Las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo total para la desaforada diputada del Frente Amplio (FA) Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva, decretó este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Ello luego de una larga jornada de audiencia de formalización por tres delitos de fraude al Fisco.
La jueza Claudia Campusano dijo que existen pruebas que demostrarían que Pérez tenía conocimiento de que se estaba realizando el convenio por alrededor de $ 400 millones con la fundación, encabezada por su entonces pareja Daniel Andrade; pese a ello optó por una medida cautelar menos drástica que la solicitada por la Fiscalía, que había pedido prisión preventiva.
Según la magistrada, existen antecedentes que confirmarían la participación de Catalina Pérez como autora o cómplice en el caso Democracia Viva y que las pruebas presentadas por el Ministerio Público dan cuenta de que la desaforada legisladora “está dispuesta a falsear mucha información”. Y se dio un plazo de 45 días para el cierre de la investigación.
Luego de conocer las medidas cautelares, la defensa de Pérez, el abogado Gonzalo Medina, se mostró satisfecho porque el tribunal haya descartado la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. “Seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez en los hechos como hemos hecho desde el comienzo. Seguiremos con ello. Creemos que no están los antecedentes suficientes para llegar a una condena contra Catalina Pérez” enfatizó el abogado.
Mientras que la propia acusada, quien fue considerada por la jueza como “un peligro para la seguridad de la sociedad”, fijó domicilio para cumplir la medida cautelar en la Región Metropolitana.
UDI anuncia Comisión Investigadora
Mientras tanto, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, anunció que la bancada solicitará la creación de una Comisión Investigadora 2.0 por el caso ProCultura, misma que estará enfocada en un eventual financiamiento irregular de las campañas políticas.
Ello, “considerando el excesivo e inusual incremento que registró la fundación durante la actual administración, pasando de recibir alrededor de $316 millones el año 2021 a casi $3.200 millones en 2022, durante el primer año de gobierno, lo que hizo aumentar las sospechas del Ministerio Público ante la posible existencia de un fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida”
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