El nuevo panorama que mostró la Casen 2024, con un 17,7% de la población que vive bajo la línea de pobreza por ingresos, se ajusta a lo que ve el director ejecutivo de Techo, Gonzalo Rodríguez en el país.
El ingeniero civil sostiene que las carencias de hoy son diferentes a aquellas de los años ‘90, cuando eran visibles, duras y crudas. Mientras que las condiciones materiales mejoraron, hoy sostiene que la pobreza es informalidad.
“Las personas que viven en pobreza tienen poca seguridad de la tenencia de su casa, de su terreno, como lo vemos en los campamentos. No tienen empleos formales y, por lo tanto, no tienen la protección social que eso implica”, cuenta.
A esto agrega que las personas que viven en los barrios más pobres de Chile son las que sufren en primera persona los problemas de seguridad: “Se tienen que encerrar a las siete de la tarde en sus casas, no pueden usar los espacios comunes”.
“En el 10% más vulnerable los aportes del Estado han crecido tres veces y sus ingresos han bajado a la mitad. Eso habla de la informalidad en la que viven las familias que están en pobreza”.
- La Casen evidenció que el 10% más vulnerable vive principalmente con subsidios. ¿Cómo ven ustedes a ese grupo de la población?
- Ha habido una falta de focalización en los grupos más vulnerables. Nosotros lo vemos en la política habitacional, no está llegando al 20% más vulnerable.
La meta del programa de emergencia habitacional a nivel general se cumple, y es muy probable que el Gobierno entregue 260 mil soluciones de aquí a marzo, pero en campamentos -donde la meta era 40.000-, se han entregado poco más de 10.000 soluciones.
En el 10% más vulnerable los aportes del Estado han crecido tres veces y sus ingresos han bajado a la mitad. Eso habla de la informalidad en la que viven las familias que están en pobreza. La pobreza no se termina si no combatimos la informalidad.
- ¿Por qué cree que se da esta falta de focalización en el tema vivienda?
- En general, Chile toma el 40% más vulnerable y nosotros vemos en el territorio que ese 40% vulnerable es muy diverso. Y ahí hay que segmentar o en deciles o en quintiles, que nos permitan priorizar mejor; además de darle una mirada al Registro Social de Hogares (RSH), que es la información que caracteriza un hogar, que permite priorizar, porque sabemos que tiene muchas falencias y que no necesariamente ayuda a categorizar a los hogares según su vulnerabilidad. Hay un llamado al próximo Gobierno de que lo primero que tenemos que hacer para trabajar con buena data es revisar ese diagnóstico del RSH.
- La Casen también indica que uno de cada cuatro niños vive bajo la línea de pobreza por ingresos
- Es durísimo, porque nosotros también en campamento tenemos la misma cifra, donde el 24% de las familias son niños, versus el 17% que es la proporción país. El futuro de Chile está en los campamentos, o sea, están naciendo más niños que en otros lugares, las familias que hoy viven en pobreza tienen más niños y son el Chile de los próximos 20, 30 o 40 años. Y esos niños crecen con sus derechos vulnerados.
“El Estado no está en los campamentos”
-¿Cree que un recorte de US$ 6 mil millones puede afectar las políticas públicas? Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social dijo que era cuatro veces el presupuesto que tiene el Ministerio
- Es el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Pero también hemos visto cómo el nuevo Gobierno se ha planteado una meta ambiciosa de construir al menos 100 mil o más viviendas al año, que son más de lo que veníamos construyendo. No sabemos todavía cómo se va a hacer. Construir esa cantidad de viviendas requiere no solo recursos del Estado, sino que recursos de los privados y aporte de las familias.
Pensar que el Estado va a resolver esto solo, es imposible en este contexto.
- ¿Es positivo que el Gobierno entrante se ponga una meta de viviendas?
- Sí, la meta ayuda a movilizar. Nos pone una ambición, nos mueve como país, pero también es importante que esa meta se desagregue. ¿Qué pasó en la administración que está terminando, con una meta de 260 mil, que lo valoramos? Fue bueno y ayudó, pero no le llegó a los más vulnerables.
Entonces, la meta de 400 mil o 500 mil viviendas en los próximos cuatro años, también nos interesa saber cuántas soluciones van a ser para familias de campamentos, que es un lugar donde hay mucha pobreza. No se puede dejar a los campamentos fuera de la mitad de viviendas de nuevo.
El Presidente electo le llama a su administración el Gobierno de emergencia. Sería inentendible que en un Gobierno de emergencia, la emergencia habitacional no juegue un rol fundamental.
- Y de cara a las tomas y desalojos, ¿qué desafíos advierte para el nuevo Gobierno?
- De entender mejor la realidad de los campamentos. Nosotros aportamos mucho diagnóstico, tenemos nuestro catastro, hacemos estudios todo el tiempo. Pero hoy las 120.000 familias que viven en campamentos son muy diversas, hay algunas personas que pueden acceder a la política habitacional tradicional, otras que no; hay que pensar en elementos más de transitoriedad.
La única forma de entender bien quiénes viven en campamentos es estando ahí.
El Estado no está en los campamentos y es difícil que pueda abordar esa solución. Y todos sabemos que cuando el Estado no está, ocurren cosas como negocios ilícitos, enriquecimiento ilícito, loteos irregulares, donde son unos pocos que quieren hacer negocios y los grandes afectados en las familias vulnerables que terminan pagándole a ellos y no al sistema regular.
- ¿Y cómo ven los desalojos hacia adelante?
- Con mucha preocupación. Desde Techo hemos visto que el desalojo no resuelve el problema, sino que lo desplaza a otros lugares, a otros campamentos, a vivir hacinados. También sabemos que el desalojo, en algunas ocasiones, tiene que ocurrir (...) y cuando tiene que ocurrir, hay que trabajar con mucha anticipación para reubicar esas familias en otros lugares.
De los 1.428 campamentos que hoy existen, más de 400, tienen algún tipo de amenaza de desalojo; y eso es inviable.
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Amanda Santillán
