por el Presidente.
En el caso de la ley de Pago a 30 días, dado lo anterior, primero lo vio la Secretaría del Senado; seguido de la división jurídica de la Segpres, del Ministerio de Economía, y del Ministerio de Hacienda, porque el proyecto fue firmado por José Ramón Valente y Felipe Larraín, además de la del Presidente de la República, que debe revisar la Segpres.
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