La ingeniera comercial Jeannette von Wolfersdorff, con destacada trayectoria en el ámbito de políticas públicas sobre transparencia fiscal, fue parte de la comisión asesora presidencial que presentó 46 medidas para mejorar la relación entre el Estado y fundaciones y corporaciones, grupo que fue creado a raíz del caso Convenios. Junto con destacar algunas de las propuestas, Von Wolfersdorff llama a mejorar el estándar de transparencia en forma permanente.
Quien estuvo además en el origen de la creación del Observatorio Fiscal recuerda que en estos 45 días de trabajo los cinco integrantes constataron que ya había múltiples sugerencias para atender los problemas que han conmocionado a la opinión pública.
“El registro debe ser con estándar OCDE, para personas jurídicas que reciban o no fondos del Estado y de acceso abierto para tener la utilidad que ameritan los datos que contiene”.
“Eso -dice- debería darnos pie a repensar cómo hacer continuas reformas al Estado (...) y si la democracia no es capaz de abordarlas a tiempo, deberíamos repensar la institucionalidad también para dar contrapesos adecuados y técnicos para empujarlas”.
"Hay reformas, como al empleo público, que están décadas atrasadas y podemos cuidar mejor nuestra democracia si abordamos las reformas a tiempo y no solo en el contexto de crisis”, advierte.
- ¿Por qué ahora se podrían implementar esos cambios?
- Al recibir el informe, el Presidente destacó la voluntad del Ejecutivo y se comprometió a implementar ojalá lo que se recomendó y, en este sentido, quiero valorar la disposición del Ejecutivo de asumir que las propuestas son sistémicas. No solo se refieren a una ley de transparencia o de registro para instituciones sin fines de lucro, tiene que ver también con aspectos presupuestarios, de contabilidad, el registro de beneficiarios finales abordará todas las personas jurídicas en el país, no solo las entidades sin fines de lucro.
Nosotros hacemos propuestas sistémicas y espero que el Ejecutivo lo promueva y el Congreso lo acoja bien, sabiendo la dificultad que hemos tenido en el país para encontrar acuerdos en temas sistémicos. Pero aquí, tratándose de probidad también espero que los actores en el Congreso, estén con buena disposición frente a estas reformas planteadas en forma transversal y con carácter técnico, pensando en las próximas décadas.
- ¿Qué destacaría del registro de beneficiarios finales?
- Que se trata de un registro de beneficiarios finales con un estándar OCDE, esto lo hemos trabajado por años y espero que ahora haya apoyo a raíz del caso convenios para presentar un buen proyecto, porque el proyecto del año pasado -presentado en el marco de la reforma tributaria- no era acorde a las recomendaciones de la OCDE, con la adecuada calidad y acceso a la información.
Ahora, espero que el registro sea útil y contribuya a combatir la corrupción y el lavado de activos. En lo personal, junto con reformas contables y de auditoría financiera, es de los aspectos que más quisiera destacar. Sólo al tener estos registros, con alguien que fiscalice y establezca sanciones, podremos evitar conflictos de interés entre el Estado y entidades sin fines de lucro que reciben recursos.
Por otro lado, estas entidades sin fines de lucro igual subcontratan a personas con fines de lucro que pueden tener relación con personas del Estado. No puede ser un registro solo para los que reciben recursos del Estado, debe ser para personas jurídicas que reciban o no fondos del Estado y de acceso abierto para tener la utilidad que ameritan los datos que contiene.
Más competencia
- ¿Qué lecciones se sacan de los casos conocidos de posible corrupción con dineros públicos?
- Quisiera destacar que nuestro país es una economía de mercado, en la cual se entiende que el Estado tiene un rol de cuidar el mercado, pero también los fondos públicos, y nosotros vemos que varias transferencias han ido restringiendo este concepto en el sentido de establecer que solo las personas jurídicas sin fines de lucro pueden ejecutar ciertos fondos, o ser colaborador en el sentido de ser proveedor a la hora de ejecutar programas públicos.
Pero las transferencias son el mecanismo para financiar programas públicos para la ciudadanía y ahí uno no habla de proveedores, sino de colaboradores, pero al final se trata de entidades, personas jurídicas, que toman un rol en la oferta programática del Estado frente al país y ahí vemos que se ha ido restringiendo la competencia sin que exista una justificación. Esto no es acorde al principio de economía de mercado.
- ¿Y hubo alguna sugerencia?
- Por eso recomendamos que la FNE (Fiscalía Nacional Económica) hiciera un estudio de mercado sobre la competencia a la hora de presentarse para ser colaborador con el Estado y que se desarrolle una guía para reforzar el principio de competencia que debe haber a la hora de ejecutar fondos públicos desde el sector privado. Esto es muy importante dado que el caso Convenios mostró que una entidad sin lucro puede tener tanto lucro como una entidad con lucro; y que lo importante es desde el Estado regular bien que se haga lo que se dice que se va a hacer y que ojalá haya un máximo de oferta para competir por los fondos públicos.
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