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REGÍSTRATE AQUÍEl proyecto avanza sigilosamente pero a paso firme. Los promotores de la iniciativa plantean que la relación con la subsecretaría del ramo ha sido de “mucha conflictividad”.
Por: Claudia Rivas A.
Publicado: Viernes 5 de abril de 2019 a las 04:00 hrs.
En enero del año 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, debutaba con bombos y platillos la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía. Inmediatamente comenzó una difícil relación con un organismo mucho más antiguo del ámbito turístico: el Servicio Nacional de Turismo, nacido por el año 1975.
Consciente de este problema, el gobierno tomó una decisión: en diciembre pasado ingresó una indicación al proyecto que modifica la Ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, eliminando el Sernatur.
Este proyecto ingresó al Congreso en noviembre de 2013, en las postrimerías del primer mandato de Piñera y casi no avanzó durante el segundo de Michelle Bachelet. Pero el 21 de diciembre del año pasado, perdida en un paquete de 159 indicaciones que ingresó el Ejecutivo, se selló el destino del organismo actualmente a cargo de Andrea Wolleter Eyheramendy.

La iniciativa está en segundo trámite en la Comisión de Economía del Senado y, según relatan algunos de los protagonistas, desde la propia comisión surgió la inquietud de generar una fórmula para terminar con el anclaje, que aparentemente resulta en desmedro de la subsecretaría, ya que los recursos están en el Sernatur.
Quienes se oponen a la iniciativa argumentan que va en el sentido contrario de lo que han sido las políticas públicas estos últimos años. Sin embargo, los que la apoyan justamente lo hacen porque estiman que es necesario terminar, entre otras cosas, con la duplicidad de funciones que hace más difícil la relación entre la subsecretaría y Sernatur.
El senador Rodrigo Galilea (RN) explica que fueron los propios integrantes de la Comisión de Economía quienes le sugirieron al Ejecutivo hacer este cambio institucional, por lo que trabajaron “conjuntamente” el tema con el ministerio, porque “no venía en el proyecto original”. La idea tiene su origen en que “ya hay una historia larga de desencuentros entre la Subsecretaría de Turismo y Sernatur” y todos los recursos en general están en el segundo, mientras que la planificación está a cargo de la primera, lo que “había llevado a mucha conflictividad entre la persona que ejercía el cargo de subsecretario y la que ejercía el cargo de director del Sernatur”. Ese esquema de organización “no estaba dando buen resultado”.
Los senadores le hicieron ver al ministro José Ramón Valente y a la subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquett que el momento de hacer los cambios a la institucionalidad de turismo era éste, en el marco de la tramitación de la actual iniciativa. Lo que no significará despidos, porque una de las condiciones acordadas con el Ejecutivo es que la subsecretaría absorberá a los funcionarios de Sernatur.
Otro de los promotores de esta idea es el senador Felipe Harboe, quien la defiende a toda costa. Si bien admite que desde hace un tiempo los diferentes gobiernos han ido separando la función de dictar políticas de la función ejecutiva, a su juicio “se ha creado más burocracia y, lamentablemente, la experiencia ha sido bastante mala”. Lo que ejemplifica con los fallidos casos del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte; el Ministerio de la Mujer y el Sernam, entre otros.
Por lo mismo plantea que "lo que corresponde es eliminar burocracia, hacer mucho más eficiente el Estado y habría que volver a fusionar otros servicios públicos también para efectos de que haya una sola institución". En este sentido, subraya que sería positivo para el país y sus políticas de promoción del turismo que este proyecto se apruebe.
Las operaciones inaugurales en la Bolsa de Productos promediaron de $ 1.854 millones cada una. Fueron intermediadas por la corredora Banglobal y totalizaron 77 títulos.
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
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